“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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