Monedero: tres reflexiones jurídicas

Ya estoy un poco cansado de escuchar cuñaderíos varios sobre Juan Carlos Monedero y de que me preguntéis cosas sobre su situación fiscal (aunque me encante ser tributarista de referencia para alguna gente, contestar en los 140 caracteres de Twitter es complicado). De modo que, aunque llevo resistiéndome como gato panza arriba a hablar del tema, allá van algunas ideas, agrupadas en tres reflexiones.

Primera: sobre las empresas interpuestas

Sí, obviamente se puede constituir una sociedad limitada, incluso unipersonal. Pero no se trata de elegir entre tributar como persona física o persona jurídica. Se trata de que si se crea una empresa, una persona jurídica que tiene sus medios propios (personales y materiales) y que actúa como tal en el tráfico jurídico, entonces esa persona jurídica tributa de manera autónoma, por el Impuesto sobre Sociedades (con carácter general, a un tipo de gravamen del 25%), en virtud de los rendimientos que obtenga por las operaciones mercantiles realizadas. Se tributa en función de lo que se haga realmente.

Toda empresa adquiere una serie de bienes y serie de servicios, por los que paga; y presta otros servicios o vende otros bienes, por los que cobra. Si los gobiernos latinoamericanos que encargaron los informes hubieran firmado los contratos de consultoría con Caja de Resistencia SL, entonces el rendimiento obtenido por la empresa cuando se realizaron los pagos, en 2013, estaría sujeto al Impuesto sobre Sociedades. Ahora bien: se trataría del rendimiento neto, una vez descontados los gastos. ¿Cuál es el gasto fundamental en el que incurriría la empresa? Contratar a Juan Carlos Monedero por el servicio realizado.

Monedero es administrador único de Caja de Resistencia SL. Por tanto, la operación entre ambos se considera operación vinculada a efectos del Impuesto sobre Sociedades: concretamente, en 2013, por aplicación del artículo 16.3.b) del Real Decreto Legislativo 4/2004 [en la actualidad, por el artículo 18.1.b) de la Ley 27/2014]. Las operaciones vinculadas son aquellas entre personas o entidades que guardan una estrecha relación, lo que implica que no es seguro que el precio acordado sea el normal en el mercado (es como si le compro un coche de segunda mano a mi padre: igual me lo deja más barato, y no será por motivos estrictamente económicos, o lo que entendemos por motivos económicos en un sistema capitalista). La Ley del Impuesto sobre Sociedades dice, por tanto, que el precio acordado entre personas vinculadas no sirve a efectos tributarios. Al hacer la declaración de la renta, hay que valorarlas a valor de mercado: al precio que acordarían dos personas independientes. Probablemente, en este caso, debería ser bastante parecido a lo que pagaron los gobiernos que recibieron los servicios, porque la empresa se limita a refacturar los servicios.

Una vez calculado el valor de mercado del servicio prestado por Monedero a la empresa (producir un informe que la empresa entrega luego al gobierno que lo solicitó), esa cantidad se deduciría del beneficio de la empresa. Es decir, el beneficio de Caja de Resistencia SL es lo que cobró al gobierno de que se trate menos lo que habría pagado a Monedero si fuera una persona sin relación con la empresa. Por tanto, la empresa de Monedero pagaría pocos impuestos, porque sus gastos serían similares a sus ingresos.

Por su parte, Monedero tendría que tributar en IRPF por el dinero que la empresa le habría pagado. Sabemos que los informes los realizó el mismo Monedero. Además, suponemos que no trabajó gratis para la empresa; y, aunque lo hubiera hecho, seguiría siendo aplicable la regla de valoración a precio de mercado, por aplicación del artículo 28.4 de la Ley 35/2006, del IRPF.

Todo esto sería aplicable si Monedero hubiera facturado a través de la empresa. Pero los trabajos se realizaron antes de que la empresa existiera. Por tanto, la empresa no intervino en dichos trabajos, punto. Como dice el artículo 16.1 de la Ley General Tributaria, «en los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes». Y lo que efectivamente ha sucedido es que Monedero ha contratado con una serie de gobiernos para realizar un trabajo de asesoría. En este caso, es imposible considerar que la empresa, que no existía, intervino en las operaciones. Por tanto, los pagos deben atribuirse a Monedero y la tributación tendría que realizarse por IRPF.

A lo que sí tendría derecho Monedero, ya que afirma que le pagaron de una sola vez por trabajos que desarrolló durante unos tres años, es a aplicar una reducción del 40% (porcentaje vigente en 2013) sobre los rendimientos obtenidos: «los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años […] se reducirán en un 40 por ciento». La razón de ser de esta reducción es que, como el IRPF es progresivo, no es lo mismo cobrar una misma cantidad a lo largo de tres años, poco a poco, que de golpe. En este segundo caso, es muy probable que se apliquen los tipos más altos de la escala sin que ello implique mayor capacidad económica que en el caso en que se cobre la misma cantidad pero en varios años (actualización: si a alguien no le convence la aplicación de la reducción del 40%, aquí tiene una opinión contraria de Leopoldo Gandarias, seguramente más meditada que la mía).

Mi opinión, aunque nadie me la esté preguntando, es que Monedero ha cometido una ilegalidad pero no ha actuado necesariamente de mala fe, sino que ha sido torpe. Tremendamente torpe. Que de verdad ha pensado que se trataba de una opción legítima. Estamos hablando de la misma persona que fue al acto de conciliación por la querella contra Aguirre sin el poder notarial necesario. Si Monedero, entonces, en vez de decir que se trataba de «argucias legales» propias de los «partidos de la casta» hubiera hecho un ejercicio de autocrítica, tal vez otro gallo hubiera cantado.

Segunda: sobre la declaración extemporánea

El artículo 27 de la Ley General Tributaria hace referencia a la posibilidad de presentar declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Lo importante aquí es que esta declaración se presente antes de que se notifique cualquier requerimiento oficial de la Administración Tributaria, como parece que ha sido el caso.

Este tipo de declaración extemporánea (en este caso es una complementaria, una corrección de la autoliquidación de IRPF anterior) tiene dos efectos. El primero es que se excluyen las sanciones (y, por tanto, la posibilidad de que exista delito fiscal). El segundo, que se debe pagar un recargo de extemporaneidad (del 5%, 10%, 15% o 20%, según el retraso con que se haya pagado) y, en algunos casos, intereses de demora (si se paga con un retraso de más de un año).

Tercera: sobre la privacidad de los datos tributarios

Hay otra aparente violación de la norma en todo el caso Monedero. Me refiero a que los datos de la complementaria de Monedero se habrían filtrado a El Mundo desde «fuentes de la investigación» [realizada en Hacienda]. Sin embargo, el artículo 95 de la Ley General Tributaria afirma que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado»; que las «autoridades o funcionarios» que «tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos», y que de lo contrario pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias (se trataría de una falta muy grave), penales y civiles.

Yo creo que los datos fiscales deberían ser públicos, tal vez con mínimas excepciones. Pero nos encontramos en la peor de las situaciones posibles: los datos son secretos, pero sospechamos que el Gobierno los filtra arbitrariamente en función de sus intereses. Por desgracia, Cristóbal Montoro tiene la costumbre de, como mínimo, bordear peligrosamente los bordes de este principio de privacidad. Y eso es muy grave.

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