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“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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Y ahora pasemos a publicidad: “Hacienda somos todos”

La frase es demoledora: nada menos que una Abogada del Estado ha calificado de “publicitaria” la frase “Hacienda somos todos”.

ignoro si esta persona recuerda más o menos lo que dice la Constitución, pero el artículo 31.1 dice que TODOS contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución, nada menos. Increíble, verdad. Uau.

La Sagrada Constitución.

Tal vez sin querer decirlo, la Abogada del Estado ha dicho que el artículo 31 de la Constitución, donde custodiamos todos los principios de justicia tributaria, es un lema publicitario. Que todos esos derechos que la Constitución nos reconoce y que son papel mojado son un reclamo publicitario.

Porque la Constitución había que vendérnosla de alguna manera, esa monarquía y ese que todo cambie para que nadie cambie y esa unidad de España y recientemente ese artículo 135 que nos dice que hay que pagar la hipoteca antes que comer.

¿Cómo se vende eso? Con un poquito de publicidad. Hacienda somos todos. Todos somos iguales ante la ley. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Propaganda. Pura propaganda para que comprásemos un producto defectuoso llamado Transición, llamado Régimen del 78.

Cuando se trata de salvar su propio pellejo, los que siempre tuvieron el poder dejan ver la realidad por detras de sus máscaras y su teatro.

Sí, “Hacienda somos todos” es publicidad. Es propaganda. Miradlo bien, el Rey está desnudo.


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En defensa del Impuesto sobre Sucesiones

Hace poco, el PP andaluz lanzó por Twitter (y supongo que por otras redes sociales) una campaña contra el Impuesto sobre Sucesiones con el hashtag #NoImpuestoSucesiones que llegó a ser, si no recuerdo mal, tercera tendencia en España. Rápidamente el hashtag se llenó de liberales defensores del Estado mínimo, algo que no debería sorprendernos. Como si no tuviera nada mejor que hacer, me dediqué parte de la tarde a debatir/discutir el tema, aunque tengo que reconocer que es difícil luchar contra razonamientos que tienen una clara raigambre emocional. Pasados algunos días, ya con la cabeza algo más fría, voy a resumir algunas ideas para defender, claro que sí, el Impuesto sobre Sucesiones. Y voy a hacerlo respondiendo a los argumentos más frecuentes que leí el otro día. Sigue leyendo

Actitud de los españoles ante los impuestos: la “pirámide” de cumplimiento

La doctrina australiana (Valerie y John Braithwaite, entre otros) y la Australian Taxation Office (ATO) trabajaron desde finales del siglo XX en el análisis de las actitudes de los contribuyentes ante el ordenamiento tributario. Este análisis, que ya hemos tratado en el blog, fue adoptado por la OCDE en su informe Compliance Risk Management, de 2004. Se hace referencia a cuatro categorías que, en traducción libre, son de compromiso, aceptación, reticencia y descreimiento (en inglés, según la ATO, commitment, capitulation, resistance, disengagement). Así enumerados, se ordenan de manera decreciente en cuanto a la fortaleza de su conciencia fiscal.

Estamos ante un modelo que sirve para explicar las actitudes generales ante el tributo, pero que normalmente no se concreta para un contexto determinado. Pero he encontrado un artículo de un sociólogo llamado José Ignacio Wert Ortega (sí, ese Wert) que lleva por título La sociedad civil ante el gasto público y que identifica cuatro grupos de ciudadanos (que, en parte, pueden asociarse con los grupos anteriores) y los ordena en función de su conciencia fiscal. Estos grupos son los cumplidores, los estatistas, los liberales descreídos y los indiferentes descreídos. Sigue leyendo

¡Cállese y tome mi dinero!

ShutUpAndTakeMyMoney

¡Buenas noticias! El Gobierno ha comunicado que cuando mejore la economía y el Estado comience a recaudar más, si la presión fiscal supera el rango del 38% o 39% del PIB, ¡el Partido Popular bajará los impuestos! Lo peor de la crisis ha pasado (un momento, ¿no decían lo mismo en 2014, y en 2013, y… en 2009?) y vamos a tener más dinero para… eh… pagar las prestaciones sanitarias que ya no nos cubre el sistema público… la educación, la luz y los medicamentos más caros… ¿y si resultara que la noticia no es tan buena?

Así empieza mi nueva colaboración en el blog Contrapoder, que podéis continuar leyendo allí. Por desgracia, a veces parece que hay que explicar cosas que deberían ser obvias…

(Intento que haya cosas nuevas cada domingo, pero he retrasado esta publicación para hacerla coincidir con la publicación en Contrapoder. Este domingo, si todo marcha bien, habrá otra entrada).

Campañas de concienciación tributaria con efecto bumerán

Es muy simple: los poderes públicos no pueden pedirnos que cumplamos nuestras obligaciones si ellos no cumplen las suyas.

No es una opinión, hay un montón de estudios de psicólogos y sociólogos que muestran la relación entre conciencia tributaria y percepción de que el sistema es justo.

No (sólo) pagamos impuestos porque no nos queda más remedio, sino que estamos dispuestos a hacerlo porque / si vemos que revierte en el beneficio de la colectividad.

Por eso, cuando el Gobierno anuncia (en un país con tantas necesidades y carencias sociales como el nuestro) que va a bajar los impuestos, yo leo: se quiere cruzar de brazos ante cada pequeña tragedia cotidiana.

Cuando la legitimidad de los poderes públicos está de capa caída, lo que sucede es que las campañas de concienciación tributaria no sirven de nada. Y, con las nuevas tecnologías al alcance de cualquiera, siempre hay vídeos-respuesta.
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Por qué el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal

Todos los programas electorales, cuando hablan de medidas tributarias, hablan de reforzar la lucha contra el fraude fiscal (si alguien encuentra alguno que no lo recoja, que me lo pase, porque desde luego sería una rareza). Sin embargo, lo normal es que estas promesas (y tantas otras) se queden en agua de borrajas. Uno de los motivos es que, hasta cierto punto, a los gobiernos no les ha convenido luchar contra el fraude fiscal. Sea porque quería tratar bien a empresas amigas (incluso conocemos indultos por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea) o a las grandes empresas para que no se vayan de España (como en el asunto de Cemex) o, simplemente, porque son los miembros del partido en el Gobierno quienes tienen cuentas en Suiza. Pero además, hay numerosos estudios sobre las causas del cumplimiento tributario voluntario que nos demuestran que el nivel de cumplimiento está relacionado con la legitimidad de las instituciones. Y los poderes públicos no parecen dispuestos a colocar esta cuestión en el centro de ningún debate público.
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