Archivo de la etiqueta: conciencia tributaria

En defensa del Impuesto sobre Sucesiones

Hace poco, el PP andaluz lanzó por Twitter (y supongo que por otras redes sociales) una campaña contra el Impuesto sobre Sucesiones con el hashtag #NoImpuestoSucesiones que llegó a ser, si no recuerdo mal, tercera tendencia en España. Rápidamente el hashtag se llenó de liberales defensores del Estado mínimo, algo que no debería sorprendernos. Como si no tuviera nada mejor que hacer, me dediqué parte de la tarde a debatir/discutir el tema, aunque tengo que reconocer que es difícil luchar contra razonamientos que tienen una clara raigambre emocional. Pasados algunos días, ya con la cabeza algo más fría, voy a resumir algunas ideas para defender, claro que sí, el Impuesto sobre Sucesiones. Y voy a hacerlo respondiendo a los argumentos más frecuentes que leí el otro día. Sigue leyendo

Actitud de los españoles ante los impuestos: la “pirámide” de cumplimiento

La doctrina australiana (Valerie y John Braithwaite, entre otros) y la Australian Taxation Office (ATO) trabajaron desde finales del siglo XX en el análisis de las actitudes de los contribuyentes ante el ordenamiento tributario. Este análisis, que ya hemos tratado en el blog, fue adoptado por la OCDE en su informe Compliance Risk Management, de 2004. Se hace referencia a cuatro categorías que, en traducción libre, son de compromiso, aceptación, reticencia y descreimiento (en inglés, según la ATO, commitment, capitulation, resistance, disengagement). Así enumerados, se ordenan de manera decreciente en cuanto a la fortaleza de su conciencia fiscal.

Estamos ante un modelo que sirve para explicar las actitudes generales ante el tributo, pero que normalmente no se concreta para un contexto determinado. Pero he encontrado un artículo de un sociólogo llamado José Ignacio Wert Ortega (sí, ese Wert) que lleva por título La sociedad civil ante el gasto público y que identifica cuatro grupos de ciudadanos (que, en parte, pueden asociarse con los grupos anteriores) y los ordena en función de su conciencia fiscal. Estos grupos son los cumplidores, los estatistas, los liberales descreídos y los indiferentes descreídos. Sigue leyendo

Campañas de concienciación tributaria con efecto bumerán

Es muy simple: los poderes públicos no pueden pedirnos que cumplamos nuestras obligaciones si ellos no cumplen las suyas.

No es una opinión, hay un montón de estudios de psicólogos y sociólogos que muestran la relación entre conciencia tributaria y percepción de que el sistema es justo.

No (sólo) pagamos impuestos porque no nos queda más remedio, sino que estamos dispuestos a hacerlo porque / si vemos que revierte en el beneficio de la colectividad.

Por eso, cuando el Gobierno anuncia (en un país con tantas necesidades y carencias sociales como el nuestro) que va a bajar los impuestos, yo leo: se quiere cruzar de brazos ante cada pequeña tragedia cotidiana.

Cuando la legitimidad de los poderes públicos está de capa caída, lo que sucede es que las campañas de concienciación tributaria no sirven de nada. Y, con las nuevas tecnologías al alcance de cualquiera, siempre hay vídeos-respuesta.
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Por qué el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal

Todos los programas electorales, cuando hablan de medidas tributarias, hablan de reforzar la lucha contra el fraude fiscal (si alguien encuentra alguno que no lo recoja, que me lo pase, porque desde luego sería una rareza). Sin embargo, lo normal es que estas promesas (y tantas otras) se queden en agua de borrajas. Uno de los motivos es que, hasta cierto punto, a los gobiernos no les ha convenido luchar contra el fraude fiscal. Sea porque quería tratar bien a empresas amigas (incluso conocemos indultos por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea) o a las grandes empresas para que no se vayan de España (como en el asunto de Cemex) o, simplemente, porque son los miembros del partido en el Gobierno quienes tienen cuentas en Suiza. Pero además, hay numerosos estudios sobre las causas del cumplimiento tributario voluntario que nos demuestran que el nivel de cumplimiento está relacionado con la legitimidad de las instituciones. Y los poderes públicos no parecen dispuestos a colocar esta cuestión en el centro de ningún debate público.
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Sexo, impuestos y cintas de vídeo

Las campañas que las agencias tributarias lanzan periódicamente para promover el cumplimiento voluntario suelen coincidir en varias cosas. El mensaje-fuerza es el que vincula el pago de impuestos con la producción de bienes y servicios públicos y, desde ahí, puede mostrarse en positivo (gracias a que pagamos impuestos tenemos esta serie de cosas), en negativo (campañas contra el fraude fiscal, que viene a ser lo mismo) o una mezcla de ambos.
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¿Los españoles ricos quieren pagar más impuestos?

En el barómetro del CIS sobre “Opinión pública y Política Fiscal” de 2011 me he encontrado con la siguiente pregunta:

Pregunta 7

Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, (en una escala de 0 a 10, estas personas se situarían en el punto 0). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales, (se situarían en el punto 10 de la escala). Y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En qué lugar se situaría Ud.?

¿Qué resultados esperarías? Intuitivamente, yo diría que las personas de renta más baja, que son las que más se benefician de los servicios públicos, apoyarían en mayor medida las subidas de impuestos para mejorarlos. Pero no: el resultado es exactamente el contrario.

El resultado fue similar en 2010 (pregunta 4). Antes no hay una pregunta equiparable, porque en el enunciado se venía introduciendo una alternativa basada en una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos. La duda es, ¿por qué obtenemos este resultado? A bote pronto, se me ocurren cuatro hipótesis, que pomposamente llamaré hipótesis House, hipótesis Buffett, hipótesis Wendell Holmes e hipótesis Lampedusa. Sin descartar las opciones e) Las cuatro respuestas son correctas y, por supuesto, la opción f) Ninguna de las anteriores.

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La amnistía fiscal española de 2012: hasta ahora, ningún beneficio

El BOE de 31 de marzo de 2012 publicó el Real Decreto 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La medida estrella, al menos entonces, era la amnistía fiscal que contiene su disposición adicional primera, cuyo eufemístico título (los políticos nos vienen acostumbrando a los eufemismos) es “Declaración tributaria especial”. No merece la pena detenerse en el detalle: baste decir que si el contribuyente declara las rentas, derechos o bienes no declarados hasta entonces, quedará “limpio” a cambio de pagar un 10% de su valor. No tendrá que pagar intereses, recargos ni sanciones; ni se remitirá tanto de culpa al Ministerio Fiscal para que se inicie un proceso penal.

¿Cuáles son los efectos económicos de la amnistía? Se considera que a corto plazo se produce un importante flujo de rentas hacia las arcas del Estado por el afloramiento de rentas. Este es el principal motivo para que se haya aprobado ésta (que se incluye en un decreto-ley de medidas para reducir el déficit). A medio plazo, se podría incrementar el número de contribuyentes que declaren. Pero hace poco nos enterábamos de que, en los primeros cuatro meses, Hacienda sólo había captado 50 millones de euros (atención a lo bien escogido de la foto). Una misera, en comparación con los 2.500 millones previstos.

Para que una amnistía tenga algún tipo de efecto, debe venderse muy bien. Debe mostrarse como una “última oportunidad” que se da a los defraudadores para regularizar su situación, sabiendo que después la lucha contra la evasión fiscal se fortalecerá y no habrá paz para los malvados. El problema es que esta amenaza debe ser creíble, y no parece que lo esté siendo, por mucho que haya ahora mismo en las Cortes un proyecto de ley para reforzar la lucha contra el fraude. No parece que estemos en condiciones de implantar mejoras sustanciales en la actuación administrativa contra el fraude. Es más, las organizaciones que representan a inspectores y técnicos del Ministerio de Hacienda están criticando la actuación del Gobierno.

Además, hay otros problemas que hacen que los evasores, pobrecitos, no se sientan seguros a la hora de declarar su dinero. El primero, que el PSOE ha recurrido la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional, y también ante la Audiencia Nacional su desarrollo reglamentario. Esto hace que el marco jurídico no esté claro. Los defraudadores se encontrarían en una situación muy precaria si, una vez que han declarado sus rentas, la normativa que regula la amnistía se anula en todo o en parte. El recurso del PSOE contra el Real Decreto-Ley se basa en que se establece un tipo de gravamen diferente y más favorable para estas rentas, algo que nunca se hizo en amnistías pasadas (como mucho, se excluían intereses y sanciones). De hecho, en plena campaña del IRPF, hubiera resultado más ventajoso mentir y decir que una determinada renta no era de el año que se declaraba, sino de una anterior, como denunció Gestha.

Tampoco están nada claros los posibles efectos colaterales para los que se acojan a la amnistía, ya que ésta sólo afecta al Impuesto sobre la Renta, y en principio la Administración estaría facultada para, al investigar el origen de esas rentas, concluir que es necesario pagar una determinada cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o de IVA, o… en la prensa económica encontramos artículos de opinión que lo avisan, como este o este.

Pero aunque la amnistía se presente como una forma de recaudar dinero rápido, lo más trascendental es ¿cuáles son los efectos de una amnistía sobre la conciencia fiscal de los contribuyentes? Esto está muy relacionado con los efectos económicos a largo plazo. Para los defensores de las amnistías, a largo plazo existe un efecto económico favorable porque se habrán detectado más contribuyentes. Según sus detractores, a largo plazo el efecto en la recaudación es negativo, porque se desincentiva el cumplimiento voluntario. En el blog hemos analizado algunas causas del fraude fiscal anteriormente, y en gran medida influye la percepción que cada cual tenga de la justicia del sistema. Para muchos, el cumplimiento voluntario es un deber inducido: cumplo si veo que los otros cumplen. Y viceversa.

Pero más aún. Esta es la tercera amnistía fiscal con todas las letras en España: hubo otras dos, en 1984 y 1991 (como dice Alberto Gil en su blog, en realidad sumaríamos unos diez procesos de regularización parcial desde los años 1960; además de las diferentes normas que, con carácter permanente, permiten excluir las sanciones, incluso penales). Cuando las amnistías fiscales se producen de manera reiterada, sus efectos negativos se agravan. Es algo que han analizado Luitel y Sobel en un artículo de 2007 titulado “The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties”. En Internet hay un borrador de 2005 de dicho artículo al que puede accederse libremente. Este artículo, a partir de un análisis estadístico, concluye que cuando las amnistías se suceden, la recaudación obtenida a corto plazo va decreciendo; y la recaudación a largo plazo se resiente todavía más.

Es lógico que la reiteración de amnistías erosione el cumplimiento tributario tanto si aplicamos modelos de comportamiento más cercanos a la economía como si aplicamos modelos de psicología social. Si el contribuyente actúa como un agente racional que tiende a minimizar sus impuestos pero también el riesgo de ser sancionado, las amnistías reiteradas en el tiempo reducen tal riesgo. Si el contribuyente tiende a cumplir sus obligaciones cuando percibe que el sistema es justo y cuando el resto también lo hace, obviamente las amnistías también desincentivan un comportamiento responsable.

Es también cierto que los análisis de experiencias concretas son muy limitados, porque es difícil diferenciar los efectos de la amnistía de los efectos de otras reformas cercanas en el tiempo; además, no siempre pueden trasladarse las conclusiones de una sociedad a otra (el estudio citado se realizó en Estados Unidos). En España encuentro un análisis de López Laborda y Rodrigo Sauco, sobre la amnistía de 1991 (la segunda) que afirma que no tuvo consecuencias ni a corto ni a largo plazo; y un trabajo de 2002 que afirma que los diferentes análisis realizados son contradictorios.

En el caso concreto de la amnistía fiscal española de 2012 se reúnen muchos elementos que influirán negativamente, tanto a corto plazo (sobre todo, la incertidumbre sobre los efectos exactos de la amnistía) como a largo plazo (la dificultad para endurecer el control administrativo o el rechazo a esta medida concreta y a las medidas tributarias en general que está aprobando el Gobierno, lo cual podría influir desde un punto de vista sociológico). Si pese a todo el defraudador se quiere acoger a la amnistía fiscal, los asesores fiscales recomiendan esperar al último momento, de forma que hasta entonces no sabremos si, económicamente, la amnistía fiscal ha sido un éxito o un fracaso. Yo me atrevo a aventurar, considerando todo lo anterior, que será un fracaso estrepitoso. El tiempo dirá si tengo razón.


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