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Propuestas para mejorar el Impuesto sobre Sucesiones

A estas alturas ya he explicado bastante por qué considero que el Impuesto de Sucesiones es necesario y está justificado, pese a los bulos que se están vertiendo en el debate. Pero no menos cierto es que necesita urgentemente una serie de reformas para que pueda cumplir su función. ¿Cuáles?

Primera. Una armonización interna.

La increíble disparidad entre Comunidades Autónomas en relación a los parientes directos (recuerdo que los indirectos pagan cuantías parecidas en todas las Comunidades Autónomas de régimen común), que es consecuencia de la competencia fiscal entre regiones, crea una erosión excesiva del principio de igualdad, tal vez inconstitucional por desproporcionada, pero que no puede achacarse a nadie (si acaso al Estado central); crea además desagravios que disminuyen la adhesión al tributo; y ha provocado una violación del Derecho de la Unión Europea.

La conclusión es evidente: es necesario armonizar el impuesto. Mi propuesta es recuperarlo, manteniendo la conjunción de tarifa progresiva más coeficientes multiplicadores, que tengan en cuenta el patrimonio preexistente y el grado de parentesco. Es decir, lo que ya hay. Lo del parentesco está demasiado arraigado como para suprimirlo (aunque yo lo suprimiría, pero no entremos ahí); el patrimonio preexistente tiene lógica porque el tributo pretende erosionar la concentración excesiva de riqueza. Propongo que los coeficientes los establezca el Estado central y no puedan modificarse; la tarifa sería adaptable por las Comunidades Autónomas, dentro de ciertos límites (del mismo modo que ya pueden modificar el tramo autonómico de la tarifa del IRPF, por ejemplo).

La tarifa y los coeficientes podrían calcularse de manera que el tipo marginal máximo sea el 50% (lo cual implicaría un tipo medio inferior) para personas con un patrimonio preexistente previo de unos cuatro millones de euros. Y para todas las herencias (entre parientes directos, indirectos y también extraños) establecería un mínimo exento, que podría calcularse teniendo en cuenta la riqueza media familiar (que es de 250.000 euros, aproximadamente, según la Encuesta Financiera de las Familias de 2014).

Segunda. Reglas de valoración.

Es necesario evaluar las reglas de valoración. ¿Dan precios reales? Para esto necesitamos un análisis que compare los precios de mercado con los valores calculados de acuerdo con el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria en las distintas Comunidades Autónomas. Se ha dado mucha publicidad a casos donde el valor calculado por la Administración autonómica es claramente desproporcionado: casos aparentemente reales y también casos de los que podemos determinar que han sido inventados (como el de la casita de Murtas). Yo he comprobado el valor a efectos tributarios de la casa de mis padres y hay ofertas de mercado por más de eso, pero sé que un caso concreto no es generalizable. Sabiendo si los resultados son o no fiables, podrían proponerse mejoras concretas.

Además, entiendo necesario suprimir el artículo 15 de la Ley del Impuesto, que afirma que el caudal hereditario se incrementa en un 3% como valor estimado del ajuar doméstico. El ajuar doméstico se define en el artículo 4.4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio como “los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo”. El Impuesto sobre el Patrimonio lo declara exento. Y, según el artículo 1321 del Código Civil, se imputa en el haber del cónyuge vivo cuando, en su caso, se disuelve la sociedad de gananciales. No tiene sentido añadirlo a la herencia. Tampoco lo tiene que se calcule como un porcentaje del valor total del caudal hereditario: ¿por qué usar un solar o unas acciones como referencia para estimar el valor del los efectos personales de una persona? Supresión, en suma. El ajuar quedaría exento.

Tercera. Reducciones en la base imponible

Es necesario revisar las reducciones en la base imponible y suprimirlas salvo que estén justificadas. Ahora mismo, la base del impuesto es un colador. Se deberían suprimir las reducciones por parentesco, por adquisición del patrimonio histórico, por adquisición de la vivienda habitual (aunque se debería mantener para el cónyuge supérstite, tal y como propone el informe Lagares -pág. 252, 266 del pdf-). Tened en cuenta que en mi propuesta habría un mínimo exento en todo caso, que compensaría en buena medida la supresión de estas reducciones para las herencias menores.

Deberíamos conservar las reducciones por discapacidad y también por adquisición de la empresa familiar, pero modificada.

Esta reducción se introdujo, en un primer momento, siguiendo una recomendación de la Comisión para facilitar la permanencia de las pymes y el mantenimiento del empleo. Tiene sentido, por tanto, establecer un límite máximo para la base de la reducción, de manera que sólo se aplique a pymes efectivamente. En Alemania, el Tribunal Constitucional ha afirmado que los beneficios sobre la transmisión de la empresa eran una violación del principio de igualdad, justificada en la medida en que ayudara a preservar el empleo pero que resultaba desproporcionada en la medida en que se aplicara a grandes empresas que no necesitaran dichos beneficios para garantizar su subsistencia.

Sería también conveniente introducir expresamente en la Ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita la reducción por adquisición de la empresa familiar a los activos necesarios para su actividad. Se trata de evitar que, por ejemplo, los herederos esquiven el pago del impuesto vinculando el padre las acciones de su SICAV a su empresa productiva.

La ley obliga al sucesor a mantener la empresa durante diez años, pero la interpretación administrativa ha ido flexibilizando este criterio, olvidando un poco el objetivo de la norma si nos inspiramos en la Recomendación de la Comisión (mantener la empresa y el empleo). Aunque pueda ser perfectamente admisible que los activos de la empresa se usen para otra actividad económica, sí podría plantearse exigir un mantenimiento del empleo, o que no se reduzca más allá de cierto parámetro. También sería conveniente flexibilizar el requisito temporal. Ahora mismo, si se incumple el plazo de diez años, hay que devolver todo el impuesto que se ahorró con la reducción. Lo suyo sería que se devolviera una parte proporcional al tiempo que quede para el término de los 10 años.

Cuarta. Facilidades de pago

Hay supuestos donde el contribuyente tiene dificultades para pagar. Muchas veces, esto se debe a que la herencia no contiene dinero, sino únicamente bienes inmuebles. En este caso el problema no es tanto de capacidad económica (porque sí que ha habido un incremento patrimonial, que justifica la exacción del tributo), sino de liquidez. En estos casos, la norma ya prevé el fraccionamiento en cinco años, pagando intereses. Mi propuesta es un aplazamiento de cinco años y sin intereses (para ello, se exigiría demostrar que se carece de liquidez para pagar el tributo); el propio inmueble o inmuebles, en su caso, constituirían automáticamente la garantía de pago.

Hay propuestas como una especie de dación en pago (es decir, pagar la deuda tributaria con la entrega de los inmuebles heredados). Normalmente, el pago de deudas tributarias tiene que ser en efectivo. El pago mediante bienes en especie es excepcional y sólo se permite allá donde una ley específica lo prevea. Ahora mismo sólo se permite pagar deudas tributarias mediante bienes del patrimonio histórico español. Podría estudiarse esta cuestión, obligando por ley a que los inmuebles entregados, si fuera posible, se destinen al alquiler social. Pero la norma que lo establezca debería ser dictada por las Cortes Generales.


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La familia, la propiedad privada y el Impuesto sobre Sucesiones

No he seguido la carrera de estrella de rock, así que al menos aspiro a morir de viejo, en 2080 por lo menos. No sé si decir que rodeado de mis hijos y nietos, porque suena demasiado a tópico. Pero vayamos a por el tópico. Supongamos que mi carrera universitaria no va mal y acabo siendo catedrático y dejando un patrimonio reseñable a mi descendencia. Quién sabe, estamos dejando volar la imaginación.

Evidentemente no estaré ahí llegado el momento, pero espero que mis hijos no rezonguen por tener que pagar el Impuesto sobre Sucesiones (digo también que espero que, cuando yo muera de viejo dentro de mucho tiempo, siga existiendo). Si lo pagan sin protestar, será señal de que les he enseñado algo.

Tal vez alguno de mis hijos (en las fábulas, suele ser el mayor el primero en hablar) diga “¡pero por qué tenemos que pagar por algo por lo que nuestro padre pagó en vida!” y yo querré que mi espectro se materialice para poder pegarle una colleja (costumbre que ojalá se haya perdido en 2080) o para, al menos, poder decirle “¡¡Pero si tú no pagaste ni un euro!!” (o la moneda que tengamos a esas alturas). Y ya, más calmado, añadir: “Tú pagas porque estás obteniendo, gratis, un incremento patrimonial”.

Sí, el Estado estará exigiendo un impuesto por la transmisión de un ahorro que será fruto del trabajo de toda mi vida. Pero pensémoslo un poco. Si llego a catedrático, ¿cómo lo habré conseguido? Gracias a mi esfuerzo, claro, cómo voy a decir lo contrario; gracias también a un poco de suerte; y gracias, no lo olvidemos, a la ayuda de todas las personas que pagan y habrán pagado impuestos en España.

Estudié en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública. Luego, si no fuera por la beca que me dio el Ministerio para hacer el doctorado, probablemente no podría haber hecho la tesis con la que inicié mi carrera, esa carrera que fue ascendiendo hasta llegar a catedrático. Estancias en el extranjero, ayudas para publicar mis trabajos, conferencias y proyectos de investigación: todo ello sufragado con fondos públicos que vienen de los impuestos de todo el mundo (y que, no os preocupéis, habré gastado bien). ¡Cómo voy a ser tan soberbio de considerar que el ahorro que dejaré a mis descendientes es fruto exclusivo de mi trabajo! La sociedad bien se merece una parte.

Lo mismo si hubiera tenido otro trabajo cualquiera. Si aprovechara mi conocimiento del sistema tributario internacional para hacerme empresario y exportar por todo el mundo, lo haría contratando a trabajadores que, en una gran mayoría, se habrían formado en escuelas sufragadas con fondos públicos y que estarían protegidos por el sistema estatal de seguridad social. Y exportaría a través de una red de carreteras y puertos pagados con los impuestos de todos.

Ojalá muera de viejo pero rápido y sin enterarme; si tuviera que sufrir un deterioro progresivo de mi organismo, espero que haya un buen sistema de sanidad pública para ayudarme y asistirme. Pagada con los impuestos de todos y que me ayude a pasar por esa etapa de mi vida de la manera menos penosa posible. Si la sociedad habrá ayudado a mis seres queridos a soportar la carga de un viejo enfermo, me parece justo que parte de ese “patrimonio familiar” revierta en la sociedad a través del Impuesto sobre Sucesiones, tal vez para ayudar a otros viejos enfermos como yo.

No vivimos solos. Nada de lo que conseguimos es fruto exclusivo de nuestro trabajo. Espero enseñarle estas dos cosas a mis hijos: que los impuestos son una respuesta a ese vínculo de dependencia mutua que existe entre todos los miembros de la sociedad; y que hay que luchar para que nuestra aportación, que es de todos, se emplee de manera justa.


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Si vives de alquiler, no te olvides del ITP

Desde hace mucho tiempo, quien vive de alquiler (es decir, quien es arrendatario o arrendataria de su vivienda) ha tenido que pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP o TPO, que es la modalidad del tributo que grava los arrendamientos). Lo que pasa es que casi nadie lo pagaba y la Administración no lo exigía. como anécdota personal, diré que una vez pregunté en una clase de tercero de grado y a NADIE le sonaba este tributo (y eso que buena parte de mis estudiantes vivían en Sevilla en pisos alquilados).

El impuesto está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993 pero, aunque la norma es del Estado central, su recaudación y gestión está cedida a las Comunidades Autónomas, que además tienen ciertas competencias normativas.

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha empezado una campaña para exigir este impuesto, y también Cataluña, Asturias, Andalucía y Galicia también han incluido la reclamación del tributo en sus planes de control tributario desde 2015. ¿Por qué ahora? Imagino que porque crece la proporción de personas que viven de alquiler y porque, aunque se trate de poco dinero, a las arcas autonómicas no le viene mal. Además, el cruce de datos con otras Administraciones es un trámite relativamente simple, ahora a disposición de las autoridades tributarias, que permite detectar muchos de estos alquileres sin declarar.

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“Hacienda somos todos” hoy un poco más que ayer

Acaba de conocerse el auto por el que las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que están enjuiciando el caso Noos deciden que sí, que la Infanta Cristina siga en el banquillo, contra el criterio del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado que representaba a la Hacienda Pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que en teoría somos, la respuesta no podría haber sido otra: la “doctrina Botín” (una afirmación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que señaló que la acusación popular, por sí sola, no puede sostener un proceso penal si el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento) no es aplicable en el caso de delitos contra la Hacienda Pública.

Dejemos aparte que la doctrina Botín es una regla de excepción, probablemente muy vinculada al enorme poder de quien le da nombre, que nunca se hubiera creado si se tratase del señor García de Tal; que otras sentencias del Tribunal Supremo matizan mucho dicha doctrina y que en este caso tampoco era aplicable por otras razones.

Lo importante (para mí, que soy tributarista) es que los artículos 305 y siguientes del Código Penal, que regulan los delitos contra la Hacienda Pública, son delitos que “afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (como señala el auto, con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008). Las magistradas entran en materia a partir de la página 28 del auto y, basándose en la jurisprudencia constitucional y del Supremo, defienden el carácter colectivo del bien protegido por la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

Hay quien considera que el delito fiscal es equivalente a un delito patrimonial (por ejemplo, un hurto o un robo) y sólo cambia que la víctima es la Hacienda Pública. De forma que corresponde a la Hacienda Pública defenderse, a través de la Abogacía del Estado (quien dijo, en este proceso, que “Hacienda somos todos” es un lema publicitario).

Ahora bien, los impuestos que no se pagan nunca han llegado a ser patrimonio del Tesoro. No hay tanto una sustracción de algo que estaba en la caja común. Como consecuencia, no es esa caja en sentido estricto lo que se protege, sino la correcta recaudación tributaria de acuerdo con los principios constitucionales tal y como se han concretado en la legislación.

Existe por tanto un perjuicio económico pero también, como señala la STC 643/2005, de 19 de mayo, existe una lesión de “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas”, así como una “inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”.

Por tanto, el Ministerio Fiscal (que institucionalmente defiende la legalidad y el interés público) no puede “monopolizar” (es el verbo que utilizó el Tribunal Supremo en la Sentencia 54/2008) la visión de unos intereses colectivos como la correcta aplicación del sistema tributario; tampoco puede hacerlo la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública porque, como señala la página 33 del auto, “la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

El fraude fiscal nos afecta, y mucho, a quienes pagamos nuestra parte. Lo que alguien deja de pagar, a medio plazo, nos toca pagarlo al resto. Cuando hay un nivel determinado de fraude, o se recortan servicios públicos para equilibrar las cuentas o se suben los impuestos y entonces quien ya está bajo el radar de la AEAT tiene que pagar un poco más.

Hacienda somos todos porque cada cual pagamos impuestos; porque cada cual participamos en la aplicación de las normas tributarias cada vez que presentamos nuestra declaración de la renta o de IVA o mil cosas más; porque cada cual obtiene el beneficio colectivo de los servicios y actividades públicas que se sufragan con ese dinero; y, también, porque cada cual tenemos el derecho de defender, dentro y fuera de juicio, que el reparto de la carga tributaria sea justa y que el dinero recaudado se emplee bien.


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Y ahora pasemos a publicidad: “Hacienda somos todos”

La frase es demoledora: nada menos que una Abogada del Estado ha calificado de “publicitaria” la frase “Hacienda somos todos”.

ignoro si esta persona recuerda más o menos lo que dice la Constitución, pero el artículo 31.1 dice que TODOS contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución, nada menos. Increíble, verdad. Uau.

La Sagrada Constitución.

Tal vez sin querer decirlo, la Abogada del Estado ha dicho que el artículo 31 de la Constitución, donde custodiamos todos los principios de justicia tributaria, es un lema publicitario. Que todos esos derechos que la Constitución nos reconoce y que son papel mojado son un reclamo publicitario.

Porque la Constitución había que vendérnosla de alguna manera, esa monarquía y ese que todo cambie para que nadie cambie y esa unidad de España y recientemente ese artículo 135 que nos dice que hay que pagar la hipoteca antes que comer.

¿Cómo se vende eso? Con un poquito de publicidad. Hacienda somos todos. Todos somos iguales ante la ley. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Propaganda. Pura propaganda para que comprásemos un producto defectuoso llamado Transición, llamado Régimen del 78.

Cuando se trata de salvar su propio pellejo, los que siempre tuvieron el poder dejan ver la realidad por detras de sus máscaras y su teatro.

Sí, “Hacienda somos todos” es publicidad. Es propaganda. Miradlo bien, el Rey está desnudo.


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¿Qué podemos hacer con el IVA?

Falta menos de un mes para las elecciones del 20-D y se van conociendo diversos aspectos tributarios de los programas electorales. Como el IVA está armonizado (es decir, sus aspectos básicos se regulan en normas de Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente la Directiva 2006/112/CE) ante determinadas propuestas la primera pregunta es “¿pero Europa nos deja hacer eso?”. Y por eso estas líneas, para ver -fundamentalmente- cuál es el margen de acción que tenemos al hacer política tributaria con el IVA y para valorar algunas de las propuestas existentes. Sigue leyendo

En defensa del Impuesto sobre Sucesiones

Hace poco, el PP andaluz lanzó por Twitter (y supongo que por otras redes sociales) una campaña contra el Impuesto sobre Sucesiones con el hashtag #NoImpuestoSucesiones que llegó a ser, si no recuerdo mal, tercera tendencia en España. Rápidamente el hashtag se llenó de liberales defensores del Estado mínimo, algo que no debería sorprendernos. Como si no tuviera nada mejor que hacer, me dediqué parte de la tarde a debatir/discutir el tema, aunque tengo que reconocer que es difícil luchar contra razonamientos que tienen una clara raigambre emocional. Pasados algunos días, ya con la cabeza algo más fría, voy a resumir algunas ideas para defender, claro que sí, el Impuesto sobre Sucesiones. Y voy a hacerlo respondiendo a los argumentos más frecuentes que leí el otro día. Sigue leyendo