El déficit oculto valenciano

La Comisión Europea ha propuesto sancionar a España por la “notificación incorrecta” de los datos de déficit valenciano. Algunas notas rápidas:

¿Qué ha pasado exactamente?

Las políticas presupuestarios de los Estados Miembros de la Unión están coordinadas. Hay límites al déficit y la deuda pública que estaban previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, de 1997. Tras la crisis se ha considerado que esos mecanismos no eran suficientes y se han reforzado en muchos sentidos. Primero, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria establece límites más duros al déficit en que puede incurrir un Estado (0,5%, frente al 3% del Pacto de 1997). Segundo, se reforzaron los mecanismos de supervisión y control a través del llamado “six pack”.

Cuando estábamos negociando el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza es cuando el PSOE y el PP pactaron la reforma exprés de la Constitución para incluir en ella el principio de estabilidad presupuestaria (y, en este caso, correlación sí implica causalidad). El nuevo artículo 135 CE ha sido desarrollado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 (LOEP). Además de fijar límites al déficit más estrictos que los de la UE (que, con todo, no entran en vigor hasta 2020, que es la fecha que el Gobierno tiene en mente para equilibrar las cuentas públicas), la LOEP reproduce este esquema, más o menos, para crear un control del Gobierno central sobre las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

La sanción es a España y lo es por haber notificado un déficit incorrecto en marzo de 2012 a Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea. La base jurídica de esta sanción es el artículo 8 del Reglamento (UE) núm. 1173/2011, que lleva por título “sanciones por manipulación de estadísticas” y que permite imponer una multa cuando se tergiversen datos relativos a déficit o deuda pública, de manera intencionada o por negligencia.

Los hechos tienen lugar cuando no estaba en vigor la LOEP de 2012, sino las dos leyes de estabilidad presupuestaria de 2001 (una ley ordinaria y otra, con naturaleza de ley orgánica, que regulaba los aspectos que afectaban a las Comunidades Autónomas). Sea como sea, un deber clave que tienen todas las Administraciones, como consecuencia de la normativa de estabilidad presupuestaria, es el de transparencia. En su formulación actual, el principio de transparencia implica que “La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia”. Como se ve, la transparencia es básica para garantizar que se cumplan los objetivos y se rinda cuentas ante la Unión Europea. En el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (actualmente se trata del 27 LOEP) se establecían los deberes de suministro de información que tienen las Comunidades Autónomas frente al Ministerio de Economía y Hacienda; ya que es luego el Gobierno quien remite la información a la Comisión Europea y el Consejo.

Básicamente ha sucedido que la Comunidad Valenciana ha guardado facturas en el cajón relacionadas con la Sanidad. No las ha pagado, no las ha contabilizado, y por supuesto ha acabado gastando más de la cuenta. Cuando en 2011-2012 la cosa se pone seria (es cuando se firma el Tratado de Estabilidad en la UEM; es cuando se reforma la Constitución; es cuando nos aprietan las tuercas, en suma) y ese déficit oculto aflora, suceden tres cosas: primero, hay que revisar el déficit real del Estado (al alza, evidentemente), lo cual implica reconocer que la cifra anterior era errónea y es lo que ahora causa la (propuesta de) sanción a España. Además, hay que hacer algo para que las Comunidades Autónomas se pongan al día (un plan de pago a proveedores) y no vuelva a suceder algo parecido (y un gran avance es la implementación, desde 2015, de la factura electrónica, que facilita el control sobre los compromisos de gasto contraídos por las administraciones).

¿Quién es responsable?

Tenemos que diferenciar dos asuntos. Una responsabilidad a nivel institucional y otra de carácter personal.

En lo institucional, aunque frente a la UE el responsable es el Estado como un todo, ya en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, se introdujo una disposición adicional primera que señalaba que, en casos así, las administraciones u organismos responsables “asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento”. Es el Consejo de Ministros, previa audiencia, quien declara la existencia y el alcance de dicha responsabilidad. La norma está derogada pero la encontramos, prácticamente con la misma redacción, en la disposición adicional segunda de la LOEP de 2012. Por tanto, la Comunidad Valenciana podría pagar la multa, o parte de ella. Para repartir la responsabilidad, habrá que estar muy atentos a lo que diga la Comisión Europea sobre quién ha fallado en el cumplimiento de sus funciones. Concretamente, el informe publicado señala que la principal responsable es la Intervención General de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la Comunidad Valenciana está rescatada y se financia a través del Fondo de Liquidez Autonómico, lo cual hace que todo sea un poco relativo.

Luego están las responsabilidades personales. El arículo 28 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno permite echar de su puesto, previo escarnio público vía publicación de su responsabilidad en el BOE, al alto cargo que sea responsable de, por ejemplo, “el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento”. Es discutible si esta disposición es aplicable al supuesto de las cuentas valencianas: fundamentalmente, por el requisito del requerimiento; si ha habido requerimiento y luego se han entregado datos falsos, entiendo que sí se ha producido en sentido estricto el incumplimiento de las obligaciones, que llevan implícito un deber de veracidad. En cualquier caso, la Ley de Transparencia es posterior a los hechos (y la norma sancionadora menos favorable no puede aplicarse retroactivamente).

Actualización: y luego está el tema de la responsabilidad penal. Para eso, miren los comentarios.


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3 pensamientos en “El déficit oculto valenciano

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