El camuflaje presupuestario del Ministerio de Defensa

Es importante que los Presupuestos del Estado sean completos. Es decir, que contengan todos los ingresos previstos y todos los gastos autorizados. Lo es por varios motivos, entre ellos para promover la racionalización del gasto desde un punto de vista económico y para facilitar la transparencia y el control (porque sólo así se ofrece una imagen lo más real posible de las prioridades del Gobierno).

El problema es que, como el Gobierno sabe que al día siguiente de que se presente el Proyecto de Ley de Presupuestos van a aparecer sesudos análisis en prensa sobre su cariz o tendencia, intenta adornarlo con lucecitas de colores. Como suele decirse en Twitter, dos noticias juntas se entienden mejor:

dosnoticias

Las dos son noticias de este año (aunque referidas a ejercicios presupuestarios diferentes) y vienen a decirnos el gasto en I+D tiende a hacerse parecer mayor de lo que es, mientras que el gasto en armamento se intenta hacer pasar desapercibido. No es necesario decir que el gasto en defensa es socialmente más impopular.

Pues bien, el Gobierno puede permitirse presentar un proyecto de Ley de Presupuestos donde los gastos del Ministerio de Defensa estén infravalorados y luego hacer uso de determinados mecanismos para incrementar los créditos presupuestarios de manera simple. Esto genera una desviación sistemática entre lo presupuestado inicialmente (segunda columna de la tabla de abajo) y lo que finalmente se gasta (tercera columna) que se ha disparado desde 2012 (las cuantías están en miles de euros):

desviaciónDefensa

¿Cómo se produce esta desviación? En primer lugar, existe una figura llamada “créditos ampliables”. Se refieren a aquellos gastos cuya cuantía es difícil de estimar, por lo que la Ley General Presupuestaria (artículo 54) prevé que se pueda incrementar su cuantía de manera sencilla. Son créditos ampliables los que establece la propia Ley General Presupuestaria (fundamentalmente, Clases Pasivas, deuda pública y actividad protectora de la Seguridad Social) y aquellos previstos en el Anexo II de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Allí encontramos la declaración como ampliables de determinados créditos para gastos originados por la participación de las Fuerzas Armadas en “operaciones de mantenimiento de la paz”, sea lo que sea eso. Desde 2002 hasta 2010, el crédito ampliable tenía la clasificación económica 228, que se refiere a gastos corrientes en bienes y servicios (que incluye suministros y bienes no inventariables). Desde 2011 y hasta la actualidad, son ampliables también los créditos 128 (gastos de personal) y 628 (inversiones reales), lo cual da más margen de maniobra al Gobierno para incrementar los gastos con un alto grado de opacidad y un control parlamentario muy limitado (en la medida en que se financian mediante el Fondo de Contingencia, se informa trimestralmente a las Cortes del uso que se ha hecho de dicho Fondo).

El enorme salto, de todas formas, se da a partir de 2012. Hasta entonces, la desviación entre lo presupuestado inicialmente y el presupuesto liquidado nunca supera el 17%. En 2012, por el contrario, alcanza el 45,11% y en 2013 el 33,84%. Es cuando el nuevo Gobierno, del Partido Popular, con un Ministro de Defensa que viene de la industria armamentística (correlación no implica causalidad, pero un caso así sí huele mal) comienza a aprobar sistemáticamente, en verano, un real decreto-ley que incrementa el gasto en Defensa. Este es el primero, de 2012, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de septiembre:

CExDefensa2012

Junto a este Real Decreto-Ley de 7 de septiembre de 2012, se han aprobado otros, de 26 de julio de 2013, de 1 de agosto de 2014 y de 14 de mayo de 2015. La modificación presupuestaria empleada es el crédito extraordinario, que sólo puede emplearse -en teoría- para cubrir un “gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente”. Además, este crédito extraordinario debe aprobarse mediante ley. El Gobierno emplea el real decreto-ley, que es una norma con rango de ley, efectivamente, pero que sólo puede emplearse en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Los decretos-leyes repiten, con escasas modificaciones, dos justificaciones: “la exigencia de atender al pago de obligaciones que ineludiblemente debe satisfacer la Administración” y “la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros afectados”. Pero cuando sistemáticamente se aprueba, año tras año, un crédito similar a las mismas alturas del año y con los mismos argumentos, el carácter extraordinario no queda particularmente claro.


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