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¿Pueden las candidaturas de confluencia tener grupo parlamentario propio?

De nuevo, a inicios de legislatura, hay debate sobre quién puede y quién no puede formar grupo parlamentario. En el post de la legislatura pasada ya explicaba por qué es tan importante tener grupo propio: da dinero, da visibilidad (por ejemplo, en los debates hay un turno de palabra por grupo parlamentario), da poder.

Este año, el problema que nos encontramos es si, de manera independiente a Podemos [y a IU, deberíamos añadir] pueden crearse tres grupos parlamentarios para cada una de las confluencias en Galicia –En Marea (Podemos-En Marea-Anova-EU)-, Cataluña. –En Comú Podem (Podem Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo y Barcelona en Comú)– y Comunidad Valenciana –Compromís-Podemos-És el moment-.

La clave es el artículo 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) vigente, que se introdujo en el Reglamento del Congreso de 1982 y, precisamente, obligó al PSOE a integrar en un único grupo parlamentario los tres que tenía durante la legislatura 1979-1982 (uno “general”, uno vasco y otro catalán).

El 23.2 RCD comienza diciendo que “[e]n ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido”. ¿Esto significa, por ejemplo, que diputados que pertenezcan a Podemos o a Izquierda Unida y se hayan presentado en alguna de las candidaturas de confluencia tendrían que formar parte del grupo parlamentario de Podemos o de IU-UP [que realmente se quedará en el grupo mixto]?

Si interpretamos que este artículo se aplica a los componentes individuales de cada coalición electoral, el resultado sería obligar a dividir la coalición, algo que creo que no tiene mucho sentido (restaría a la coalición electoral cualquier efecto una vez constituido el Parlamento). Por tanto, donde el 23.2 RCD dice “mismo partido” debemos entender incluida la expresión “misma coalición” (o cualquier otra forma de concurrir a las elecciones). Por tanto, es la coalición la que no podría dividirse (sus diputados “[no] pueden constituir Grupo Parlamento separado”). En principio, los diputados de En Marea, en Comú Podem y de Compromís-Podemos-És el moment tiemen que quedarse juntitos.

Como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 64/2002), “Esta prohibición se introdujo en el año 1982, durante las discusiones del Proyecto de Reforma del Reglamento Provisional, con el propósito claro y definido de evitar que un mismo partido se fraccionase en la Cámara en varios Grupos Parlamentarios” -como hizo el PSOE hasta 1982-. El caso que enfrentamos ahora en 2015 no es comparable, porque las candidaturas de convergencia no son Podemos.

Pero el 23.2 RCD continúa diciendo: “Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”.

Y, claro, a ver cómo interpretamos esto.

Las candidaturas de confluencia incluyen partidos políticos que sí se han enfrentado ante el electorado. IU y Podemos son un ejemplo. Si interpretamos que basta haberse enfrentado en alguna circunscripción electoral, se cumple el requisito para formar grupo parlamentario separado.

Podemos interpretar que no pueden formar grupo parlamentario separado aquellos diputados que no se han enfrentado porque no han competido en la provincia [que es la circunscripción electoral] por la que han sido elegidos. Pero claro, técnicamente, PNV, ERC y Coalición Canaria -por ejemplo- no se han enfrentado ante el electorado. No han tenido que competir entre sí por el voto. Y a nadie se le ocurre considerar que estos tres partidos están obligados a formar un único grupo parlamentario.

Volvamos a la STC 64/2002 entonces, que nos dice: “Esta prohibición está pensada para el caso de diversas fuerzas políticas que hubieran presentado en coalición una sola candidatura o para el caso de miembros de una determinada fuerza política que, a falta de lista propia, se hubieran presentado en las listas de otro partido”. Es decir: esta prohibición está pensada para impedir que, por ejemplo, los diversos partidos que forman cada candidatura de unidad formen parte de grupos parlamentarios diferentes: o se van todos a un mismo grupo parlamentario (probablemente el de Podemos, o eso pretende la mayoría del Congreso) o, si entendemos que es posible, se quedan todos juntos en un único grupo parlamentario (bueno, en tres, realmente: los tres grupos territoriales que se pretenden crear).

Y eso no es incompatible con la interpretación de la norma que realiza el TC y recoge os en el párrafo anterior: lo que prohíbe la segunda parte del 23.2 RCD es que una candidatura de confluencia se escinda en grupos parlamentarios diferentes. Del mismo modo que (en el primer inciso del 23.2 RCD) se prohíbe que un único partido forme grupos parlamentarios diferentes.

Se podría decir que si todos los de Podemos deben estar juntos y todos los diputados de las candidaturas tienen que estar juntos, los 69 diputados de Podemos + candidaturas de confluencia deben estar juntos. Pero dice también la STC 64/2002 que “el único supuesto que la mencionada norma ha querido prohibir es el de la fragmentación de un partido político en distintos Grupos Parlamentarios, constituidos todos ellos por Diputados de un mismo partido“. Esto no significa, ojo, que no pueda haber diputados de un mismo partido en diversos grupos parlamentarios: “Que un Diputado pueda integrarse en un Grupo Parlamentario constituido con Diputados elegidos en listas de otro u otros partidos distintos de aquel en cuya lista él hubiera sido elegido es algo que está expresamente admitido por los arts. 23.1 y 27.1 RCD”, siempre según la STC 64/2002. Lo que se prohíbe, en conclusión, es que un grupo homogéneo se divida en varios que lo sigan siendo, para obtener de manera artificiosa más recursos, visibilidad y poder. Pero Podemos y las candidaturas de confluencia no son, ni mucho menos, entes homogéneos.

Si has llegado hasta aquí y has entendido algo, enhorabuena. De todas formas, no te preocupes: la Mesa del Congreso, como siempre ha pasado, interpretará el Reglamento como le dé la gana.


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¿Qué podemos hacer con el IVA?

Falta menos de un mes para las elecciones del 20-D y se van conociendo diversos aspectos tributarios de los programas electorales. Como el IVA está armonizado (es decir, sus aspectos básicos se regulan en normas de Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente la Directiva 2006/112/CE) ante determinadas propuestas la primera pregunta es “¿pero Europa nos deja hacer eso?”. Y por eso estas líneas, para ver -fundamentalmente- cuál es el margen de acción que tenemos al hacer política tributaria con el IVA y para valorar algunas de las propuestas existentes. Sigue leyendo

Los presupuestos de 2016 o el cuento de nunca acabar

Un gobierno que ha cometido barbaridades a mansalva en materia de producción normativa no iba a irse por la puerta pequeña: eso es evidente. El último regalo que va a dejarnos, probablemente, es una Ley de Presupuestos que está dando mucho de qué hablar. Vamos a ver los motivos. Sigue leyendo

¡Crowdfunding pa’ mi campaña!

No sé si es la nueva política o la crisis, pero los partidos están empezando a buscar otras formas de financiarse. Y una propuesta estrella es el crowdfunding, o microfinanciación colectiva si no os gustan los palabros (los palabros en inglés, claro, porque…). Mucha gente sabe que Podemos financió así su campaña para las europeas, pero también lo hicieron -o lo intentaron- Equo, Partido X, Podemos, Red o Vox (este último recaudó la friolera de, no os riáis, seis euros).

Supongo que todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding. Una persona lanza un proyecto, lo publicita por Internet y muchas personas envían aportaciones monetarias. Las aportaciones pueden tener diferente naturaleza, y en función de dicha naturaleza tendrá efectos diferentes ante Hacienda (y ya sabemos que el ojo de Saurón Montoro está vigilante). Sigue leyendo

La creación de grupos parlamentarios: UPyD y Amaiur

Tras las elecciones del 20-N, y a la espera de que se constituya el Congreso de los Diputados, asistimos a las negociaciones para formar grupo parlamentario. Aunque ahora nos interesamos más por la política, y comentamos la jugada, hay que empezar diciendo que esto no es nada nuevo. El “préstamo” de diputados y los recursos de los partidos ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la participación política han sido el pan nuestro de cada día cada cuatro años.

¿Por qué todos quieren formar Grupo Parlamentario? Porque, tal y como nos muestra el Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) ofrece ventajas obvias. Por una parte, materiales: el Congreso da a cada Grupo Parlamentario “locales y medios materiales suficientes”, además de financiación directa (una subvención con una cuantía fija, de unos 12.000 euros, más otra variable por diputado). Pero, además, hay una cuestión muy relevante de capacidad de acción. El grupo parlamentario es uno de los sujetos de la actividad parlamentaria. Por ejemplo, es el grupo parlamentario el que puede proponer la inclusión de un punto en el orden del día (art. 67. 4 RCD); el tiempo de debate es el mismo para cada grupo parlamentario (art. 89.1 RCD), de manera que la inclusión en el Grupo Mixto implica repartir el tiempo o renunciar a él; tienen capacidad para vetar determinadas enmiendas de transacción (art. 118.3 RCD, que es lo que hizo Llamazares para impedir que CIU negociase con PSOE y PP los términos de la enmienda constitucional); es mucho más fácil presentar proposiciones de Ley (art. 126 RCD); solicitar la tramitación de un Real Decreto-Ley como proyecto de Ley (151.4 RCD)… y más.

En relación a los requisitos para formar grupo parlamentario, la madre del cordero es el artículo 23.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y que afirma lo siguiente:

Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por 100 de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 por 100 de los emitidos en el conjunto de la Nación.

UPyD y Amaiur son dos ejemplos donde se cumple el requisito relativo a los escaños (UPyD tiene 5 y Amaiur, 7) pero existen dudas sobre el cumplimiento del otro de los supuestos (UPyD tiene el 4,69% de los votos nacionales; los diputados de Amaiur por Navarra tienen el 14,86%).

Así las cosas, un diputado del PP por León soltó el siguiente exabrupto: la interpretación del reglamento para UPyD debía ser flexible; pero no para Amaiur, porque “hasta que no se demuestre lo contrario”, son “un brazo político del terrorismo”. Lo quiero citar expresamente porque nunca está de más recordar que en nuestro Estado de Derecho la cosa funciona al revés, le pese a quien le pese: la inocencia se presume. Y porque creo que, en el fondo, es una idea que está presente en muchos de los que consideran que no se debe ayudar a Amaiur (el PNV tiene dos escaños menos, menos votos en términos absolutos, va a formar grupo parlamentario y nadie se queja).

UPyD no cumple los requisitos que se establecen. Ahí no hay mucho que discutir, pero sí algo que hacer: el préstamo de diputados. Foro Asturias ha ofrecido el suyo, de manera que se sumaría el 5% necesario de votos globales en todo el Estado; aunque parece que UPyD lo rechaza, y considera que el número de votos que ha obtenido es “aval suficiente”. Hay precedentes: ERC pudo formar grupo en 2004 aunque sus cuatro diputados por Barcelona (de un total de ocho) habían obtenido sólo el 14,09% de los sufragios en esa provincia, de manera que no alcanzaba el 15%. Con todo, en este caso se aplicó un criterio que no cabe aplicar: el de la media de los votos recibidos en las cuatro provincias catalanas (ya el criterio del 5% se exige como una media).

Con el Reglamento en la mano, la única opción de UPyD sería tomar prestado un diputado. Esta estrategia implica sumar los diputados de otros partidos que sean necesarios para cumplir los requisitos. Constituido el grupo parlamentario, esos diputados “prestados” se integrarían en el grupo que les correspondería. El artículo 26.2 RCD permite este trasiego, ya que un grupo parlamentario puede ver reducido su tamaño sin tener que disolverse necesariamente. Sólo se disolverá si se reduce a menos de la mitad del mínimo exigido (es decir, un grupo parlamentario tiene que tener más de dos diputados, si inicialmente tiene entre cinco y quince).

El préstamo es algo habitual. Coalición Canaria ha tenido grupo parlamentario propio, pese a no reunir el número mínimo de diputados, en tres legislaturas consecutivas: 1996 (gracias a dos prestados por el PP), 2000 (el PP prestó tres diputados) y 2004 (esta vez fue el PSOE quien prestó dos diputados). En 2008, BNG prestó dos diputados al grupo de ERC-IU. El problema es que UPyD es un partido centralista, mientras que casi todos los que podrían sumarle ese 0,31% que le falta son nacionalistas o regionalistas: Foro Asturias, Compromís-Q (Joan Baldoví, su diputado por Valencia, milita en el Bloc Nacionalista Valencià), CC, BNG, ERC… una opción es que un partido estatal, como PP, PSOE o IU, le preste un escaño. Ese escaño traería con sí el número de votos que haya recibido la lista por la que se presentó, aunque sería necesario (para cumplir con lo que se trasluce de la STC 64/2002, FJ 6º) que ninguno de los diputados de la circunscripción objeto de “préstamo” se hubiera integrado en su grupo parlamentario al momento de la constitución inicial.

Respecto a Amaiur, tiene siete diputados: uno por Álava (con el 19,11% de los votos), 3 por Guipúzcoa (34,81% de los votos), 2 por Vizcaya (19,21%) y 1 por Navarra (14,86%). Si se aplica el criterio que se aplicó a ERC en 2004 (media de los votos) se alcanzaría sin problema. Pero ni siquiera haría falta, si los diputados de Amaiur fueran un poco inteligentes. Sólo los seis diputados del País Vasco cumplen con los requisitos reglamentarios (5 escaños y 15% de votos) y podrían constituir grupo parlamentario, al que luego se uniría el diputado por Navarra, en virtud del artículo 27.1 RCD.

Esto es perfectamente posible porque el requisito del 15% se exige a los diputados que deseen formar grupo, no al partido político bajo cuyas siglas se hubieran presentado. Lo dice el Tribunal Constitucional, partiendo de “que la elección de los ciudadanos recae sobre personas determinadas”. Por tanto, el porcentaje previsto en el Reglamento “únicamente puede ser entendid[o] como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en aquellas circunscripciones en que hubieren concurrido a las elecciones y en las que figuran y han sido elegidos los Diputados que pretenden constituir Grupo Parlamentario” (STC 64/2002, FJ 5º).

También se ha afirmado la posibilidad de que Geroa Bai preste momentáneamente su escaño por Navarra a Amaiur para alcanzar el 15% también en esa provincia. Más posibilidades, siempre con un ojo en el Reglamento: ERC y BNG están estudiando reunir 15 diputados (que, realmente, es la forma “normal” de creación de un grupo parlamentario, de acuerdo con el art. 23 RCD, y que no exige ningún porcentaje). Amaiur (7 escaños), ERC (3), Geroa Bai (1), BNG (2), Compromís (1) y Coalición Canaria (2) sumarían 16 escaños, e incluso Cayo Lara ha ofrecido parlamentarios de IU si Amaiur los necesitase. Creado el grupo, no podría tener nunca menos de la mitad: es decir, deberá mantener al menos ocho diputados, que al parecer serían los de Amaiur y los de ERC (hasta un total de diez).

Creo que no está de más subrayar que a los partidos más minoritarios conviene todo este movimiento: si se aplican los criterios más estrictos posibles, nos encontraríamos con un Grupo Mixto con 23 diputados y nueve partidos: Amaiur, UPyD, ERC, BNG, CC, Geroa Bai y Compromís, Foro Asturias y UPN. Por poner un único ejemplo de lo que esto implicaria, donde cualquier otro grupo tendría hasta 5 minutos para intervenir en un debate, ellos tendrían que compartir ese tiempo (prácticamente medio minuto por portavoz). Una locura ingobernable. Así las cosas, la creación de grupos parlamentarios se convierte en una cuestión básica para hacer que 2.323.826 votos tengan una operatividad real en el Congreso.


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La reforma fiscal propuesta por IU-ICV-ERC-BNG

El 12 de mayo de 2010, una serie de grupos de izquierda minoritarios en las Cortes presentaron una proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria. La proposición no se debatió y votó hasta el 20 de septiembre de 2011, más de un año después, y fue rechazada. De 340 votos emitidos, 9 fueron a favor y 325 en contra (de PSOE-PP-CIU). Hubo 6 abstenciones, del PNV. Los 9 votos a favor vienen de los proponentes (que suman siete) y alguno más del grupo mixto. Aunque es difícil saber de quién porque por el grupo mixto sólo intervino el debate un diputado del BNG, que por lo demás afirma expresamente que en el grupo mixto hay división sobre esta propuesta. Por cierto, las orientaciones generales de la iniciativa coinciden en gran medida con las propuestas que después ha lanzado DRY. Sigue leyendo

¿Deben votar los extranjeros en España?

No es lo mismo un hombre que un ciudadano.Ya en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se declaró que son los ciudadanos los que tienen derecho a participar en la formación de la Ley, sea directamente o a través de sus representantes. Es decir, el derecho el derecho a sufragio activo (votar) y pasivo (presentarse como candidato y ser votado) sólo correspondía a estos ciudadanos. La teoría más extendida de los derechos humanos afirma que todas las personas, en tanto que poseedoras de una dignidad, tienen una serie de prerrogativas. Otros derechos, sin embargo, se limitan a una serie de colectivos. ¿Cuáles? Depende de las luchas sociales y la correlación de fuerzas entre clases. El derecho al voto, desde el sufragio censitario del siglo XVIII, ha incluido a no propietarios, a personas de cualquier raza, a analfabetos, a mujeres. En la actualidad, tal vez sea la extensión de este derecho a los extranjeros residentes la cuestión más candente.

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