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Cuatro propuestas para mejorar el Impuesto sobre Sucesiones

A estas alturas ya he explicado bastante por qué considero que el Impuesto de Sucesiones es necesario y está justificado, pese a los bulos que se están vertiendo en el debate. Pero no menos cierto es que necesita urgentemente una serie de reformas para que pueda cumplir su función. ¿Cuáles?

Primera. Una armonización interna.

La increíble disparidad entre Comunidades Autónomas en relación a los parientes directos (recuerdo que los indirectos pagan cuantías parecidas en todas las Comunidades Autónomas de régimen común), que es consecuencia de la competencia fiscal entre regiones, crea una erosión excesiva del principio de igualdad, tal vez inconstitucional por desproporcionada, pero que no puede achacarse a nadie (si acaso al Estado central); crea además desagravios que disminuyen la adhesión al tributo; y ha provocado una violación del Derecho de la Unión Europea.

La conclusión es evidente: es necesario armonizar el impuesto. Mi propuesta es recuperarlo, manteniendo la conjunción de tarifa progresiva más coeficientes multiplicadores, que tengan en cuenta el patrimonio preexistente y el grado de parentesco. Es decir, lo que ya hay. Lo del parentesco está demasiado arraigado como para suprimirlo (aunque yo lo suprimiría, pero no entremos ahí); el patrimonio preexistente tiene lógica porque el tributo pretende erosionar la concentración excesiva de riqueza. Propongo que los coeficientes los establezca el Estado central y no puedan modificarse; la tarifa sería adaptable por las Comunidades Autónomas, dentro de ciertos límites (del mismo modo que ya pueden modificar el tramo autonómico de la tarifa del IRPF, por ejemplo).

La tarifa y los coeficientes podrían calcularse de manera que el tipo marginal máximo sea el 50% (lo cual implicaría un tipo medio inferior) para personas con un patrimonio preexistente previo de unos cuatro millones de euros. Y para todas las herencias (entre parientes directos, indirectos y también extraños) establecería un mínimo exento, que podría calcularse teniendo en cuenta la riqueza media familiar (que es de 250.000 euros, aproximadamente, según la Encuesta Financiera de las Familias de 2014).

Segunda. Reglas de valoración.

Es necesario evaluar las reglas de valoración. ¿Dan precios reales? Para esto necesitamos un análisis que compare los precios de mercado con los valores calculados de acuerdo con el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria en las distintas Comunidades Autónomas. Se ha dado mucha publicidad a casos donde el valor calculado por la Administración autonómica es claramente desproporcionado: casos aparentemente reales y también casos de los que podemos determinar que han sido inventados (como el de la casita de Murtas). Yo he comprobado el valor a efectos tributarios de la casa de mis padres y hay ofertas de mercado por más de eso, pero sé que un caso concreto no es generalizable. Sabiendo si los resultados son o no fiables, podrían proponerse mejoras concretas.

Además, entiendo necesario suprimir el artículo 15 de la Ley del Impuesto, que afirma que el caudal hereditario se incrementa en un 3% como valor estimado del ajuar doméstico. El ajuar doméstico se define en el artículo 4.4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio como “los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo”. El Impuesto sobre el Patrimonio lo declara exento. Y, según el artículo 1321 del Código Civil, se imputa en el haber del cónyuge vivo cuando, en su caso, se disuelve la sociedad de gananciales. No tiene sentido añadirlo a la herencia. Tampoco lo tiene que se calcule como un porcentaje del valor total del caudal hereditario: ¿por qué usar un solar o unas acciones como referencia para estimar el valor del los efectos personales de una persona? Supresión, en suma. El ajuar quedaría exento.

Tercera. Reducciones en la base imponible

Es necesario revisar las reducciones en la base imponible y suprimirlas salvo que estén justificadas. Ahora mismo, la base del impuesto es un colador. Se deberían suprimir las reducciones por parentesco, por adquisición del patrimonio histórico, por adquisición de la vivienda habitual (aunque se debería mantener para el cónyuge supérstite, tal y como propone el informe Lagares -pág. 252, 266 del pdf-). Tened en cuenta que en mi propuesta habría un mínimo exento en todo caso, que compensaría en buena medida la supresión de estas reducciones para las herencias menores.

Deberíamos conservar las reducciones por discapacidad y también por adquisición de la empresa familiar, pero modificada.

Esta reducción se introdujo, en un primer momento, siguiendo una recomendación de la Comisión para facilitar la permanencia de las pymes y el mantenimiento del empleo. Tiene sentido, por tanto, establecer un límite máximo para la base de la reducción, de manera que sólo se aplique a pymes efectivamente. En Alemania, el Tribunal Constitucional ha afirmado que los beneficios sobre la transmisión de la empresa eran una violación del principio de igualdad, justificada en la medida en que ayudara a preservar el empleo pero que resultaba desproporcionada en la medida en que se aplicara a grandes empresas que no necesitaran dichos beneficios para garantizar su subsistencia.

Sería también conveniente introducir expresamente en la Ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita la reducción por adquisición de la empresa familiar a los activos necesarios para su actividad. Se trata de evitar que, por ejemplo, los herederos esquiven el pago del impuesto vinculando el padre las acciones de su SICAV a su empresa productiva.

La ley obliga al sucesor a mantener la empresa durante diez años, pero la interpretación administrativa ha ido flexibilizando este criterio, olvidando un poco el objetivo de la norma si nos inspiramos en la Recomendación de la Comisión (mantener la empresa y el empleo). Aunque pueda ser perfectamente admisible que los activos de la empresa se usen para otra actividad económica, sí podría plantearse exigir un mantenimiento del empleo, o que no se reduzca más allá de cierto parámetro. También sería conveniente flexibilizar el requisito temporal. Ahora mismo, si se incumple el plazo de diez años, hay que devolver todo el impuesto que se ahorró con la reducción. Lo suyo sería que se devolviera una parte proporcional al tiempo que quede para el término de los 10 años.

Cuarta. Facilidades de pago

Hay supuestos donde el contribuyente tiene dificultades para pagar. Muchas veces, esto se debe a que la herencia no contiene dinero, sino únicamente bienes inmuebles. En este caso el problema no es tanto de capacidad económica (porque sí que ha habido un incremento patrimonial, que justifica la exacción del tributo), sino de liquidez. En estos casos, la norma ya prevé el fraccionamiento en cinco años, pagando intereses. Mi propuesta es un aplazamiento de cinco años y sin intereses (para ello, se exigiría demostrar que se carece de liquidez para pagar el tributo); el propio inmueble o inmuebles, en su caso, constituirían automáticamente la garantía de pago.

Hay propuestas como una especie de dación en pago (es decir, pagar la deuda tributaria con la entrega de los inmuebles heredados). Normalmente, el pago de deudas tributarias tiene que ser en efectivo. El pago mediante bienes en especie es excepcional y sólo se permite allá donde una ley específica lo prevea. Ahora mismo sólo se permite pagar deudas tributarias mediante bienes del patrimonio histórico español. Podría estudiarse esta cuestión, obligando por ley a que los inmuebles entregados, si fuera posible, se destinen al alquiler social. Pero la norma que lo establezca debería ser dictada por las Cortes Generales.


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Las disposiciones interpretativas o aclaratorias serán de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración tributaria y se publicarán en el boletín oficial que corresponda”.

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