El copago académico

Soy investigador. Trabajo en una Universidad Pública y tus impuestos pagan mi sueldo. Eso significa que me pagas por investigar cosas jurídicas. No me pongo una bata blanca y empuño una pipeta, no excavo un antiguo poblado romano, no rebusco en archivos antiguos ni descubro manuscritos hasta entonces desconocidos. Analizo el derecho, sea eso lo que sea –todavía no nos hemos puesto de acuerdo–, busco incoherencias o insuficiencias o problemas que se ponen de manifiesto en su aplicación y propongo soluciones.

Así que me pagas por investigar, pero la mayor parte de lo que publico lo hago en revistas privadas y de pago. En mi rama de conocimiento, esas revistas nos pagan algo por publicar en ellas (en otras, incluso, funciona al revés: quien quiere publicar, ¡paga!). Pero yo no publico por ese motivo, sino porque si quiero progresar en mi carrera universitaria, tengo necesariamente que publicar en esas revistas importantes, casi siempre de pago, normalmente gestionadas por empresas o asociaciones privadas. La Aneca, el organismo que me habilitaría para, llegado el caso, conseguir contratos más estables va a comprobar cuántos artículos he publicado y en qué revistas lo he hecho. Y va a rechazar mi solicitud si no he publicado en los sitios “correctos”.

Para investigar, tengo que leer y analizar lo que otros han escrito antes que yo: por eso, mi Universidad gasta dinero –de nuevo, dinero que proviene de los impuestos de todos– en suscripciones a esas revistas donde publica gente como yo, gente muchas veces pagada con dinero público (en Derecho tributario, los autores de las revistas solemos ser trabajadores universitarios, funcionarios de la Administración o abogados y asesores fiscales). Por tanto, nuestros impuestos pagan el sueldo de las personas que investigan y luego vuelven a pagar, en este caso por el acceso a los resultados de dicha investigación. Si lo pensamos, es lo mismo que con cualquier copago, o repago, con la diferencia de que el segundo pago beneficia aquí a una determinada empresa. El modelo de investigación, fundamentalmente público, se cruza con el negocio editorial, normalmente de carácter privado.

Pero aún hay más. Hace no demasiado, Cedro demandó a tres universidades por violación de derechos de autor al colgar determinadas obras en las plataformas de enseñanza virtual. Cedro es el Centro Español de Derechos Reprográficos, el equivalente a la SGAE en el ámbito editorial. Desde 2005, los rectores de las universidades están esperando a que Cedro se digne a decir quiénes son sus afiliados, para poder negociar algún tipo de compensación. La propuesta actual de Cedro es cobrar 5 euros por alumno, sin importar que los materiales que se cuelguen no sean de sus afiliados o, incluso, estén bajo licencia Creative Commons o similar.

El asunto sigue pendiente en los Tribunales, y parece que el Gobierno ha decido atajarlo en favor de, sorpresa, Cedro, mediante el establecimiento de un canon por reproducir parcialmente una obra con fines didácticos. El 21 de febrero de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma de la ley de propiedad intelectual. Si se aprobara tal cual y, en el futuro, yo quisiese colgar en la plataforma de enseñanza virtual un determinado artículo doctrinal, para que mis estudiantes puedan profundizar en una determinada cuestión; o distribuirlo dentro de un grupo de investigación en el que participe, para debatir alguna cuestión relevante, el artículo 32.4 del proyecto obligaría a mi Universidad a pagar un canon a Cedro, en compensación. Ese artículo 32.4 dice que “los autores y editores tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión”. La redacción es lo suficientemente amplia como para ser preocupante.

En resumen: una Universidad Pública me paga un sueldo por investigar, un sueldo que está sufragado por nuestros impuestos. Los resultados de mi investigación se publican en revistas de pago. Hay que volver a echarse la mano al bolsillo, por tanto, para acceder a esos resultados. En concreto, mi Universidad paga a las entidades editoriales para acceder a los artículos publicados para facilitar la labor investigadora de sus trabajadorxs. Y si yo quiero usar alguno de esos artículos durante mi actividad docente o investigadora, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual nos podría obliga a pagar por tercera vez, siempre con nuestros impuestos, para poder llegar a conocer los resultados de determinada investigación. Hagan las cuentas, porque a mí no me salen.


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