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Monedero: tres reflexiones jurídicas

Ya estoy un poco cansado de escuchar cuñaderíos varios sobre Juan Carlos Monedero y de que me preguntéis cosas sobre su situación fiscal (aunque me encante ser tributarista de referencia para alguna gente, contestar en los 140 caracteres de Twitter es complicado). De modo que, aunque llevo resistiéndome como gato panza arriba a hablar del tema, allá van algunas ideas, agrupadas en tres reflexiones.

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Delito fiscal y lucha de clases

Un principio fundamental de Derecho tributario es que quien más tiene, paga en impuestos una proporción mayor de su riqueza. Esa es la teoría, porque la realidad es que quien más dinero tiene, sobre todo a partir de ciertas cantidades, puede contratar mejores abogados, puede abrir más cuentas en Suiza y puede crear más sociedades en paraísos fiscales. La consecuencia es que el sistema fiscal pierde en equidad y se pierden recursos que podrían revertir en los gastos colectivos.

Cuando es el propio sistema normativo el que favorece esta impunidad tributaria de los poderosos, es señal (una más) de que los poderes del Estado están al servicio de ellos. Y se me ocurren, por lo menos, dos manifestaciones. Sigue leyendo

Por qué el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal

Todos los programas electorales, cuando hablan de medidas tributarias, hablan de reforzar la lucha contra el fraude fiscal (si alguien encuentra alguno que no lo recoja, que me lo pase, porque desde luego sería una rareza). Sin embargo, lo normal es que estas promesas (y tantas otras) se queden en agua de borrajas. Uno de los motivos es que, hasta cierto punto, a los gobiernos no les ha convenido luchar contra el fraude fiscal. Sea porque quería tratar bien a empresas amigas (incluso conocemos indultos por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea) o a las grandes empresas para que no se vayan de España (como en el asunto de Cemex) o, simplemente, porque son los miembros del partido en el Gobierno quienes tienen cuentas en Suiza. Pero además, hay numerosos estudios sobre las causas del cumplimiento tributario voluntario que nos demuestran que el nivel de cumplimiento está relacionado con la legitimidad de las instituciones. Y los poderes públicos no parecen dispuestos a colocar esta cuestión en el centro de ningún debate público.
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La amnistía fiscal española de 2012: hasta ahora, ningún beneficio

El BOE de 31 de marzo de 2012 publicó el Real Decreto 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La medida estrella, al menos entonces, era la amnistía fiscal que contiene su disposición adicional primera, cuyo eufemístico título (los políticos nos vienen acostumbrando a los eufemismos) es “Declaración tributaria especial”. No merece la pena detenerse en el detalle: baste decir que si el contribuyente declara las rentas, derechos o bienes no declarados hasta entonces, quedará “limpio” a cambio de pagar un 10% de su valor. No tendrá que pagar intereses, recargos ni sanciones; ni se remitirá tanto de culpa al Ministerio Fiscal para que se inicie un proceso penal.

¿Cuáles son los efectos económicos de la amnistía? Se considera que a corto plazo se produce un importante flujo de rentas hacia las arcas del Estado por el afloramiento de rentas. Este es el principal motivo para que se haya aprobado ésta (que se incluye en un decreto-ley de medidas para reducir el déficit). A medio plazo, se podría incrementar el número de contribuyentes que declaren. Pero hace poco nos enterábamos de que, en los primeros cuatro meses, Hacienda sólo había captado 50 millones de euros (atención a lo bien escogido de la foto). Una misera, en comparación con los 2.500 millones previstos.

Para que una amnistía tenga algún tipo de efecto, debe venderse muy bien. Debe mostrarse como una “última oportunidad” que se da a los defraudadores para regularizar su situación, sabiendo que después la lucha contra la evasión fiscal se fortalecerá y no habrá paz para los malvados. El problema es que esta amenaza debe ser creíble, y no parece que lo esté siendo, por mucho que haya ahora mismo en las Cortes un proyecto de ley para reforzar la lucha contra el fraude. No parece que estemos en condiciones de implantar mejoras sustanciales en la actuación administrativa contra el fraude. Es más, las organizaciones que representan a inspectores y técnicos del Ministerio de Hacienda están criticando la actuación del Gobierno.

Además, hay otros problemas que hacen que los evasores, pobrecitos, no se sientan seguros a la hora de declarar su dinero. El primero, que el PSOE ha recurrido la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional, y también ante la Audiencia Nacional su desarrollo reglamentario. Esto hace que el marco jurídico no esté claro. Los defraudadores se encontrarían en una situación muy precaria si, una vez que han declarado sus rentas, la normativa que regula la amnistía se anula en todo o en parte. El recurso del PSOE contra el Real Decreto-Ley se basa en que se establece un tipo de gravamen diferente y más favorable para estas rentas, algo que nunca se hizo en amnistías pasadas (como mucho, se excluían intereses y sanciones). De hecho, en plena campaña del IRPF, hubiera resultado más ventajoso mentir y decir que una determinada renta no era de el año que se declaraba, sino de una anterior, como denunció Gestha.

Tampoco están nada claros los posibles efectos colaterales para los que se acojan a la amnistía, ya que ésta sólo afecta al Impuesto sobre la Renta, y en principio la Administración estaría facultada para, al investigar el origen de esas rentas, concluir que es necesario pagar una determinada cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o de IVA, o… en la prensa económica encontramos artículos de opinión que lo avisan, como este o este.

Pero aunque la amnistía se presente como una forma de recaudar dinero rápido, lo más trascendental es ¿cuáles son los efectos de una amnistía sobre la conciencia fiscal de los contribuyentes? Esto está muy relacionado con los efectos económicos a largo plazo. Para los defensores de las amnistías, a largo plazo existe un efecto económico favorable porque se habrán detectado más contribuyentes. Según sus detractores, a largo plazo el efecto en la recaudación es negativo, porque se desincentiva el cumplimiento voluntario. En el blog hemos analizado algunas causas del fraude fiscal anteriormente, y en gran medida influye la percepción que cada cual tenga de la justicia del sistema. Para muchos, el cumplimiento voluntario es un deber inducido: cumplo si veo que los otros cumplen. Y viceversa.

Pero más aún. Esta es la tercera amnistía fiscal con todas las letras en España: hubo otras dos, en 1984 y 1991 (como dice Alberto Gil en su blog, en realidad sumaríamos unos diez procesos de regularización parcial desde los años 1960; además de las diferentes normas que, con carácter permanente, permiten excluir las sanciones, incluso penales). Cuando las amnistías fiscales se producen de manera reiterada, sus efectos negativos se agravan. Es algo que han analizado Luitel y Sobel en un artículo de 2007 titulado “The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties”. En Internet hay un borrador de 2005 de dicho artículo al que puede accederse libremente. Este artículo, a partir de un análisis estadístico, concluye que cuando las amnistías se suceden, la recaudación obtenida a corto plazo va decreciendo; y la recaudación a largo plazo se resiente todavía más.

Es lógico que la reiteración de amnistías erosione el cumplimiento tributario tanto si aplicamos modelos de comportamiento más cercanos a la economía como si aplicamos modelos de psicología social. Si el contribuyente actúa como un agente racional que tiende a minimizar sus impuestos pero también el riesgo de ser sancionado, las amnistías reiteradas en el tiempo reducen tal riesgo. Si el contribuyente tiende a cumplir sus obligaciones cuando percibe que el sistema es justo y cuando el resto también lo hace, obviamente las amnistías también desincentivan un comportamiento responsable.

Es también cierto que los análisis de experiencias concretas son muy limitados, porque es difícil diferenciar los efectos de la amnistía de los efectos de otras reformas cercanas en el tiempo; además, no siempre pueden trasladarse las conclusiones de una sociedad a otra (el estudio citado se realizó en Estados Unidos). En España encuentro un análisis de López Laborda y Rodrigo Sauco, sobre la amnistía de 1991 (la segunda) que afirma que no tuvo consecuencias ni a corto ni a largo plazo; y un trabajo de 2002 que afirma que los diferentes análisis realizados son contradictorios.

En el caso concreto de la amnistía fiscal española de 2012 se reúnen muchos elementos que influirán negativamente, tanto a corto plazo (sobre todo, la incertidumbre sobre los efectos exactos de la amnistía) como a largo plazo (la dificultad para endurecer el control administrativo o el rechazo a esta medida concreta y a las medidas tributarias en general que está aprobando el Gobierno, lo cual podría influir desde un punto de vista sociológico). Si pese a todo el defraudador se quiere acoger a la amnistía fiscal, los asesores fiscales recomiendan esperar al último momento, de forma que hasta entonces no sabremos si, económicamente, la amnistía fiscal ha sido un éxito o un fracaso. Yo me atrevo a aventurar, considerando todo lo anterior, que será un fracaso estrepitoso. El tiempo dirá si tengo razón.


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Sobre la acusación de Esperanza Aguirre a las asociaciones que venden camisetas

Primero Esperanza Aguirre acusó a Izquierda Unida de hacer negocio con la venta de camisetas que muchos llevan en las manifestaciones contra los recortes a la educación en la Comunidad de Madrid, con el lema “Educación de tod@s para tod@s”. La cosa se fue calentando, hubo acusación de delito fiscal y, finalmente, el 11 de octubre el PP habrá denunciado a la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y la FAPA Giner de los Ríos ante los Tribunales “amparándose en los artículos 305 y 627 del Código Penal”. Sólo tengo seis cosas que decir. Sigue leyendo