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“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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Y ahora pasemos a publicidad: “Hacienda somos todos”

La frase es demoledora: nada menos que una Abogada del Estado ha calificado de “publicitaria” la frase “Hacienda somos todos”.

ignoro si esta persona recuerda más o menos lo que dice la Constitución, pero el artículo 31.1 dice que TODOS contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución, nada menos. Increíble, verdad. Uau.

La Sagrada Constitución.

Tal vez sin querer decirlo, la Abogada del Estado ha dicho que el artículo 31 de la Constitución, donde custodiamos todos los principios de justicia tributaria, es un lema publicitario. Que todos esos derechos que la Constitución nos reconoce y que son papel mojado son un reclamo publicitario.

Porque la Constitución había que vendérnosla de alguna manera, esa monarquía y ese que todo cambie para que nadie cambie y esa unidad de España y recientemente ese artículo 135 que nos dice que hay que pagar la hipoteca antes que comer.

¿Cómo se vende eso? Con un poquito de publicidad. Hacienda somos todos. Todos somos iguales ante la ley. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Propaganda. Pura propaganda para que comprásemos un producto defectuoso llamado Transición, llamado Régimen del 78.

Cuando se trata de salvar su propio pellejo, los que siempre tuvieron el poder dejan ver la realidad por detras de sus máscaras y su teatro.

Sí, “Hacienda somos todos” es publicidad. Es propaganda. Miradlo bien, el Rey está desnudo.


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En defensa del Impuesto sobre Sucesiones

Hace poco, el PP andaluz lanzó por Twitter (y supongo que por otras redes sociales) una campaña contra el Impuesto sobre Sucesiones con el hashtag #NoImpuestoSucesiones que llegó a ser, si no recuerdo mal, tercera tendencia en España. Rápidamente el hashtag se llenó de liberales defensores del Estado mínimo, algo que no debería sorprendernos. Como si no tuviera nada mejor que hacer, me dediqué parte de la tarde a debatir/discutir el tema, aunque tengo que reconocer que es difícil luchar contra razonamientos que tienen una clara raigambre emocional. Pasados algunos días, ya con la cabeza algo más fría, voy a resumir algunas ideas para defender, claro que sí, el Impuesto sobre Sucesiones. Y voy a hacerlo respondiendo a los argumentos más frecuentes que leí el otro día. Sigue leyendo

Actitud de los españoles ante los impuestos: la “pirámide” de cumplimiento

La doctrina australiana (Valerie y John Braithwaite, entre otros) y la Australian Taxation Office (ATO) trabajaron desde finales del siglo XX en el análisis de las actitudes de los contribuyentes ante el ordenamiento tributario. Este análisis, que ya hemos tratado en el blog, fue adoptado por la OCDE en su informe Compliance Risk Management, de 2004. Se hace referencia a cuatro categorías que, en traducción libre, son de compromiso, aceptación, reticencia y descreimiento (en inglés, según la ATO, commitment, capitulation, resistance, disengagement). Así enumerados, se ordenan de manera decreciente en cuanto a la fortaleza de su conciencia fiscal.

Estamos ante un modelo que sirve para explicar las actitudes generales ante el tributo, pero que normalmente no se concreta para un contexto determinado. Pero he encontrado un artículo de un sociólogo llamado José Ignacio Wert Ortega (sí, ese Wert) que lleva por título La sociedad civil ante el gasto público y que identifica cuatro grupos de ciudadanos (que, en parte, pueden asociarse con los grupos anteriores) y los ordena en función de su conciencia fiscal. Estos grupos son los cumplidores, los estatistas, los liberales descreídos y los indiferentes descreídos. Sigue leyendo

¡Cállese y tome mi dinero!

ShutUpAndTakeMyMoney

¡Buenas noticias! El Gobierno ha comunicado que cuando mejore la economía y el Estado comience a recaudar más, si la presión fiscal supera el rango del 38% o 39% del PIB, ¡el Partido Popular bajará los impuestos! Lo peor de la crisis ha pasado (un momento, ¿no decían lo mismo en 2014, y en 2013, y… en 2009?) y vamos a tener más dinero para… eh… pagar las prestaciones sanitarias que ya no nos cubre el sistema público… la educación, la luz y los medicamentos más caros… ¿y si resultara que la noticia no es tan buena?

Así empieza mi nueva colaboración en el blog Contrapoder, que podéis continuar leyendo allí. Por desgracia, a veces parece que hay que explicar cosas que deberían ser obvias…

(Intento que haya cosas nuevas cada domingo, pero he retrasado esta publicación para hacerla coincidir con la publicación en Contrapoder. Este domingo, si todo marcha bien, habrá otra entrada).

Campañas de concienciación tributaria con efecto bumerán

Es muy simple: los poderes públicos no pueden pedirnos que cumplamos nuestras obligaciones si ellos no cumplen las suyas.

No es una opinión, hay un montón de estudios de psicólogos y sociólogos que muestran la relación entre conciencia tributaria y percepción de que el sistema es justo.

No (sólo) pagamos impuestos porque no nos queda más remedio, sino que estamos dispuestos a hacerlo porque / si vemos que revierte en el beneficio de la colectividad.

Por eso, cuando el Gobierno anuncia (en un país con tantas necesidades y carencias sociales como el nuestro) que va a bajar los impuestos, yo leo: se quiere cruzar de brazos ante cada pequeña tragedia cotidiana.

Cuando la legitimidad de los poderes públicos está de capa caída, lo que sucede es que las campañas de concienciación tributaria no sirven de nada. Y, con las nuevas tecnologías al alcance de cualquiera, siempre hay vídeos-respuesta.
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Por qué el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal

Todos los programas electorales, cuando hablan de medidas tributarias, hablan de reforzar la lucha contra el fraude fiscal (si alguien encuentra alguno que no lo recoja, que me lo pase, porque desde luego sería una rareza). Sin embargo, lo normal es que estas promesas (y tantas otras) se queden en agua de borrajas. Uno de los motivos es que, hasta cierto punto, a los gobiernos no les ha convenido luchar contra el fraude fiscal. Sea porque quería tratar bien a empresas amigas (incluso conocemos indultos por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea) o a las grandes empresas para que no se vayan de España (como en el asunto de Cemex) o, simplemente, porque son los miembros del partido en el Gobierno quienes tienen cuentas en Suiza. Pero además, hay numerosos estudios sobre las causas del cumplimiento tributario voluntario que nos demuestran que el nivel de cumplimiento está relacionado con la legitimidad de las instituciones. Y los poderes públicos no parecen dispuestos a colocar esta cuestión en el centro de ningún debate público.
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Breve introducción al pacto fiscal

El “pacto fiscal” al que se refiere la CEPAL es un pacto de la ciudadanía. No es un pacto entre regiones -no vamos a hablar de la reunión entre Rajoy y Mas- ni entre Estados, como el Pacto Fiscal Europeo. Vamos a hablar de la necesidad de un nuevo pacto en el seno de la sociedad. En su definición “clásica”, es “el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social”.

El pacto fiscal se formuló en América Latina a finales de los años 1990 ante la crisis de la deuda y la reformulación del papel del Estado, en gran medida consecuencia del influjo de los fenómenos globalizadores. En España estamos en una nueva fase de ese mismo proceso con una nueva oleada desregularizadora y un recorte del papel del Estado (recorte que se ensaña con el Estado del bienestar). En los años 1990, los países de América Latina habían salido recientemente de regímenes dictatoriales y atravesaban una década de absoluta vigencia del Consenso de Washington. El pacto fiscal estaba llamado a equilibrar las políticas que seguían los gobiernos y que estaban más centradas en buscar el equilibrio presupuestario que en alcanzar la equidad (¿suena de algo?).

Así, la CEPAL consideró que a los “avances democráticos” debía sumarse la generación de “consensos duraderos sobre un régimen fiscal capaz de compatibilizar la estabilidad macroeconómica con las responsabilidades públicas en materias de crecimiento y distribución”. ¿Cómo? La CEPAL hizo referencia a cinco puntos, que son los siguientes.

    1. La consolidación del ajuste fiscal. El pacto fiscal se formula en un momento de desequilibrios presupuestarios que deben superarse. El término “ajuste”, en nuestro contexto, hace que salten todas las alarmas. Pero se trata de obtener una correlación sostenible entre ingresos y gastos (incrementando los primeros, reduciendo o racionalizando los segundos, o realizando ambas cosas) y que no vaya en merma de la equidad social.
    2. El incremento de la productividad del gasto público. Las opciones son múltiples, y según la CEPAL pueden exigir modificar los modos de gestión, racionalizar la estructura administrativa y su descentralización o la privatización de determinados servicios, entre otros.
    3. La transparencia de la actuación pública, transparencia que es un “elemento esencial de los acuerdos democráticos que son esenciales para una fiscalidad sana”. La opacidad puede dar lugar tanto a ineficiencias como a injusticias.
    4. La promoción de la equidad a través de la acción estatal: tareas de promoción de la igualdad de oportunidades, con sus expresiones, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la salud y el empleo, y tareas de protección a poblaciones vulnerables; y equidad en el reparto de las aportaciones a las cargas comunes y su efectiva ejecución, luchando contra el fraude fiscal.
    5. El fortalecimiento de los valores de la democracia política. La democratización debe alcanzar a las instituciones fiscales.

Obviamente, todos estos elementos están estrechamente relacionados entre sí: hemos señalado, por ejemplo, que la falta de transparencia daña también la eficacia, la equidad y, también, la democratización. Es necesario incrementar la productividad del gasto público para mejorar la equidad dentro de un marco de sostenibilidad financiera. Etcétera. No puede tocarse uno de ellos sin que se afecte a los demás; no puede alcanzarse un acuerdo que se pretenda estable sobre sólo uno de estos aspectos, sino que deberá alcanzar a todos ellos.

Juan Carlos Lerda calificó este modelo, en “El Pacto Fiscal visto a sus 10 años“, como la búsqueda de “un heterodoxo equilibrio cognitivo” que critica la “perspectiva tecnocrática”. El pacto fiscal es un modelo que se creó para introducir los elementos políticos (y no sólo los técnicos) en el debate fiscal; se creó para introducir exigencias de equidad cuando la preocupación básica y casi exclusiva de los gobiernos era la estabilidad de las variables macroeconómicas. Todo esto, en el contexto español, es más que conocido; pero otros estuvieron allí antes que nosotros. De modo que hay muchas cosas que podremos aprender de la reflexión latinoamericana sobre el pacto fiscal para aplicarlas a nuestra realidad y transformarla.


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El SAT, Mercadona y la percepción social del derecho de propiedad

El SAT asalta un Mercadona y un Carrefour, se lleva 9 carros del primero y acuerda la donación de 12 carros en el segundo. La acción, en parte, ha sido reivindicativa y en parte una medida de presión, de poner un problema sobre la mesa (un millón setecientas mil familias españolas no tienen ningún ingreso) justo cuando el Gobierno está viendo si quita o no los 400 euros de subsidio para los parados. Entiendo que es una forma de decir “cuidado, que esto puede pasar de forma generalizada”. En una entrevista a Sánchez Gordillo sobre lo del Mercadona, él reivindica una renta básica (minuto 22:50).

La acción, como tal, podría calificarse como un hurto o (si se entiende que ha habido violencia) como un robo. Desde luego, es la percepción del Estado: ahora mismo estamos asistiendo a una ola de detenciones y citaciones: su apartado policial y judicial se mueve (aquí sí) con gran presteza. Dejando muy claro para qué sirve y a quién defiende…

El derecho de propiedad no es absoluto, ni jurídica ni socialmente. Y siendo como es la base de nuestro sistema de producción, se va a ir viendo cada vez más cuestionado. Ya en condiciones normales, una mayoría ve bien descargarse series o canciones de internet sujetas a derechos de autor. Es un caso donde socialmente está aceptado violar un derecho de propiedad (en este caso, de propiedad intelectual).

Pero luego hemos ido viendo como socialmente se ha ido aceptando la ocupación de inmuebles vacíos por parte de familias desahuciadas. Hasta ¡¡el ABC!! sacó un artículo, que llevaba por titular “Cuando ocupar se escribe sin k” dando una visión favorable de la toma de pisos por parte de una serie de familias, la llamada Corrala Utopía. El propio SAT ha venido tradicionalmente ocupando fincas que no se explotaban y se han puesto a darle a la azada.

A medida que se comprueba que el sistema de la Constitución del 78 no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de gran parte de la población, lo lógico es que todo su contenido se vea cuestionado. Si no se garantiza el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del art. 47 (y la propia ONU nos ha dado un toque en este sentido), ¿por qué reconocer un carácter ilimitado al artículo 33, el que reconoce el derecho de propiedad?

No estoy diciendo que mañana estemos todos llevándonos comida del Mercadona. No estoy diciendo que se pase de un extremo a otro. Estoy diciendo que si tenemos un ordenamiento jurídico y queremos que la gente lo respete, tiene que ser justo y aplicarse a todos. Lo mismo con el sistema económico, que debe dar respuesta a las necesidades básicas de la gente. La CEPAL habla del “pacto fiscal”, un acuerdo implícito o explícito que determina cómo se distribuyen las cargas públicas y cómo se orienta el gasto del Estado. Muchos autores señalan, desde la psicología social, que un contribuyente o un ciudadano está dispuesto a cumplir sus deberes si considera que el sistema es justo y que todos cumplen (se habla de cumplimiento cuasi-voluntario, o de cumplimiento inducido). Si queremos afirmar que “desvalijar” supermercados no es una solución, es necesario que el pacto fiscal sea capaz de proporcionar estas soluciones. El Estado debe asumir sus obligaciones; proteger a las familias, como dice el artículo 40 CE; y garantizar una vida digna a todos los ciudadanos.

Y ya que hablamos de pacto fiscal no está de más recordar que es una cuestión social, una llamada a toda la ciudadanía. En gran medida, tenemos los políticos, empresarios y nivel de fraude y corrupción que nos merecemos, permitimos o incluso provocamos. La autocrítica nunca está de más. España tiene un nivel vergonzoso de respeto por lo público y así no podremos reconstruir en la vida un pacto fiscal medianamente sólido.

Si no queremos que los “saqueos” se “generalicen”, la solución no es reprimir como se está reprimiendo una acción como la del SAT. Porque así lo que consigue el Estado es perder, todavía, más legitimidad. Está poniendo de manifiesto, de nuevo, que la Ley no se aplica por igual a todo el mundo, ni con la misma celeridad. Y el problema de fondo, los más de cinco millones de parados y el millón setecientas mil familias sin ningún tipo de ingreso siguen ahí.


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Grecia, revuelta fiscal y referéndum

Un tema que me apasiona es qué lleva a la gente a pagar voluntariamente sus impuestos. Los modelos más recientes hacen referencia a la percepción de justicia del sistema por parte del ciudadano/contribuyente y a la idea de un pacto alcanzado en la sociedad, de manera implícita o explícita, y que involucra a las instituciones. Leía hace algunas semanas que según El País, en Grecia están en plena revuelta fiscal. Hay un artículo de Yanis Varufakis, de la Universidad de Atenas, que lleva por título El último recurso de la dignidad robada y que describe un “clima de quiebra total del contrato social entre el Gobierno y los gobernados” donde “a los ciudadanos les resulta fácil decir que la justicia requiere desobediencia fiscal y civil”. Por eso creo que se ha perdido una oportunidad al renunciar, finalmente, a convocar un referéndum. Hubiera sido una forma de dar la legitimidad perdida al rumbo de la política griega. Y sí, las opciones no serían nada halagüeñas (aceptar el rescate y el correspondiente plan de ajuste o salir del euro), pero es que la situación tampoco lo es.


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