La Constitución ocupada

Si la Constitución fuera un lugar físico, podríamos decir que las fuerzas del autoproclamado orden, los ejércitos del capital, la han ocupado, la han conquistado. Queda cautivo y desarmado el enemigo (tú y yo, nosotras y nosotros), queda vacía la Constitución española de 1978.

Los derechos económicos y sociales, que nunca han estado excesivamente garantizados, se han supeditado por completo a la estabilidad macroeconómica. El gran capital tiene un proyecto para este mundo donde nuestros derechos se garantizan o no dependiendo de las necesidades del mercado. Y han convertido su proyecto en ley a través de la arquitectura institucional de la Unión Europea, jerárquicamente superior. Nuestros derechos, en último término, son cosillas secundarias frente al gran proyecto de integración en un mercado único europeo, a costa de lo que haga falta. Se trata de La gran transformación de Karl Polanyi a escala europea.

Toda la parte de la Constitución que habla de Economía y Hacienda está absolutamente condicionada por el Derecho de la Unión. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128.1 CE) pero -vía artículo 135- los intereses de los acreedores internacionales quedan por encima de ese interés general. “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales” (128.2), pero eso solo sera posible siempre que no se trate de un sector que la UE haya liberalizado y abierto a la competencia. El artículo 131.1 prevé un Estado intervencionista (“El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas”) que obviamente entra en contradicción con el teórico abstencionismo de una Unión Europea liberal.

Bajo las condiciones actuales, artículos como el 129.2, que termina diciendo que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” parecen una broma macabra. Leer que tenemos reconocido el derecho “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” o que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico”… da cuenta de que estamos perdiendo una guerra, la de clases.

Desde la Unión Europea, desde Maastricht, los grandes poderes económicos han ido conquistando fragmentos de Constitución e incluso les hemos permitido establecer una auténtica cabeza de puente en el artículo 135. ¿Que nos queda? Nos queda organizar la guerra de guerrillas en cada barrio para resistir y, en el futuro, vencer.


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