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“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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Y ahora pasemos a publicidad: “Hacienda somos todos”

La frase es demoledora: nada menos que una Abogada del Estado ha calificado de “publicitaria” la frase “Hacienda somos todos”.

ignoro si esta persona recuerda más o menos lo que dice la Constitución, pero el artículo 31.1 dice que TODOS contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución, nada menos. Increíble, verdad. Uau.

La Sagrada Constitución.

Tal vez sin querer decirlo, la Abogada del Estado ha dicho que el artículo 31 de la Constitución, donde custodiamos todos los principios de justicia tributaria, es un lema publicitario. Que todos esos derechos que la Constitución nos reconoce y que son papel mojado son un reclamo publicitario.

Porque la Constitución había que vendérnosla de alguna manera, esa monarquía y ese que todo cambie para que nadie cambie y esa unidad de España y recientemente ese artículo 135 que nos dice que hay que pagar la hipoteca antes que comer.

¿Cómo se vende eso? Con un poquito de publicidad. Hacienda somos todos. Todos somos iguales ante la ley. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Propaganda. Pura propaganda para que comprásemos un producto defectuoso llamado Transición, llamado Régimen del 78.

Cuando se trata de salvar su propio pellejo, los que siempre tuvieron el poder dejan ver la realidad por detras de sus máscaras y su teatro.

Sí, “Hacienda somos todos” es publicidad. Es propaganda. Miradlo bien, el Rey está desnudo.


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El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito: otro robo institucionalizado en favor de los bancos

Si pulsáis en este enlace, os llevará a la página del Congreso. Es la lista de enmiendas presentadas en el Senado a una ley, no importa cual. Buscad “ENMIENDA NÚM. 169” y encontraréis una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que crea un “Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito”. Alguien pensará: “¿El PP va por fin a hacer pagar a los bancos?”. Que espere sentado. O sentada.
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La Ley de indulto es inconstitucional

En este mundo de hoy donde los partidos políticos tienden a convertirse en chiringitos, el indulto se ha convertido en un instrumento para evitar que la justicia caiga sobre policías condenados por tortura, banqueros que acusaron falsamente a la competencia para hundirla, empresarios que defraudaron a Hacienda o políticos corruptos.
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Límites a la discrecionalidad del indulto: cuando el tipo penal defiende intereses ajenos

Una de las formas que está teniendo el gobierno de Zapatero para irse por la puerta grande es indultando a personas de las altas esferas. La tanda más famosa alcanzó a Alfredo Sáenz Abad, actual consejero delegado del Banco Santander; Miguel Ángel Calama Teixeira, actual director general de Caja Rural en Ciudad Real; y Rafael Jiménez de Parga Cabrera, catedrático emérito de Derecho mercantil de la Universidad de Barcelona y abogado. Todos ellos habían sido condenados por falsa querella relativa a estafa y alzamiento de bienes cuando Alfredo Sáenz era el máximo responsable de Banesto y Miguel Ángel Calama su responsable en Cataluña. Hay otra, de la que se benefician Guillermo D’Aubarede Paya y Fernando Pérez Lope, exdirectivos de Azucarera Ebro y condenados por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, por ocultar la sobreproducción de azúcar. En este caso, donde entran en juego los intereses de la Unión Europea, considero que el indulto es contrario a Derecho. Seguramente es una interpretación del ordenamiento que un Tribunal difícilmente aceptaría, y aunque lo hiciera la eficacia práctica sería escasa. Pero aquí van mis argumentos. Sigue leyendo

Sobre la acusación de Esperanza Aguirre a las asociaciones que venden camisetas

Primero Esperanza Aguirre acusó a Izquierda Unida de hacer negocio con la venta de camisetas que muchos llevan en las manifestaciones contra los recortes a la educación en la Comunidad de Madrid, con el lema “Educación de tod@s para tod@s”. La cosa se fue calentando, hubo acusación de delito fiscal y, finalmente, el 11 de octubre el PP habrá denunciado a la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y la FAPA Giner de los Ríos ante los Tribunales “amparándose en los artículos 305 y 627 del Código Penal”. Sólo tengo seis cosas que decir. Sigue leyendo