Una propuesta de Ley de Extranjería para una “inmigración circular”

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Así empezaba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776. Hoy más que nunca, la búsqueda de la felicidad, derecho inalienable de todo ser humano, no entiende de fronteras. Pero debe enfrentarse a leyes, vallas, policías, concertinas. La Ley de Extranjería española es tan cruel como ineficaz: ni respeta los derechos humanos ni gestiona bien los flujos migratorios.

¿Qué principios debe seguir una política migratoria?

Toda política migratoria debe tener como centro la dignidad humana -que, en nuestro contexto occidental, sigue la tradición de los derechos humanos- frente a las lógicas mercantilizantes que prevalecen hoy en día y que consideran a la persona migrante en función de su utilidad económica (para el país receptor, claro).

Toda política migratoria debe pensarse desde una perspectiva global. Las migraciones tienen ese carácter y también lo tienen sus causas. Existe toda una red de mecanismos jurídicos supranacionales (tratados internacionales y normas de la Unión Europea) que condicionan necesariamente cualquier política que quiera adoptarse.

Toda política debe concebirse desde un pensamiento complejo que tenga en cuenta los múltiples elementos que explican el fenómeno migratorio. No puede reducirse a un problema de orden público que se soluciona con concertinas y mayor despliegue policial. No podemos limitarnos a gestionar los flujos migratorios según los ciclos de nuestra economía. Tampoco pueden desvincularse estos movimientos migratorios de la explotación norte-sur.

Al mismo tiempo, es fundamental no confundir asuntos sujetos a condicionantes jurídicos distintos. Los migrantes por razones económicas está mucho menos protegidos que los exiliados por razones políticas, ya que existe un sistema de derecho internacional que regula el derecho de asilo. Con eso no quiero decir que la primera situación no sea dramática, pero hay que señalar que los poderes públicos confunden interesadamente unos supuestos y otros y violan sistemáticamente el derecho de asilo. Lo mismo puede decirse de la confusión interesada entre migración y trata de seres humanos.

La historia de Valeria

Durante varios años, mientras estudiaba la carrera y también el primer año de doctorado, estuve vinculado a una serie de ONG que trabajaban con inmigrantes. Me dedicaba a dar asesoramiento legal gratuito sobre trámites administrativos de extranjería. De entre las muchas historias personales que recuerdo, quiero contar una. Una mujer boliviana -vamos a llamarla Valeria- vino a España a trabajar. Su idea era estar uno o dos años trabajando como empleada interna del hogar, ahorrar y volver a su país. El coste que le supuso emigrar y las condiciones laborales que tenía en el trabajo doméstico la obligaron a prolongar la estancia: tenía que amortizar el coste de emigrar.

Cuando ya llevaba un año en situación regular y renovó su permiso de residencia y trabajo, tuvo que reagrupar a su hijo adolescente. Se había quedado a cargo del padre, pero el padre se había quitado del medio y la abuela era incapaz de controlarlo. Escuché esta misma historia más de una y más de dos veces en mis tres años como voluntario. Valeria no vio más solución que traérselo a España para intentar encauzarlo.

Sin comerlo ni beberlo, una migración que se planeó como temporal se había convertido en un proyecto más estable. En parte, por las características del sistema jurídico español de extranjería. ¿Cómo podría mejorarse? Voy a centrarme en el permiso más habitual, el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. El permiso de residencia se vincula al de trabajo, y este a tener una oferta de trabajo o un contrato en vigor, según el caso.

Primera propuesta: visado para la búsqueda de empleo

El visado para la búsqueda de empleo debería convertirse en la forma normal de entrar en el territorio español. El artículo 39 prevé este tipo de visados, pero su regulación está limitadísima. Por tanto, no nos sirve. Existen para hijos o nietos de españoles y para “determinadas ocupaciones”, en lo que podemos incluir las ofertas para trabajadores de alta cualificación (“tarjeta azul”) y a través del contingente. Para hacernos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, España dio 461 tarjetas azules en 2012. Las cifras del contingente son más difíciles de conseguir, pero parece que en 2012 la cifra inicial era de… ¡cero!.

Obviamente, la caída se produjo cuando España entró en crisis; pero ya antes el mecanismo era ineficiente y convertía en vía normal de entrada en España el visado de turismo. Pasados los tres meses máximos de estancia conforme a la ley española, la persona pasaba a situación irregular y podía obtener un permiso de residencia a través de dos mecanismos fundamentales: la contratación en origen (si el empleador de esta persona estaba dispuesto a hacerle los papeles, el migrante volvía a su país de origen y estando allí se realizaban los trámites pertinentes; realmente no es el uso pensado para esta figura, pero ¿quién contrataría a alguien sin conocerlo directamente?) o bien el arraigo (cuando se cumplían tres años en situación irregular, siempre que se tuviera un contrato de trabajo).

Mediante un visado de búsqueda de trabajo se podría reconocer legalmente la situación que venía dándose en la práctica, evitando costes excesivos para la persona migrante, tanto personales (hasta tres años en situación irregular) como económicos (billete de avión para volver al país para realizar el paripé de la contratación en origen, por ejemplo). Estos costes, en realidad, convertían migraciones temporales en permanentes. Es el caso de Valeria, que entre otras cosas tuvo que comprar un billete de avión para venir por primera vez y luego otro billete de ida y vuelta para regularizar su situación.

Segunda propuesta: permisos de trabajo y residencia estables desde el principio

La carrera hasta obtener un permiso de residencia estable esta llena de obstáculos. Los cinco primeros años son una concatenación de permisos de residencia temporal. El primer permiso es por un año y (salvo excepciones) debe presentarse un contrato de trabajo en un sector donde no haya mano de obra suficiente en España (lo cual desmiente que “los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo”). El segundo permiso es por dos años más y ya desaparece esa limitación relativa al sector de actividad; el tercero, por otros dos años. Sólo pasados los cinco años en territorio español de manera regular (con no más de diez meses de estancia fuera de España, o doce si fue por motivos laborales) se puede acceder a un permiso de residencia permanente. La regla general es que para cada renovación se exigirá haber trabajado un período mínimo, permanecer en España como demandante de empleo el resto del tiempo y continuar con un contrato de trabajo en el momento de pedir dicha renovación.

Esto impide la inmigración circular: no es posible ir y venir sin perder el permiso de residencia en España. La solución podría ser conceder desde el primer momento un permiso de residencia y trabajo por un tiempo superior. Si la normativa está orientada a echar a la persona migrante que no mantenga su trabajo, la crisis nos ha permitido ver que muchas personas migrantes abandonan España voluntariamente en esas circunstancias. En muchos casos -y este es uno, sin duda- es más efectivo incentivar que obligar. La posibilidad de cobrar el paro en un solo pago que se ofreció a los inmigrantes que retornaran a su país fue verdaderamente eficaz. Por tanto, una mejor solución sería combinar permisos más estables con, en su caso, incentivos para el retorno voluntario. Se pasaría del visado de búsqueda de trabajo a un equivalente al permiso de residencia permanente actual, que dura cinco años.

Tercera propuesta: mantenimiento de derechos cuando se salga de España

La propia ley de extranjería española reconoce esta posibilidad, pero sólo en el caso de permisos de residencia permanente. Los artículos 158 y 159 del reglamento de extranjería permiten que quien haya tenido un permiso de residencia permanente lo recupere rápidamente, siempre que lo haya perdido por unos motivos determinados: por ausencia del territorio español durante más de doce meses, por haber obtenido la residencia permanente en otro estado de la Unión Europea o por haberse acogido a un programa voluntario de retorno (una vez haya pasado el plazo durante el cual la persona interesada se comprometió a no regresar a España).

Si cualquier persona que consiga un trabajo a través de un visado de búsqueda de empleo tiene la posibilidad de salir de España sin perder su derecho a volver (en su caso, tras un plazo determinado) también se favorecería la inmigración circular. Valeria habría podido regresar a Bolivia sabiendo que podría volver en cualquier momento. La ley española sólo le permitía una solución que diera respuesta a sus necesidades: reagrupar a su hijo.

Motivos para desvincular la normativa de extranjería de los ciclos económicos estatales

Una obvia objeción a todo esto es que España “no puede asumir más inmigrantes con la crisis que hay”. El hecho de que Haití no pueda soportar más desastres naturales no implica que estos vayan a dejar de ocurrir, incluso aunque el Parlamento de Haití dicte una ley prohibiendo los desastres naturales. Las migraciones no son desastres naturales, pero van a seguir produciéndose inevitablemente y el capitalismo globalizado las va a seguir exacerbando mientras profundice las desigualdades en el nivel de vida entre pueblos. Las fronteras de Ceuta y Melilla constituyen la mayor brecha de renta del mundo.

Partiendo de la evidencia de que la inmigración va a tener lugar en todo caso, facilitar su carácter regular es conveniente para las clases trabajadoras de los países que reciben inmigrantes. Un migrante en situación irregular aceptará salarios más bajos y peores condiciones de trabajo; no tenderá a sindicarse ni a movilizarse por sus derechos laborales y empujará a la baja, por tanto, las condiciones de trabajo en el país receptor (aunque nuestra clase empresarial no necesite a los sin papeles para conseguirlo; pero eso es otra cuestión).

Finalmente, no podemos olvidar que España, y la Unión Europea en general, se benefician de un sistema-mundo de explotación económica que provoca pobreza en los países de origen de las personas migrantes. Es necesario revertir ese sistema pero, a corto plazo, es necesario también facilitar los flujos de migrantes que huyen de la pobreza y que pueden servir para desarrollar sus países de origen: según datos del Banco Mundial, las remesas enviadas por personas migrantes triplican, en cuantía, la ayuda al desarrollo.


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