La herencia recibida se llama morosidad comercial

Esta mañana leía esta noticia:

Proveedores

El timing de Montoro es una maravilla: Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana son tres Comunidades Autónomas que gobernaba el PP hasta hace poco y cuyo gobierno ha perdido tras las autonómicas de mayo. Y ahora, parece, se advierte de la posibilidad de dictar “medidas coercitivas”. O eso parece decir la noticia.

En realidad, no es así: ha habido numerosas advertencias contra estas Comunidades Autónomas en los últimos meses, tal y como refleja la prensa y los informes publicados por el Ministerio de Hacienda. Pero antes de ver si Cristóbal Montoro ha seguido estrictamente la norma aplicable o se ha dejado llevar por las afinidades de partido, necesitamos ver qué es eso los plazos de pago a proveedores y las medidas coercitivas.

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria (LOEP), tiene un carácter fuertemente centralizador y mecanismos muy severos de supervisión del Gobierno central sobre las cuentas autonómicas. La Ley Orgánica 9/2013 introdujo en el andamiaje de la LOEP también la cuestión de la morosidad comercial. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda es competente para realizar un seguimiento continuado de los plazos de pagos a proveedores. Si se van incumpliendo los plazos (si se paga con más de 60 días de retraso, como media) se adoptan sucesivamente una serie de medidas para corregir la situación.

La hemeroteca refleja dos cartas, de 5 de marzo y de 26 de marzo. El informe sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CC.AA. relativo a febrero de 2015 afirma, en su página 9, que el 26 de marzo se efectuó comunicación de alerta a Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana, en virtud del artículo 18.4 LOEP. Eso exigió a estas tres Comunidades Autónomas la adaptación del plan de tesorería y la adopción de medidas para conseguir la liquidez necesaria y reducir la morosidad comercial. La adaptación tuvo que realizarse durante abril.

Dice el artículo 20.5 LOEP que si pasados dos meses desde la comunicación de alerta se sigue pagando con más de 60 días de retraso a los proveedores, se adoptarán medidas correctivas (la noticia habla de medidas coercitivas, pero esas son mucho después). Suponiendo que se da un mes para modificar el plan de tesorería, lo que nos coloca en el 26 de abril, estarían a punto de cumplirse los dos meses que dice la norma. ¿Cuáles son esas medidas correctivas? Lo que tocaría ahora es una prohibición absoluta de incrementar el gasto no financiero global; la sujeción de toda operación de endeudamiento a largo plazo a autorización del Estado central; y una nueva revisión del plan de tesorería. Sólo si, tras la adopción de estas medidas, pasan dos meses y se siguen incumpliendo los plazos, el Estado central podrá coger el dinero del sistema de financiación destinado a la Comunidad Autónoma de que se trate y pagar directamente a los proveedores con ese dinero (artículo 20.6 LOEP).

Parece que sí, que si vamos siguiendo los plazos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es ahora cuando toca empezar con las medidas correctivas (que no coercitivas) y, si nada cambia, para finales de agosto podríamos llegar a la situación en la que el Ministerio de Hacienda retenga parte de la financiación de las Administraciones morosas para pagar las facturas. Eso sí que es una “herencia recibida”.

Pero ojo: ya el informe de enero de 2015 afirma que entonces se incumplían los plazos del 18.4 según los cuales el Ministerio de Hacienda tenía que formular una comunicación de alerta. Comunicación que podría haberse realizado a finales de enero o principios de febrero, pero que se demoró hasta finales de marzo. Del mismo modo, en la práctica no se han aplicado cuando correspondían muchas de las medidas para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Aquí nos encontramos con el problema de unos mecanismos de control y sanción cuya efectiva aplicación no es automática, sino que depende de la decisión de un órgano evidentemente político, como es un Ministro (¿necesitamos entonces, o no, organismos independientes para controlar estas cosas?).

Ojalá no sea así (nunca debemos fiarnos de un titular de prensa) pero si ahora se comienzan a aplicar con automaticidad las medidas contra las Administraciones morosas, se estaría demostrando que la ley se aplica con menor o mayor rigor según quién se encuentre delante. Y, evidentemente, eso no es derecho.


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