Hace más o menos un año el SAT se llevó 9 carros de comida de un Mercadona. Ahora acaba de llevarse una decena de carros de material escolar de un Carrefour (aquí lo cuenta Francisco Artacho, que estaba allí).
Las reacciones son equivalentes. Destaca el Ministerio del Interior anunciando que detendrá a los sindicalistas del SAT que se han llevado el material escolar. De nuevo, la justicia a dos velocidades, en plena resaca del borrado de los discos duros de Bárcenas. El contexto también es equivalente, sólo que ahora los millones de paradxs son seis, y las familias con todos sus miembros en paro casi dos millones. Y dos millones de andalucxs en situación de pobreza y cuatrocientas mil familias andaluzas sin ningún tipo de ingreso.
Como afirma el SAT en su página, el gasto en material escolar es de unos 100 a 150 euros de media. Pensad en una familia sin ningún tipo de ingreso, o que con suerte aún recibe una ayuda de 426 euros al mes. Una familia que, si pagaba una hipoteca, probablemente ha dejado de pagarla y aún así hace malabares para llegar a fin de mes. Cualquiera con un mínimo contacto con la realidad debe saber que no estoy inventándome a esta familia, sino que estoy describiendo lo que he visto muchas veces.
Ha pasado un año, la crisis-estafa sigue su curso. La gente se está organizando en reyes de apoyo mutuo. Si la ley se convierte en una alambrada que nos separa de una vida digna, desalambrar es tan ilegal como necesario.
Estaba antes hablando en Twitter con Raul Gámez y Tomás Aríñez sobre el término «expropiación» que se está usando para describir estas acciones. Entiendo que tiene un valor porque nos recuerda que, incluso en nuestro sistema jurídico, el derecho de propiedad tiene límites; además, nos da rápidamente la idea de qué es lo que se hará con el material que el SAT se ha llevado de Carrefour. Pero, llamando a las cosas por su nombre, se trata de un caso de desobediencia civil.
Desobediencia civil porque se viola la ley a sabiendas, porque se asume la reacción punitiva del Estado (si alguien sabe de lo que es sufrir esa represión en las carnes es la gente del SAT); desobediencia civil porque tiene un carácter instrumental: se hace para denunciar que el sistema es injusto. Obviamente, la «expropiación» (si la queremos llamar así) es simbólica. El material que se han llevado los sindicalistas no va a resolver los problemas de exclusión de las familias andaluzas. Lo importante es poner de manifiesto un problema.
El Gobierno se retrata doblemente: afirmando que perseguirá por tierra, mar y aire a los sindicalistas y diciendo, a través de su delegada en Andalucía, que acciones como esta dañan al turismo y «ahondan» (sic) en la imagen tercermunidista de Andalucía. Lo malo no es que los niños no coman, lo malo es que se sepa.
Alguien puede preguntarse: ¿qué culpa tiene Carrefour? Leo una reflexión sobre el caso del Mercadona que dice que estas acciones no son desobediencia civil porque la desobediencia civil es contra el gobierno. Como si pudiéramos separar una cosa de otra, como si la protesta del SAT no fuera más allá de la inacción del gobierno y fuera directo a criticar la injusticia del sistema económico capitalista, que convierte la educación en mercancía, que señala a los culpables de esta crisis-estafa. Pero mejor que lo diga la gente del SAT.
Y una última nota al pie, Hacienda reclama a Carrefour 366 millones de euros pagados de menos entre 2004 y 2007 en el Impuesto sobre Sociedades. Esos son los robos que nos deberían preocupar profundamente y ser objeto de debate en las tertulias.
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