La “jurisprudencia de crisis” del Tribunal Constitucional portugués

El Tribunal Constitucional portugués ha desarrollado una jurisprudencia muy interesante cuando, durante la crisis de deuda portuguesa y especialmente tras el “rescate”, ha tenido que decidir sobre la constitucionalidad de los recortes acordados por el Gobierno. Muy brevemente, la jurisprudencia puede resumirse en dos tendencias.

La primera, a partir de una interpretación extensiva del concepto de “interés público”, reconoce al legislador un margen de actuación extraordinario. Hay, al menos, dos cuestiones. Por una parte, el principio de confianza legítima (que permite a los trabajadores públicos esperar que sus salarios se mantengan, o a los jubilados que suceda lo mismo con sus pensiones, porque la tendencia a lo largo de años venía siendo esa) puede ceder ante un “interés público” legítimo. Por otra, la concurrencia de un “interés público excepcional” permite al Tribunal Constitucional modular los efectos temporales de la sentencia, permitiendo que no tenga efectos retroactivos, de forma que el Gobierno no tuviera que devolver, por ejemplo, las pagas extras suspendidas (incluso, de forma muy polémica, ha retrasado los efectos hasta después de la publicación, hasta final del año presupuestario).

Este interés público se configura como verdaderamente excepcional y grave. Esto es así especialmente tras el “rescate”, en la medida en que Portugal no es capaz de obtener recursos en los mercados de capitales y su financiación pasa a depender de las transferencias de la UE y el FMI, que están condicionadas (recordemos Grecia) a la adopción de una serie de medidas de estabilización presupuestaria y fomento de la competitividad económica. Al tiempo que grave, la crisis es una situación temporal, por lo que el Tribunal sólo considera que justifique medidas que también sean temporales (los recortes de salarios y pensiones, el gravamen complementario en el impuesto sobre la renta personal…), nunca permanentes.

Al arrumbar el principio de confianza legítima por efecto del peso concedido al “interés público” de mantenimiento de las funciones públicas para garantizar la financiación del Estado, el Tribunal Constitucional crea un ámbito extraordinario de discrecionalidad legislativa. La supervisión de su ejercicio se produce mediante el fortalecimiento de un principio de igualdad, en la forma denominada “igualdad proporcional”. Esta es la segunda tendencia de la jurisprudencia “de crisis” portuguesa. Hecha tabla rasa sobre las expectativas previas, que la crisis ha destruido, el equilibrio de las cuentas públicas implica una carga que debe repartirse de manera equitativa entre toda la población. Es un criterio similar al de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución Española.

Desde este punto de vista, algunos jueces afirmaron que era preferible equilibrar las cuentas subiendo impuestos (que son generales) que recortando gastos que afectan a colectivos determinados (los trabajadores del sector público, si hablamos de salarios; los jubilados, si hablamos de pensiones; las personas que reciben una determinada prestación por desempleo o enfermedad…). El Tribunal Constitucional, sin embargo, lo acepta siempre que no se exija un sacrificio desproporcionado a los grupos afectados. La aplicación de este principio es muy complicada, y tiene en cuenta cuestiones como el valor absoluto del recorte, la progresividad interna de dicho recorte y si afecta excesivamente a las personas en una situación más vulnerable. Por ejemplo, una recorte que afectaba a los sueldos a partir de 1500 euros se consideró constitucional, pero una que afectaba a partir de 675 euros se calificó de desproporcionada, entre otras cosas porque afectaba excesivamente a los planes de vida de este grupo de personas que cobraban tan poco (que ya se habían visto afectados por otros recortes y por subidas de impuestos).

Este análisis puede ser muy criticable (se le ha acusado tanto de pasarse como de quedarse corto) pero, por lo menos, lo intenta; y contrasta con la escasa calidad de algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional español, que ha rechazado cuestiones de inconstitucionalidad contra medidas de reducción salarial (como las contenidas en el Real Decreto-Ley 20/2012) a través de autos, con base en una interpretación extensiva –que entendemos criticable– del concepto de “notoriamente infundada” del artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Al aplicar el principio de igualdad del artículo 14 CE se ha limitado a decir cosas como que “los diferentes grupos o categorías en que se clasifican los funcionarios” no constituyen situaciones subjetivas homogéneas o equiparables [ATC 179/2011, FJ 7 a)], lo cual implica que es imposible controlar seriamente las decisiones del legislador. Y no digamos nada de la celeridad: las principales sentencias portuguesas se dictaron en pocos meses. Envidiaca.

El Tribunal Constitucional portugués ha desarrollado principios innovadores y ha buscado un equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas para dar respuesta a la crisis de las finanzas públicas y garantizar un equilibrio en el reparto de las cargas de la crisis. De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, la disminución de 7,8 puntos de déficit en Portugal entre 2010 y 2015 se realizó en un 52,6% mediante el recorte de gastos. Puede parecer mucho, pero queda por debajo de los dos tercios inicialmente definidos en el programa de rescate y es el porcentaje más bajo entre los países rescatados. Probablemente su Tribunal Constitucional tiene algo que ver.

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La imagen está tomada de este blog y supuestamente sujeta a licencia CC-BY-SA 2.5. Y mola.


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