¿Y si eliminamos los beneficios fiscales?

Uno de los mandatos que se dio al grupo de expertos para la reforma tributaria encabezado por Lagares era la de simplificar el sistema tributario. Las palabras “simplificar” o “simplificación” aparecen treinta veces en las más de cuatrocientas páginas de informe. Para ello, una de las cosas que han hecho los expertos es revisar el sistema de beneficios y proponer la eliminación de un buen porcentaje de los mismos. En este aspecto, curiosamente, concuerdo con ellos en algunas cosas, aunque seguramente no por los mismos motivos últimos.

El “consenso de Washington”, el decálogo neoliberal formulado originariamente por John Willamson, considera que debe tenderse a bases imponibles amplias (es decir, con pocas exenciones y, en general, pocos beneficios fiscales) y tipos marginales reducidos. En su conjunto, esto implica tender a un sistema poco progresivo. La propuesta de los expertos va en esta línea, y desde esa perspectiva no me gusta nada. El artículo 31 de la Constitución exige que el sistema tributario sea progresivo, y es una cuestión de justicia. Pero me parece importante lanzar el debate sobre la existencia de beneficios fiscales, porque pueden llevar a resultados bastante injustos. Y vamos a ver por qué.

Hay beneficios fiscales que, en sí mismos, son regresivos.

Concretamente, las llamadas reducciones (las que se aplican en la base imponible) son regresivas en los impuestos cuya tarifa es progresiva, como el IRPF. ¿Por qué? Porque cada persona se beneficia de la rebaja en un porcentaje equivalente al tipo más alto que paga.

El IRPF funciona por tramos. A cada tramo de renta se le aplica un tipo de gravamen diferente, que va creciendo. Cuanto más ganamos, contribuimos a los gastos comunes con un porcentaje mayor de lo que ganamos. Eso es lo que llamamos progresividad. En el ejemplo de abajo, cada línea azul separa un tramo de otro. El primer tramo tributa al 10%, el segundo al 20%, y así sucesivamente.

La persona de la izquierda, con una renta más alta, llega a pagar hasta un 45% sobre parte de su renta. Ese tipo máximo se llama tipo marginal. Si puede beneficiarse de una reducción de, pongamos, 1000 euros, efectivamente se le están descontando 450 euros. La persona de la derecha es más pobre: su tipo marginal es del 30%. Parte de esa reducción de 1000 euros cae en el tramo del 30%; parte, en el del 20%. Suponiendo que la mitad cae en cada parte, se le estarán descontando sólo 250 euros. El efecto es claramente regresivo.

Una solución, por lo menos parcial, es transformar estas reducciones en la base imponible a deducciones en la cuota, de la que se benefician por igual todos los sujetos independientemente de su renta. Si damos una deducción de 100 euros, son 100 euros para cada una de esas personas. O, también, configurarla de manera que el beneficio vaya decreciendo a medida que la renta aumenta, hasta desaparecer por encima de cierto umbral de renta. Este es el mecanismo que se ha establecido en la deducción por alquiler de la vivienda habitual en el IPRF.

Se produce regresividad cuando quien tiene menor capacidad económica no puede aprovecharse de un determinado beneficio fiscal.

Esta una de las causas de que las grandes empresas paguen efectivamente menos impuestos que las pymes en España, y eso que (nominalmente) el tipo que pagan las pymes es inferior (hay otras causas muy relevantes, como la posibilidad de realizar una planificación fiscal de alcance internacional).

Aunque las deducciones (en la cuota) no son regresivas en sí mismas como las reducciones, también en IRPF personas con rentas muy bajas pueden no poder beneficiarse por completo de, por ejemplo, la deducción por alquiler de la vivienda habitual. Una mujer que viva sola con un hijo y que gane quinientos euros al mes no gana lo suficiente como para aplicar ese beneficio fiscal. Una persona en esas mismas condiciones que gane mil doscientos euros sí puede aprovecharse de la deducción.

Para que el Estado facilite el alquiler para las personas con menor renta, es mucho mejor hacerlo de manera directa, a través de un sistema de vivienda pública eficaz, en régimen de alquiler. Una deducción como la que hay en la Ley del IRPF no sirve para las personas en peor situación económica e incluso su existencia puede servir como justificación para los poderes públicos deseosos de lavarse las manos. Por eso vuelvo a mi pregunta inicial: ¿por qué no eliminar los beneficios fiscales, o reducirlos al máximo, sustituyéndolos por transferencias de renta en forma de ayudas o de servicios públicos?

Eliminar beneficios fiscales no implica que el Estado se pueda desentender de las problemáticas que intenta solucionar mediante incentivos o beneficios fiscales. Al contrario: los poderes públicos deberán afrontar estas cuestiones de manera directa, en colaboración horizontal con los grupos sociales implicados, para garantizar los derechos básicos de toda la población.

Cuestión distinta a la eliminación de beneficios fiscales es que no deban gravarse aquellos supuestos donde la capacidad económica puesta de manifiesto sea la necesaria para garantizar la supervivencia. Es decir, hay una renta mínima por la que no debemos tributar en el IRPF (el llamado mínimo personal y familiar) y hay supuestos de consumo (como los alimentos) que deben estar exentos en IVA o sujetos a tipos reducidos. Entiendo que eso se deriva del mismo principio del Estado social. Como razoné en este post, no tiene sentido que un Estado social, que tiene que garantizar unas condiciones de vida digna a todas las personas, exija pagar impuestos por la renta básica que nos permite alcanzar dichas condiciones, o grave excesivamente los actos de consumo necesarios para la supervivencia.


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