Sobre las concentraciones o manifestaciones no comunicadas a las autoridades

Acaba de llegar a mi conocimiento vía Twitter una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid núm. 12 donde, vía el procedimiento para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, se dicen cosas muy importantes sobre el derecho de reunión y manifestación. Aquí el enlace a la sentencia en Google Docs.

Quien interpuso la demanda es una persona que participó en una concentración no comunicada, con el apoyo de la Comisión Legal de Sol. Esa persona entregó su DNI a la policía cuando fue requerida para ello, sin mostrar resistencia. Pero cuando la policía la instó a disolverse alegando que “formaba parte de una concentración no comunicada”, no accedió a ello y, como consecuencia, fue multada con 300 euros.

La sentencia dice varias cosas muy claras:

  • Que para muchos grupos sociales, el derecho de reunión y manifestación es, en la práctica, uno de los pocos medios que tenemos para expresar públicamente ideas y reivindicaciones. Lo sabemos, pero me alegra que algo así quede reflejado en la sentencia.
  • Que no basta que una reunión o concentración no esté comunicada para que pueda disolverse, sino que es necesario una motivación específica: fundamentalmente, que se produzca un riesgo -real- para el orden público. La sentencia dice, literalmente, que es necesario que “haya elementos, firmes e indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones del orden público”.
  • Que, no existiendo tal motivación específica, la orden de disolver una concentración no comunicada sería ilegal (“no tenía una justificación amparada legalmente que la hiciera procedente”) e implica una violación del derecho constitucional de reunión. Porque, en esas circunstancias, el mandato de disolverse no sirve para garantizar ningún interés público relevante y, por el contrario, restringe indebidamente el derecho de reunión y manifestación.

Las conclusiones de la sentencia, por cierto, están en línea con el Manual ampliado de la ONU de derechos humanos para la policía, que comenté en el blog y que dice que deben tolerarse las concentraciones que, “aunque ilícitas, sean pacíficas y no presenten peligro, a fin de no agravar la situación innecesariamente”.

Así, según la sentencia, una manifestación pacífica, aunque no haya sido debidamente comunicada, está amparada por el derecho de reunión y manifestación; y la policía no puede disolverla sin mayor justificación.

Mi enhorabuena a la Comisión Legal de Sol que presentó la demanda (aquí la noticia en su blog). Sentencias así son pequeñas victorias.


Recuerda que puedes votar la entrada, comentar y/o compartirla en redes sociales. 

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