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Monedero: tres reflexiones jurídicas

Ya estoy un poco cansado de escuchar cuñaderíos varios sobre Juan Carlos Monedero y de que me preguntéis cosas sobre su situación fiscal (aunque me encante ser tributarista de referencia para alguna gente, contestar en los 140 caracteres de Twitter es complicado). De modo que, aunque llevo resistiéndome como gato panza arriba a hablar del tema, allá van algunas ideas, agrupadas en tres reflexiones.

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Vic y el derecho a la inscripción en el padrón municipal

El ayuntamiento barcelonés de Vic, gobernado en coalición por PSOE, CIU y ERC, saltó a las noticias cuando se supo que se pretendía denegar la inscripción en el padrón de los inmigrantes que se encontraran en situación irregular: esto es, sin permiso de estancia o residencia válido. Ante la polémica, el ayuntamiento solicitó una aclaración al Ministerio de Justicia. La respuesta es bien clara:

1) La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España.
2) A efectos de tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado.

La conclusión la podría haber alcanzado cualquiera con mínimos conocimientos de Derecho que hubiera acudido a la Ley de Extranjería (y su artículo 6: “Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio”), al artículo 40 del Código Civil (“el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual”) o a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (cuyo artículo 15 afirma que “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”). O que hubiera buscado en internet reflexiones como las de Pascual Aguelo o los expertos del CGAE, que llegaron a afirmar que denegar la inscripción podría constituir delito. O incluso a una resolución de la Presidenta del INE y el Director General de Cooperación Territorial, de 4 de julio de 1997 (BOE de 25 de julio, pág. 22878) que contiene instrucciones técnicas dirigidas a los ayuntamientos y que afirmaba que éstos deben realizar la inscripción sin “realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”. Pero aunque en apariencia la cuestión haya quedado zanjada, tras la decisión de Vic se advierten demasiadas cosas como para no dedicarle un poco de atención.

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