Locutorios con pasaporte

Nuestro Gobierno siempre busca nuevas formas de hacer un poco más difícil la vida de las personas migrantes. El artículo 24.1 del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana haría necesario identificarse para poder hacer uso de un locutorio. En teoría, según las declaraciones del Ministerio de Interior recogidas en la prensa, la obligación se desarrollará reglamentariamente y allí se establecerá qué tipo de documentos son admisibles. La cuestión clave en este caso es que, siempre según la noticia citada, “Interior aún no sabe si permitirá que los clientes presenten documentación de otros países y si la admitirá en el caso de que no tenga el visado reglamentario”. Una persona en situación irregular no tiene tarjeta de residencia o NIE, sino que sólo puede acreditar su identidad mediante el pasaporte de su país de origen. El pasaporte, de más está decirlo, es un documento totalmente estandarizado y admisible por definición en cualquier país como mecanismo para probar la identidad de su titular.

¿Sería proporcional no aceptar el pasaporte? Los juristas llamamos examen de proporcionalidad a un razonamiento que nos sirve para valorar los diferentes intereses en juego y ver si se ha sacrificado alguno de ellos más de lo necesario. Se trata de ver si la medida es adecuada (si permite alcanzar el objetivo que se persigue) y necesaria (no daña otro interés diferente más allá de lo estrictamente necesario).

El objetivo del control es garantizar la “seguridad ciudadana”, un concepto peligrosamente amplio. Por lo pronto, sugerir una conexión específica de los locutorios con la delincuencia, sabiendo que quienes acuden a los locutorios son personas migrantes en un alto porcentaje, huele a xenofobia que apesta. El Ministerio de Interior hace referencia a la necesidad de “dar cobertura a los establecimientos abiertos al público en los que se pueden cometer o encubrir delitos”; concretamente, se refiere a ciberdelitos relacionados con la “pederastia” o con “foros yihadistas”.

Frente a la preservación de la seguridad, se encuentra lo que, en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), se denomina “derecho al respeto a la vida privada y familiar”, reconocido en su artículo 8. Los locutorios permiten que muchas personas migrantes se mantengan en contacto con la parte de su familia que se ha quedado en su país de origen. El derecho del artículo 8 CEDH también incluye el secreto de las comunicaciones y la protección de datos.

Pues bien, si el Gobierno alega que pretende prevenir la comisión de ciertos ciberdelitos y facilitar que se persigan, no admitir el pasaporte como documento no tiene sentido. La medida no es adecuada, porque no está en consonancia con lo que se teóricamente se pretende (controlar quién usa este tipo de establecimientos para, llegado el caso, poder perseguir a quien haya cometido un determinado delito). El pasaporte permite identificar perfectamente a la persona de que se trate.

Podría considerarse que, al no permitir que las personas sin permiso de residencia acudan a un locutorio, se evita que cometan ese tipo de delitos. El argumento es del tipo “talar los árboles para evitar incendios forestales” y, claramente, va más allá de lo razonable. Estaría impidiendo el acceso a los locutorios a personas que no piensan cometer ningún delito, sino simplemente comunicarse con su familia u otras personas. La medida va mucho más allá de lo que sería necesario.

Probablemente, el objetivo real sea, simplemente, hacerle la vida más complicada a las personas que estén en situación irregular en España. Ese no es un objetivo confesable ni defendible ante un tribunal o ante la opinión pública. Pero el Gobierno puede emplear el derecho para azuzar el miedo entre las personas migrantes.

Está el evidente riesgo de que la Policía intente emplear estos datos para reprimir la inmigración irregular. Estaría cometiendo una ilegalidad, ya que los registros que lleven los locutorios están bajo la órbita del derecho de protección de datos, regulado en la Ley Orgánica 15/1999, y no cabe un acceso masivo a tales datos bajo la –por lo demás, cuestionable– suposición de que quien se ha identificado mediante el pasaporte es porque no tiene permiso de residencia. Como ha señalado la Agencia Española de Protección de Datos en su informe 133/2008, la cesión de datos personales a la Policía se hará necesariamente previa solicitud individualizada, debidamente motivada y dirigida a prevenir un riesgo real y grave para la seguridad ciudadana (no meramente potencial) o reprimir infracciones penales.

La Policía hace cosas que son ilegales, y más aún en materia de extranjería: por ejemplo, hace redadas racistas, donde se pide la identificación a personas sólo por el color de su piel; o realiza devoluciones “en caliente”, contrarias al derecho internacional y la ley española de extranjería. Por eso es fundamental que quede claro lo que puede y lo que no pueden hacer las autoridades, vigilarlas incesantemente desde la sociedad organizada y evitar que se extienda innecesariamente el miedo entre la población inmigrante en situación irregular. Que nadie les dificulte la vida en un aspecto tan básico como es la posibilidad de comunicarse con aquella parte de su familia que se encuentra en su país de origen.


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