El tributo fantasma: el Impuesto sobre el Patrimonio

Mediante el Real-Decreto 13/2011, de 16 de diciembre, publicado en el BOE del día siguiente, se “resucita” el Impuesto sobre el Patrimonio durante los períodos impositivos de 2011 y 2012. Por tanto, todos los residentes en España (salvo que residan en la Comunidad de Madrid) y tengan un patrimonio superior a 700.000 euros; así como todos los no residentes que tengan en España un patrimonio que supere dicha cantidad, tendrán que pagar una cuota que llegará, en principio, hasta el 2’5% del valor de su patrimonio no exento.

Antes de su “suspensión” mediante la Ley 4/2008, pocas Comunidades Autónomas habían regulado en profundidad el impuesto. Sólo dos modificaron de manera relevante la tarifa: Madrid (a la baja) y Cantabria (al alta, hasta el 3%). El artículo 2 de la Ley 3/2008 de la Comunidad de Madrid creó una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto en todos los casos, suprimiéndolo de facto para el caso de que el Estado central, como ha sucedido, lo volviera a introducir. De manera que, por lo pronto, en la Comunidad de Madrid no se reintroduce el impuesto (salvo que sus instituciones decidan modificar la normativa autonómica).

Lo que siguen son unas muy brevísimas notas sobre una reintroducción del impuesto cuya desactivación programada para el 1 de enero de 2013 podría llegar antes de lo que se espera. Porque consideramos que este Real Decreto-Ley es inconstitucional y (re)introduce algunos elementos que podrían ser contrarios al Derecho de la Unión Europea. Vayamos por partes.

Primer problema de compatiblidad con el Derecho de la Unión Europea: el deber de los no residentes de nombrar un representante.

El artículo 6 que se reintroduce prevé que los no residentes deberán nombrar una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración tributaria. La falta de nombramiento en sancionable. El problema es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a Portugal en una sentencia de 5 de mayo de 2011 por establecer una exigencia así en su ordenamiento tributario. España lo sabe muy bien, porque de hecho participó en ese proceso, en apoyo de Portugal. La condena se debe a que se exige un requisito extra a los no residentes, lo cual es discriminatorio.

Segundo problema de compatiblidad con el Derecho de la Unión Europea: la forma de cesión a las Comunidades Autónomas.

El 16 de febrero de 2011, la Comisión Europea emitió una nota de prensa donde afirmaba que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones español sería contrario al Derecho de la Unión porque establece una discriminación sobre los no residentes y en determinados supuestos donde exista un elemento de extranjería. Este efecto se produce indirectamente: un no residente (por simplificar) aplica la normativa del Estado central, mientras que un residente aplica normalmente la normativa de la Comunidad Autónoma donde resida, que es sistemáticamente más favorable.

No existe una sentencia condenatoria… aún. Es previsible que llegará. Y el caso es que la estructura de la cesión en el Impuesto sobre el Patrimonio es prácticamente la misma. Aunque el contexto es muy diferente, porque ahora escasean los ingresos, y será interesante ver si también se produce la competencia a la baja que se produjo en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por lo pronto, en la Comunidad de Madrid no se exigiría.

Tercer problema: la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley

El artículo 86 de la Constitución regula el Real Decreto-Ley. Es un instrumento mediante el que se permite al Gobierno introducir medidas con fuerza de Ley (en principio exclusiva competencia del Parlamento). Por ser una excepción a la división de poderes, su uso está limitado. Además de la necesaria convalidación por parte del Parlamento en el plazo de treinta días, existen dos requisitos más.

Primero, no puede afectar a una serie de materias. En el ámbito tributario, no puede afectar sensiblemente al deber de contribuir (es decir, al reparto de la carga tributaria). El problema es que el Decreto-Ley tiene como objetivo (explícito, por si fuera poco) influir en el reparto de la carga tributaria: dice su Exposición de Motivos que la reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio pretende “que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis”. Eugenio Simón Acosta, Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Navarra, ya lo ha advertido.

Segundo requisito: el Decreto-Ley sólo podrá dictarse en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional afirma que “las medidas requeridas para hacer frente a una situación de extraordinaria y urgente necesidad han de ser concretas y de eficacia inmediata” (STC 29/1982, FJ 6), algo que parece lógico. El Tribunal Constitucional ha establecido algunas excepciones, pero ninguna es aplicable. Por ejemplo, ha reconocido que podía no exigirse que medidas cuyo objetivo era reactivar la economía entrasen en vigor inmediatamente, si su “eficacia económica” era inmediata. Es decir si la medida influía, desde que era conocida, en el mercado (STC 189/2005, FJ 5). Atendiendo a los objetivos de la norma (la Exposición de Motivos afirma que son “la obtención de una recaudación adicional” y “reforzar el principio de equidad”), esta excepción no es aplicable. El Tribunal Constitucional refrendó una modificación del IRPF el 21 de julio de un año, aunque no se devengaría hasta el 31 de diciembre y no se recaudaría hasta los meses de mayo y junio del año siguiente, porque de manera inmediata se incrementaría el porcentaje de las retenciones (STC 182/1997, FJ 5). Pero no existe un sistema de retención en el Impuesto sobre el Patrimonio: no se ingresará nada hasta 2012. La falta de eficacia inmediata también lo haría inconstitucional.


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4 pensamientos en “El tributo fantasma: el Impuesto sobre el Patrimonio

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  3. Angeles Valdivia

    Soy español no residente en España y durante los más de 25 años que llevo trabajando como emigrante por Latinoamerica he podido comprar dos pisos en Madrid, uno de ellos alquilado y el otro vacío puesto que es el que ocupo cuando estoy de vacaciones el mes y medio al año que paso en España. También tengo otro en Cádiz y una adosada en Sevilla, ambas con hipotecas Ese es todo mi patrimonio, puesto que en Argentina donde resido vivo de alquiler por el miedo que siempre me ha dado la inseguridad jurídica que impera en este país. Como en España no voy a tener pensión todo mi afán ha sido el tener los ” ladrillos ” que tengo que con los alquileres me permitiera tener una ” pensión ” digna para cuando regrese a mi ´país, previsiblemente en el 2015. Como afectaría el impuesto a un no residente. La verdad que después de pasarme toda la vida ahorrando lo que me sale es vender todo y vivir de las rentas. Pero creí en mi país y ahora me veo con cuatro viviendas, con mas del 40% de su valor con hipotecas teniendo que pagar por tenerlas aparte del IBI que me acaban de cargar y del impuesto por la renta de las viviendas, en fin….Con ganas de vender ( ojalá pudiera ) y gastarme el dinero en disfrutar de todo lo que no he podido hacer por haberme pasado la vida ahorrando…
    En fin, Sr Rubalcaba, es usted malo, se le nota en la cara, perro malo, malo.
    Saludos,

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