Por qué el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal

Todos los programas electorales, cuando hablan de medidas tributarias, hablan de reforzar la lucha contra el fraude fiscal (si alguien encuentra alguno que no lo recoja, que me lo pase, porque desde luego sería una rareza). Sin embargo, lo normal es que estas promesas (y tantas otras) se queden en agua de borrajas. Uno de los motivos es que, hasta cierto punto, a los gobiernos no les ha convenido luchar contra el fraude fiscal. Sea porque quería tratar bien a empresas amigas (incluso conocemos indultos por delitos contra la Hacienda de la Unión Europea) o a las grandes empresas para que no se vayan de España (como en el asunto de Cemex) o, simplemente, porque son los miembros del partido en el Gobierno quienes tienen cuentas en Suiza. Pero además, hay numerosos estudios sobre las causas del cumplimiento tributario voluntario que nos demuestran que el nivel de cumplimiento está relacionado con la legitimidad de las instituciones. Y los poderes públicos no parecen dispuestos a colocar esta cuestión en el centro de ningún debate público.

Allingham y Sandmo afirmaron en 1972 que el potencial defraudador se limita a realizar un cálculo racional (la “racionalidad” individualista del homo oeconomicus, a veces llamado #LET) que pondera el beneficio que se obtiene defraudando, por una parte, y el riesgo de que la Administración te detecte y la sanción que puedes recibir, por otra. Las soluciones que proponen, a partir de este modelo, es dotar a la inspección de más recursos, incrementar las sanciones y, mira por dónde, bajar impuestos.

Pero el modelo de Allingham y Sandmo está totalmente cuestionado. Distintas disciplinas de las ciencias sociales han puesto de manifiesto que, en realidad, el pago de tributos no se puede explicar sobre la base del propio interés sino que se acerca más a una “cooperación condicional”. El término lo tomo de un artículo de B. Frey y S. Meier y expresa la idea de que estamos más dispuestos a pagar si otros lo hacen. También se ha hablado de un cumplimiento inducido, que está estrechamente relacionado con la percepción que cada cual tenga de si el sistema es justo o no.

La justicia, a su vez, se puede analizar en tres planos: justicia procedimental (que las leyes tributarias se acuerden mediante procedimientos justos y se apliquen de la misma forma), distributiva (que los impuestos se repartan de manera justa y eficiente) y retributiva (que existan castigos eficaces y proporcionados para quien incumpla las reglas del juego). Si una persona considera que el sistema fiscal es justo, tendrá una conciencia tributaria más solida y estará más dispuesta a pagar voluntariamente sus impuestos.

Aunque no creo que sea necesario poner ejemplos de cómo cada una de estas facetas del principio de justicia están, en España, hechas pedazos, allá van tres: la última subida de IVA por decreto-ley, sin un debate previo en el Parlamento, como ejemplo de injusticia procedimental; el conocimiento de que las grandes empresas aplican un tipo efectivo de gravamen mucho menor que las pymes, como ejemplo de injusticia distributiva; la amnistía fiscal (de la que se beneficiaron personas afines al partido gobernante) como ejemplo de injusticia retributiva.

Sencillamente, el Gobierno no puede luchar contra el fraude fiscal porque eso implicaría atacarse a sí mismo y a quienes lo sostienen. En cada uno de los casos anteriores se está violando el principio de justicia (y, por tanto, minando la conciencia tributaria de la población) precisamente para favorecer a algún grupo de poder cercano al Partido Popular. Sin duda alguna reforzar la legitimidad de los poderes públicos, condición necesaria para una conciencia tributaria sólida, pasa porque el Gobierno dimita en pleno, y eso no va a suceder. Y como no puede atacar el fraude con mayúsculas, el de las grandes fortunas y las grandes empresas, va a por otras personas o empresas de mucha menor entidad. Eso no es malo en sí mismo, pero sí pone de manifiesto una evidente injusticia (en el plano retributivo) al combinarse con la impunidad de los poderosos. Luchar contra el fraude fiscal sin tocar esos privilegios es imposible, porque sólo profundiza en la falta de legitimidad de los poderes públicos.

Así que ni caso cuando el Gobierno hable de luchar contra el fraude fiscal. No va a hacerlo, porque no puede dentro del marco en el que sobrevive. La necesaria revisión de ese marco institucional, probablemente a través de un proceso constituyente, deberá también hacer posible pedir que todo el mundo pague sus impuestos sin parecer un cínico o sin que entre la risa.


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