Si vives de alquiler, no te olvides del ITP

Desde hace mucho tiempo, quien vive de alquiler (es decir, quien es arrendatario o arrendataria de su vivienda) ha tenido que pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP o TPO, que es la modalidad del tributo que grava los arrendamientos). Lo que pasa es que casi nadie lo pagaba y la Administración no lo exigía. como anécdota personal, diré que una vez pregunté en una clase de tercero de grado y a NADIE le sonaba este tributo (y eso que buena parte de mis estudiantes vivían en Sevilla en pisos alquilados).

El impuesto está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993 pero, aunque la norma es del Estado central, su recaudación y gestión está cedida a las Comunidades Autónomas, que además tienen ciertas competencias normativas.

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha empezado una campaña para exigir este impuesto, y también Cataluña, Asturias, Andalucía y Galicia también han incluido la reclamación del tributo en sus planes de control tributario desde 2015. ¿Por qué ahora? Imagino que porque crece la proporción de personas que viven de alquiler y porque, aunque se trate de poco dinero, a las arcas autonómicas no le viene mal. Además, el cruce de datos con otras Administraciones es un trámite relativamente simple, ahora a disposición de las autoridades tributarias, que permite detectar muchos de estos alquileres sin declarar.

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“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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¿Pueden las candidaturas de confluencia tener grupo parlamentario propio?

De nuevo, a inicios de legislatura, hay debate sobre quién puede y quién no puede formar grupo parlamentario. En el post de la legislatura pasada ya explicaba por qué es tan importante tener grupo propio: da dinero, da visibilidad (por ejemplo, en los debates hay un turno de palabra por grupo parlamentario), da poder.

Este año, el problema que nos encontramos es si, de manera independiente a Podemos [y a IU, deberíamos añadir] pueden crearse tres grupos parlamentarios para cada una de las confluencias en Galicia –En Marea (Podemos-En Marea-Anova-EU)-, Cataluña. –En Comú Podem (Podem Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo y Barcelona en Comú)– y Comunidad Valenciana –Compromís-Podemos-És el moment-.

La clave es el artículo 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) vigente, que se introdujo en el Reglamento del Congreso de 1982 y, precisamente, obligó al PSOE a integrar en un único grupo parlamentario los tres que tenía durante la legislatura 1979-1982 (uno “general”, uno vasco y otro catalán).

El 23.2 RCD comienza diciendo que “[e]n ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido”. ¿Esto significa, por ejemplo, que diputados que pertenezcan a Podemos o a Izquierda Unida y se hayan presentado en alguna de las candidaturas de confluencia tendrían que formar parte del grupo parlamentario de Podemos o de IU-UP [que realmente se quedará en el grupo mixto]?

Si interpretamos que este artículo se aplica a los componentes individuales de cada coalición electoral, el resultado sería obligar a dividir la coalición, algo que creo que no tiene mucho sentido (restaría a la coalición electoral cualquier efecto una vez constituido el Parlamento). Por tanto, donde el 23.2 RCD dice “mismo partido” debemos entender incluida la expresión “misma coalición” (o cualquier otra forma de concurrir a las elecciones). Por tanto, es la coalición la que no podría dividirse (sus diputados “[no] pueden constituir Grupo Parlamento separado”). En principio, los diputados de En Marea, en Comú Podem y de Compromís-Podemos-És el moment tiemen que quedarse juntitos.

Como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 64/2002), “Esta prohibición se introdujo en el año 1982, durante las discusiones del Proyecto de Reforma del Reglamento Provisional, con el propósito claro y definido de evitar que un mismo partido se fraccionase en la Cámara en varios Grupos Parlamentarios” -como hizo el PSOE hasta 1982-. El caso que enfrentamos ahora en 2015 no es comparable, porque las candidaturas de convergencia no son Podemos.

Pero el 23.2 RCD continúa diciendo: “Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”.

Y, claro, a ver cómo interpretamos esto.

Las candidaturas de confluencia incluyen partidos políticos que sí se han enfrentado ante el electorado. IU y Podemos son un ejemplo. Si interpretamos que basta haberse enfrentado en alguna circunscripción electoral, se cumple el requisito para formar grupo parlamentario separado.

Podemos interpretar que no pueden formar grupo parlamentario separado aquellos diputados que no se han enfrentado porque no han competido en la provincia [que es la circunscripción electoral] por la que han sido elegidos. Pero claro, técnicamente, PNV, ERC y Coalición Canaria -por ejemplo- no se han enfrentado ante el electorado. No han tenido que competir entre sí por el voto. Y a nadie se le ocurre considerar que estos tres partidos están obligados a formar un único grupo parlamentario.

Volvamos a la STC 64/2002 entonces, que nos dice: “Esta prohibición está pensada para el caso de diversas fuerzas políticas que hubieran presentado en coalición una sola candidatura o para el caso de miembros de una determinada fuerza política que, a falta de lista propia, se hubieran presentado en las listas de otro partido”. Es decir: esta prohibición está pensada para impedir que, por ejemplo, los diversos partidos que forman cada candidatura de unidad formen parte de grupos parlamentarios diferentes: o se van todos a un mismo grupo parlamentario (probablemente el de Podemos, o eso pretende la mayoría del Congreso) o, si entendemos que es posible, se quedan todos juntos en un único grupo parlamentario (bueno, en tres, realmente: los tres grupos territoriales que se pretenden crear).

Y eso no es incompatible con la interpretación de la norma que realiza el TC y recoge os en el párrafo anterior: lo que prohíbe la segunda parte del 23.2 RCD es que una candidatura de confluencia se escinda en grupos parlamentarios diferentes. Del mismo modo que (en el primer inciso del 23.2 RCD) se prohíbe que un único partido forme grupos parlamentarios diferentes.

Se podría decir que si todos los de Podemos deben estar juntos y todos los diputados de las candidaturas tienen que estar juntos, los 69 diputados de Podemos + candidaturas de confluencia deben estar juntos. Pero dice también la STC 64/2002 que “el único supuesto que la mencionada norma ha querido prohibir es el de la fragmentación de un partido político en distintos Grupos Parlamentarios, constituidos todos ellos por Diputados de un mismo partido“. Esto no significa, ojo, que no pueda haber diputados de un mismo partido en diversos grupos parlamentarios: “Que un Diputado pueda integrarse en un Grupo Parlamentario constituido con Diputados elegidos en listas de otro u otros partidos distintos de aquel en cuya lista él hubiera sido elegido es algo que está expresamente admitido por los arts. 23.1 y 27.1 RCD”, siempre según la STC 64/2002. Lo que se prohíbe, en conclusión, es que un grupo homogéneo se divida en varios que lo sigan siendo, para obtener de manera artificiosa más recursos, visibilidad y poder. Pero Podemos y las candidaturas de confluencia no son, ni mucho menos, entes homogéneos.

Si has llegado hasta aquí y has entendido algo, enhorabuena. De todas formas, no te preocupes: la Mesa del Congreso, como siempre ha pasado, interpretará el Reglamento como le dé la gana.


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Y ahora pasemos a publicidad: “Hacienda somos todos”

La frase es demoledora: nada menos que una Abogada del Estado ha calificado de “publicitaria” la frase “Hacienda somos todos”.

ignoro si esta persona recuerda más o menos lo que dice la Constitución, pero el artículo 31.1 dice que TODOS contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución, nada menos. Increíble, verdad. Uau.

La Sagrada Constitución.

Tal vez sin querer decirlo, la Abogada del Estado ha dicho que el artículo 31 de la Constitución, donde custodiamos todos los principios de justicia tributaria, es un lema publicitario. Que todos esos derechos que la Constitución nos reconoce y que son papel mojado son un reclamo publicitario.

Porque la Constitución había que vendérnosla de alguna manera, esa monarquía y ese que todo cambie para que nadie cambie y esa unidad de España y recientemente ese artículo 135 que nos dice que hay que pagar la hipoteca antes que comer.

¿Cómo se vende eso? Con un poquito de publicidad. Hacienda somos todos. Todos somos iguales ante la ley. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Propaganda. Pura propaganda para que comprásemos un producto defectuoso llamado Transición, llamado Régimen del 78.

Cuando se trata de salvar su propio pellejo, los que siempre tuvieron el poder dejan ver la realidad por detras de sus máscaras y su teatro.

Sí, “Hacienda somos todos” es publicidad. Es propaganda. Miradlo bien, el Rey está desnudo.


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Una “guerra” de independencia: la AIReF contra Cristóbal Montoro

El 12 de noviembre de 2015 muchos en Twitter (y seguramente fuera de él) nos sorprendimos al conocer la noticia de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentaría un recurso ante la Audiencia Nacional contra una Orden del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro. El acuerdo de la AIReF incluía, como pintoresco segundo punto, pedir un aumento de sueldo para compensar la sobrecarga de trabajo; y de hecho el día siguiente (13 de noviembre) El Economista publicaba en portada que la AIReF adolece de una preocupante falta de medios (el titular era nada menos que “Montoro intenta asifixiar las cuentas de la Autoridad Fiscal”). Desde entonces, casi cada día hemos tenido noticias nuevas: Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido la Orden, señalando entre otras cosas que obtuvo el visto bueno del Consejo de Estado; y Montoro ha venido a decir que tiene cuestiones más importantes de las que preocuparse; se ha desvelado que la cúpula de la AIReF amenazó con dimitir si no obtenía más recursos para elevar la plantilla y pagarles una productividad salarial; y que pidió luego que por lo menos se permitiera gastar el dinero presupuestado para ese plus -y que no se autorizó- en contratar servicios informáticos, bases de datos especializadas -nueva negativa del Ministerio. La última, por ahora, es que el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, que también es presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes (RIFI) de la Unión Europea, ha pedido a la Comisión Europea (en nombre de la RIFI, no solo de la AIReF) que la normativa de la UE garantice una serie de condiciones mínimas de independencia para este tipo de autoridades.

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¿Qué podemos hacer con el IVA?

Falta menos de un mes para las elecciones del 20-D y se van conociendo diversos aspectos tributarios de los programas electorales. Como el IVA está armonizado (es decir, sus aspectos básicos se regulan en normas de Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente la Directiva 2006/112/CE) ante determinadas propuestas la primera pregunta es “¿pero Europa nos deja hacer eso?”. Y por eso estas líneas, para ver -fundamentalmente- cuál es el margen de acción que tenemos al hacer política tributaria con el IVA y para valorar algunas de las propuestas existentes. Sigue leyendo

En defensa del Impuesto sobre Sucesiones

Hace poco, el PP andaluz lanzó por Twitter (y supongo que por otras redes sociales) una campaña contra el Impuesto sobre Sucesiones con el hashtag #NoImpuestoSucesiones que llegó a ser, si no recuerdo mal, tercera tendencia en España. Rápidamente el hashtag se llenó de liberales defensores del Estado mínimo, algo que no debería sorprendernos. Como si no tuviera nada mejor que hacer, me dediqué parte de la tarde a debatir/discutir el tema, aunque tengo que reconocer que es difícil luchar contra razonamientos que tienen una clara raigambre emocional. Pasados algunos días, ya con la cabeza algo más fría, voy a resumir algunas ideas para defender, claro que sí, el Impuesto sobre Sucesiones. Y voy a hacerlo respondiendo a los argumentos más frecuentes que leí el otro día. Sigue leyendo