Archivo de la etiqueta: xenofobia

Seis mil bebés borrados

El hostigamiento que los poderes públicos realizan contra las personas extranjeras tiene muchas formas, unas más obvias y otras más sutiles. De todas ellas, una especialmente grave y absurda es la creación de trabas para recibir asistencia sanitaria (o, en casos extremos, la negación absoluta de tal asistencia). Especialmente grave porque estamos jugando con la salud y la vida de la gente; especialmente absurdo porque las enfermedades se contagian. La salud es un bien público e indivisible. Sigue leyendo

Si somos racistas por su seguridad, ya no es racismo

Muchas personas, comprometidas con los derechos humanos, estamos sintiendo una creciente preocupación por las medidas que se van anunciando, en rápida sucesión, tras el atentado contra la redacción de Charlie Hebdo. En España, el Gobierno ha incrementado el nivel de alerta terrorista al 3 (“riesgo muy alto de atentado”), lo cual implica el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad en la vía pública. Pues bien, parece que en los controles que la Policía puede realizar al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana (siempre que sea necesario para la protección de la seguridad) se estarían siguiendo criterios racistas en la identificación de las personas transeúntes. Sigue leyendo

Las redadas de inmigrantes existen. Y son ilegales

En España se están extendiendo las redadas policiales para detener a sin papeles. Por mucho que las autoridades lo niegen, hay pruebas documentales, testimonios y denuncias de organizaciones como Cáritas (que denuncia que la policía realiza redadas en sus propias instalaciones, donde asisten a inmigrantes), Amnistía Internacional o asambleas del 15M.

No pueden realizarse controles basados en la apariencia física de las personas. España fue condenada por ello por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su Comunicación núm. 1493/2006, el Comité afirmó que, al realizar controles -algo perfectamente legítimo-, “las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país”. Por lo que parece, el Gobierno se pasó esta resolución por el forro hizo caso omiso de las palabras del Comité.

Además de ser radicalmente ilegales, estas redadas sólo ayudan a marginar más a las personas inmigrantes. La denuncia de Cáritas es un claro ejemplo de que el objetivo no es otro que hostigar a los extranjeros. Atentando contra el ordenamiento jurídico y arrasando con la dignidad de las personas. Vacas flacas, mano dura. ¿Contra quién?


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Vic y el derecho a la inscripción en el padrón municipal

El ayuntamiento barcelonés de Vic, gobernado en coalición por PSOE, CIU y ERC, saltó a las noticias cuando se supo que se pretendía denegar la inscripción en el padrón de los inmigrantes que se encontraran en situación irregular: esto es, sin permiso de estancia o residencia válido. Ante la polémica, el ayuntamiento solicitó una aclaración al Ministerio de Justicia. La respuesta es bien clara:

1) La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España.
2) A efectos de tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado.

La conclusión la podría haber alcanzado cualquiera con mínimos conocimientos de Derecho que hubiera acudido a la Ley de Extranjería (y su artículo 6: “Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio”), al artículo 40 del Código Civil (“el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual”) o a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (cuyo artículo 15 afirma que “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”). O que hubiera buscado en internet reflexiones como las de Pascual Aguelo o los expertos del CGAE, que llegaron a afirmar que denegar la inscripción podría constituir delito. O incluso a una resolución de la Presidenta del INE y el Director General de Cooperación Territorial, de 4 de julio de 1997 (BOE de 25 de julio, pág. 22878) que contiene instrucciones técnicas dirigidas a los ayuntamientos y que afirmaba que éstos deben realizar la inscripción sin “realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”. Pero aunque en apariencia la cuestión haya quedado zanjada, tras la decisión de Vic se advierten demasiadas cosas como para no dedicarle un poco de atención.

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