Síntesis de la reforma de la LGT de 2015

El 22 de septiembre de 2015, se ha publicado en el BOE la reforma de la Ley General Tributaria. Esto es una síntesis o resumen de su contenido. Tenemos la suerte de que el legislador ha respetado la vacatio legis del Código Civil, y la Ley no entrará en vigor hasta pasados 20 días desde su publicación en el BOE. Esto es lo que se nos viene encima:

libros apilados

No he sido capaz de identificar el autor de la imagen. Aparece en este blog, sujeto a una licencia CC-BY-NC-SA 3.0.

a) Se modifica el art. 12.3 para aclarar que la DGT puede dictar disposiciones interpretativas, que vincularán a la Agencia Tributaria. Ya lo sabíamos hace años, de todas formas. También se prevé que las disposiciones interpretativas podrán someterse a trámite de información pública, lo cual me resulta entre curioso e interesante; y se prevé la publicación en el BOE correspondiente [queda en el aire la cuestión, conflictiva, de la potestad de interpretación que pueda tener la AEAT; y el problema de la publicidad de los criterios administrativos].

b) Arts. 15.3, 179.2.d) y 206 bis: El conflicto en la aplicación de la norma será sancionable cuando exista un criterio administrativo previo declarando la conducta adoptada como abusiva (aquí un comentario de la propuesta, cuando estaba en fase de Anteproyecto; pero téngase en cuenta que ha cambiado bastante desde entonces). Se presume la falta de diligencia o irrazonabilidad del criterio adoptado por ese contribuyente, de acuerdo con la nueva redacción del art. 179.2.d) LGT.

c) Art. 29.3: La norma reglamentaria determinará los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos. La vinculación más evidente que se me ocurre es con el llamado “Suministro Inmediato de Información” (SII), que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. De acuerdo con el SII, las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual del IVA deberán llevar los libros registro de este impuesto a través del portal de la AEAT. En relación con esto, se introduce en el art. 200 (“Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales”) un nuevo apartado: “El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente”, que se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros. Tanto la reforma del artículo 29.3 como la del 200 LGT entrarán en vigor el 1 de enero de 2017 (que es cuando comenzará a aplicarse el SII). Se reforma también el 199 LGT (infracción por presentar autoliquidaciones o declaraciones incorrectamente, sin perjuicio económico para Hacienda), algo que podría considerarse relacionado con esta cuestión, ya que pasan a ser sancionables, además de la presentación errónea de autoliquidaciones, declaraciones o documentos relacionados con la deuda aduanera, cualesquiera “otros documentos con trascendencia tributaria”. Además, su presentación por medios no telemáticos cuando exista la obligación de hacerlo por esos medios se sancionará con una sanción fija de 250 euros (con carácter general, la sanción previa a la reforma es de 1500 euros).

d) Art. 43.1.e): se sustituye “agentes y comisionistas de aduanas” por “representantes aduaneros” al regular su responsabilidad subsidiaria respecto de la deuda tributaria de sus comitentes (no es más que una adaptación a la terminología del nuevo régimen aduanero de la UE).

e) Se modifican las reglas de la prescripción tributaria. La principal novedad (una posibilidad que en realidad ya existía desde que la abrió el Tribunal Supremo, en dos sentencias de 5 y 19 de febrero de 2015) es que la AEAT podrá revisar períodos ya prescritos en la medida en que tengan efectos en ejercicios no prescritos [art. 66 bis.1 y art. 115]. Además, se establece un plazo específico de prescripción (diez años) para el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación [art. 66 bis.2]. Respecto al inicio del cómputo de los plazos de prescripción, se clarifica que en los tributos de cobro periódico por recibo en los que no sea necesario presentar declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo [art. 67.1.a)]. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a liquidar una deuda implica la interrupción relativa a deudas conexas con la primera o la solicitud de devoluciones [art. 68.9]. Existen diversos preceptos nuevos que, en la misma línea, vinculan una liquidación y las posibles deudas o derechos a la devolución conexos: en materia de suspensión previa prestación de garantía [art. 224.5 y art. 233.7] y de regularización de la deuda en ejecución de una resolución favorable [art. 225.3].

f) Art. 92.2: Se modifica la regulación de la colaboración social en la aplicación de los tributos, para incluir entre sus objetivos la promoción del cumplimiento voluntario en el marco de la llamada “relación cooperativa” o “cumplimiento cooperativo” (aquí un pequeño trabajo sobre qué es eso; aquí, mi tesis). La reforma da amparo legal expreso al Foro de Grandes Empresas y al Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios.

g) Art. 95: Se establecen dos nuevas excepciones al carácter confidencial de los datos con trascendencia tributaria: en primer lugar, la colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (creada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) para la localización de bienes embargados o decomisados en un proceso penal; en segundo lugar, que así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea.

h) Art. 95 bis: regula la famosa “lista de morosos”. Se prevé publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando sean superiores a un millón de euros y no se hayan pagado en período voluntario (o aplazado o fraccionado).

i) Modificación del artículo 104.2 LGT sobre cumplimiento (por parte de la Administración) de los plazos máximos de un procedimiento: La ley establece que ahora mismo, para entender que la Administración cumplió, bastará que haya intentado notificar una vez dentro de plazo. En el caso de notificaciones electrónicas, se aclara, se entenderá que la Administración ha cumplido si pone la notificación a disposición del obligado en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

j) Modificación del art. 106, sobre medios de prueba. La cuestión fundamental es que la factura no se considerará medio de prueba privilegiado: si la Administración cuestiona su validez de manera fundamentada, la carga de la prueba recaerá sobre el obligado tributario.

k) Nuevo art. 119.4, que establece lo que sigue: “En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del inicio del procedimiento de aplicación de los tributos”.

l) Se modifica el apartado 1 del art. 135 para aclarar la interacción entre la tasación pericial contradictoria y el procedimiento sancionador. Cuando el obligado tributario pida la tasación, además de suspender la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrirla, se suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente o el propio plazo máximo del procedimiento sancionador ya iniciado, en su caso. Si ya se hubiera impuesto sanción pero, como consecuencia de la tasación pericial contradictoria, se dictara una nueva liquidación, se anulará la sanción y se dictará una nueva.

m) Se modifica el art. 136.2, sobre facultades de la Administración en un procedimiento de comprobación limitada. En principio, en este procedimiento, la Administración no puede examinar la contabilidad mercantil. No obstante, si el contribuyente la aporta voluntariamente, se dan los dos siguientes efectos: en primer lugar, podrá examinarse, sólo para constatar la coincidencia entre lo que figure en la documentación contable y la información de la que disponga la Administración; en segundo lugar, tal examen no producirá el efecto preclusivo del artículo 140 LGT.

n) Se modifican los plazos del procedimiento inspector del art. 150. El procedimiento será más largo, en principio: 18 meses, con carácter general, y 27 en los casos en que quepa ampliación de las actuaciones (los supuestos habilitantes se modifican también). Se suprimen los supuestos de interrupciones justificadas y dilaciones imputables al contribuyente; se introducen supuestos de suspensión. En general, la modificación es profunda y podemos vaticinar un gran número de artículos doctrinales y Trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster sobre este particular. Y, probablemente, una entrada en este blog. De acuerdo con el art. 211.2, que también se modifica, si se ha iniciado el procedimiento sancionador y se produce alguna de las causas de suspensión del inspector del que trae causa, la suspensión también afecta al procedimiento sancionador.

ñ) Se modifica el art. 158, sobre estimación indirecta. Se desarrollan los indicios o datos en que puede basarse la estimación indirecta y los elementos que podrán determinarse; se prevé aplicar la estimación indirecta para unos elementos (por ejemplo, ventas) y la directa para otros suficientemente demostrados (por ejemplo, compras); por último, se prevé que en el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año (por ejemplo, el IVA) la cuota anual estimada se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un reparto temporal diferente.

o) En la lista de sujetos infractores del art. 181, se sustituye la letra d), “La sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal”, por “La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal”.

p) En materia de revisión económico-administrativa, hay muchísimas modificaciones, de las que solo voy a destacar algunas. Se establecen una serie de medidas para promover la unidad de criterio (así, se revisan las reglas de acumulación de reclamación económico-administrativa y se faculta al tribunal para, fuera de los supuestos reglados, acordar de manera motivada la acumulación [art. 230]; o se establecen nuevos recursos para la unificación). Se prevé el expediente electrónico, con carácter obligatorio para los contribuyentes que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas y potestativo para los demás [art. 234.4, art. 235.3, art. 235.5, art. 236.1]. Se soluciona toda la cuestión relativa a la doctrina del tiro único, o diría que eso se intenta, cuando se afirma que “los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación” [art. 239.3]. Eso da para entrada aparte, seguramente. Se introducen dos recursos nuevos, el de anulación [art. 241 bis] y el recurso contra la ejecución [art. 241 ter]. Se reconoce expresamente que los tribunales económico-administrativos podrán presentar cuestiones prejudiciales ante el TJUE (realmente, ya podían), se esboza el procedimiento y se remite al reglamento su desarrollo más detallado [art. 237.3].

q) Se introduce un título VI [arts. 250 a 259] que lleva por título “Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública” y se modifica la DA 10ª. La disposición final primera de la Ley 34/2015 modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La regla general ante delito tributario pasa a ser que, cuando se aprecien indicios de delito, la Administración todavía podrá liquidar (aunque no iniciará procedimiento sancionador) antes de remitir el tanto de culpa al Juez o a la Fiscalía (salvo que eso pudiera provocar la prescripción del delito, o perjudicar a la investigación penal). Las liquidaciones dictadas en este procedimiento serán provisionales. Hay numerosas modificaciones en la LGT para adaptarla a este nuevo título: se modifica el art. 81 para adaptarlo al procedimiento de liquidación en caso de delito fiscal; el art. 180, para suprimir las referencias al delito fiscal; el art. 221.c), para adaptar las referencias a la nueva normativa. Los arts. 5.1 y 46.2 se modifican para recoger la introducción de nuevos procedimientos de aplicación de los tributos (este y el que veremos a continuación).

r) Se introduce un título VII, “Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario” [arts. 260 a 271]. Se trata de un procedimiento ejecutivo (o varios), donde el obligado tributario tiene pocas posibilidades de defensa o de retrasar el esperable final: la devolución (incluso, por ejemplo, el art. 65.2 se modifica para prohibir el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado). Téngase en cuenta que los hechos ya habrán sido discutidos, en su caso, en el correspondiente procedimiento desarrollado en el ámbito de la UE. Esto, probablemente, también dé para entrada.

s) Se modifica parcialmente la DA 6ª.4, que contiene la regulación de los efectos de la revocación del NIF. Ahora, la revocación determinará la pérdida de validez a efectos identificativos de dicho número en el ámbito fiscal y no será posible utilizarlo transitoriamente para cumplir con las obligaciones tributarias pendientes, sino que será necesario obtener un nuevo número o rehabilitar el anterior.

t) Se introduce una DA 20ª, que regula en qué términos se aplica la LGT a los tributos que integran la deuda aduanera (con carácter general, será aplicable salvo que se oponga a la normativa de la Unión Europea).

u) Se introduce una DA 21ª, que establece la preferencia del procedimiento amistoso en materia de imposición directa previsto en los convenios o tratados internacionales respecto de un posible procedimiento de revisión (que se suspenderá).

v) Se introduce una DA 22ª, que regula las obligaciones de las entidades financieras para en materia de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua [se refiere tanto a la Directiva 2011/16/UE como a la normativa FATCA]. Establece también una serie de infracciones.

Hasta aquí por hoy. Faltan por analizar las 724 palabras que describen el régimen transitorio (¡yupi!) y las doce disposiciones finales, que dejo para otro día.


Recuerda que puedes votar la entrada, comentar y/o compartirla en redes sociales. 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s