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El SAT y el derecho de propiedad un año después

Hace más o menos un año el SAT se llevó 9 carros de comida de un Mercadona. Ahora acaba de llevarse una decena de carros de material escolar de un Carrefour (aquí lo cuenta Francisco Artacho, que estaba allí).

Las reacciones son equivalentes. Destaca el Ministerio del Interior anunciando que detendrá a los sindicalistas del SAT que se han llevado el material escolar. De nuevo, la justicia a dos velocidades, en plena resaca del borrado de los discos duros de Bárcenas. El contexto también es equivalente, sólo que ahora los millones de paradxs son seis, y las familias con todos sus miembros en paro casi dos millones. Y dos millones de andalucxs en situación de pobreza y cuatrocientas mil familias andaluzas sin ningún tipo de ingreso.
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El SAT, Mercadona y la percepción social del derecho de propiedad

El SAT asalta un Mercadona y un Carrefour, se lleva 9 carros del primero y acuerda la donación de 12 carros en el segundo. La acción, en parte, ha sido reivindicativa y en parte una medida de presión, de poner un problema sobre la mesa (un millón setecientas mil familias españolas no tienen ningún ingreso) justo cuando el Gobierno está viendo si quita o no los 400 euros de subsidio para los parados. Entiendo que es una forma de decir “cuidado, que esto puede pasar de forma generalizada”. En una entrevista a Sánchez Gordillo sobre lo del Mercadona, él reivindica una renta básica (minuto 22:50).

La acción, como tal, podría calificarse como un hurto o (si se entiende que ha habido violencia) como un robo. Desde luego, es la percepción del Estado: ahora mismo estamos asistiendo a una ola de detenciones y citaciones: su apartado policial y judicial se mueve (aquí sí) con gran presteza. Dejando muy claro para qué sirve y a quién defiende…

El derecho de propiedad no es absoluto, ni jurídica ni socialmente. Y siendo como es la base de nuestro sistema de producción, se va a ir viendo cada vez más cuestionado. Ya en condiciones normales, una mayoría ve bien descargarse series o canciones de internet sujetas a derechos de autor. Es un caso donde socialmente está aceptado violar un derecho de propiedad (en este caso, de propiedad intelectual).

Pero luego hemos ido viendo como socialmente se ha ido aceptando la ocupación de inmuebles vacíos por parte de familias desahuciadas. Hasta ¡¡el ABC!! sacó un artículo, que llevaba por titular “Cuando ocupar se escribe sin k” dando una visión favorable de la toma de pisos por parte de una serie de familias, la llamada Corrala Utopía. El propio SAT ha venido tradicionalmente ocupando fincas que no se explotaban y se han puesto a darle a la azada.

A medida que se comprueba que el sistema de la Constitución del 78 no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de gran parte de la población, lo lógico es que todo su contenido se vea cuestionado. Si no se garantiza el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del art. 47 (y la propia ONU nos ha dado un toque en este sentido), ¿por qué reconocer un carácter ilimitado al artículo 33, el que reconoce el derecho de propiedad?

No estoy diciendo que mañana estemos todos llevándonos comida del Mercadona. No estoy diciendo que se pase de un extremo a otro. Estoy diciendo que si tenemos un ordenamiento jurídico y queremos que la gente lo respete, tiene que ser justo y aplicarse a todos. Lo mismo con el sistema económico, que debe dar respuesta a las necesidades básicas de la gente. La CEPAL habla del “pacto fiscal”, un acuerdo implícito o explícito que determina cómo se distribuyen las cargas públicas y cómo se orienta el gasto del Estado. Muchos autores señalan, desde la psicología social, que un contribuyente o un ciudadano está dispuesto a cumplir sus deberes si considera que el sistema es justo y que todos cumplen (se habla de cumplimiento cuasi-voluntario, o de cumplimiento inducido). Si queremos afirmar que “desvalijar” supermercados no es una solución, es necesario que el pacto fiscal sea capaz de proporcionar estas soluciones. El Estado debe asumir sus obligaciones; proteger a las familias, como dice el artículo 40 CE; y garantizar una vida digna a todos los ciudadanos.

Y ya que hablamos de pacto fiscal no está de más recordar que es una cuestión social, una llamada a toda la ciudadanía. En gran medida, tenemos los políticos, empresarios y nivel de fraude y corrupción que nos merecemos, permitimos o incluso provocamos. La autocrítica nunca está de más. España tiene un nivel vergonzoso de respeto por lo público y así no podremos reconstruir en la vida un pacto fiscal medianamente sólido.

Si no queremos que los “saqueos” se “generalicen”, la solución no es reprimir como se está reprimiendo una acción como la del SAT. Porque así lo que consigue el Estado es perder, todavía, más legitimidad. Está poniendo de manifiesto, de nuevo, que la Ley no se aplica por igual a todo el mundo, ni con la misma celeridad. Y el problema de fondo, los más de cinco millones de parados y el millón setecientas mil familias sin ningún tipo de ingreso siguen ahí.


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