Tres formas absurdas (e injustas) de gastar dinero público

Comotodoelmundosabe, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, el Estado tiene un déficit mu mu grande, la prima de riesgo está por las nubes, o lo estaba la última vez que salió en la tele, y blablablá. Pero el problema no es (solo) si hay o no recursos públicos, sino en qué se gastan. Cuando uno empieza a conocerse las leyes y a escarbar un poquito en ellas y a leer algunas cosas sobre los efectos reales, se entera de que, solo en 2010 (son los últimos datos disponibles, los del Informe de Recaudación Tributaria de 2011), gastamos 5.030 millones de euros en inflar la burbuja inmobiliaria, 6.171 millones en subvencionar los planes de pensiones privados y 13.833 millones en favorecer un modelo tradicional de familia, donde es el hombre el que lleva el pan a casa. Vamos a mirar las medidas una por una.

Primera: deducción por inversión en vivienda

La primera es la deducción por inversión en vivienda, también llamada “inflemos la burbuja inmobiliaria con dinero público”. En 2010 supuso un gasto de más de cinco mil millones de euros para el Estado, pero superó los seis mil millones de media en los últimos años de la burbuja. El mecanismo es conocido por cualquiera que haya tenido una hipoteca: parte de lo que la persona hipotecada pagaba cada año se podía descontar en la declaración de la renta. Es decir: el Estado cofinanciaba las hipotecas. De hecho, el sistema tributario español ha favorecido sistemáticamente la compra de vivienda por encima del alquiler, a través de medidas de este tipo. En los últimos años se formó un pifostio interesante, porque el PSOE la eliminó para personas con rentas superiores a 24.000 euros desde el 1 de enero de 2011; pero, llegado el PP al poder, aprobó un real-decreto ley, de 30 de diciembre de 2011, que con efectos desde ese mismo 1 de enero de 2011 eliminó dicha limitación (es decir, fue como si la reforma del PSOE no hubiera existido). Luego, las presiones de la Unión Europea obligaron al PP a derogar, desde 2013, esta deducción.

En otro momento escribí en este blog sobre como los incentivos en el IRPF en materia de vivienda han favorecido de manera sistemática la compra por encima del alquiler y han ayudado a crear esa idea tan española de que “alquilar es tirar el dinero”. Lo peor es que no sólo hemos subvencionado la compra de vivienda, sino que además esta subvención ha sido un factor más de los que han ayudado a incrementar los precios, como se explica en Nada es Gratis (versión breve: si se subvenciona una operación que afecta a dos personas, el grueso de ese dinero se lo lleva el que corta el bacalao). Quienes se han beneficiado son, oh sorpresa, las promotoras y los bancos. Y, para colmo, la deducción es regresiva (beneficia más a quien es más rico) porque las personas con rentas más altas son las que consiguen aplicar la deducción máxima que permite la Ley.

Segunda: reducción por aportación a planes de pensiones

La segunda medida es la reducción por aportación a planes de pensiones, también llamada “subvencionemos las pensiones privadas con dinero público mientras decimos que las pensiones públicas no son sostenibles”. España gastó en 2010 más de seis mil millones de euros en esta reducción, que quiere decir que el dinero que una persona meta en un fondo de pensiones, con ciertos límites, no pagará impuestos en ese momento (sí en un futuro, cuando se cobre la pensión).

La idea es, en principio, facilitar que la gente ahorre porque, se dice, tendemos a gastar más de la cuenta (sí, el clásico argumento. Aparte de lo fácil que es ahorrar cuando cobras menos de mil euros al mes, y eso si tienes suerte de tener trabajo). En cualquier caso, la propia OCDE (en este informe, Closing the Pensions Gap: The Role of Private Pensions, ultimo párrafo de la página 6) ha afirmado que este tipo de incentivos son, en primer lugar, caros para el Estado; en segundo lugar, existen “evidencias sólidas” de que no son eficaces; en tercer lugar, son -de nuevo- regresivos. No sólo porque quien más tiene, más puede ahorrar (otros bastante tienen con llegar a fin de mes), sino porque la rebaja que te concede una reducción va al porcentaje máximo que pagas de IRPF (que, como se sabrá, su tipo de gravamen va creciendo cuanto más rico se es, al menos en teoría).

Tercera: reducción por tributación conjunta

La tercera y última es la reducción por tributación conjunta, también llamada “reducción por esposa dependiente a cargo”. Cuando se creó el IRPF en 1977, la tributación era conjunta (toda la unidad familiar hacía una única declaración). El Tribunal Constitucional dijo que no, que el IRPF era un impuesto individual y que, si acaso, la tributación conjunta debía ser una opción. Me ahorro como ha ido evolucionando todo esto: ahora mismo, la normativa que se aplica es prácticamente la misma para la declaración conjunta y la individual, con algunas excepciones: límites a determinados beneficios fiscales y lo que ahora nos interesa: la llamada “reducción por tributación conjunta”.

En la tributación conjunta se suman las rentas de ambos cónyuges. Como el IRPF es progresivo, esta forma de tributar conviene si sólo trabaja uno de ellos (que, estadísticamente, tiende a ser el hombre: la tasa de actividad masculina supera en 13,54 puntos a la femenina según datos del INE de 2012). Por tanto, la tributación conjunta introduce un sesgo de género en el sistema fiscal español porque favorece fiscalmente a las familias que perpetúan el modelo tradicional de sustentador masculino y esposa dependiente, tal y como afirman Medialdea y Pazos Morán en un documento de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, publicado en 2011.

Quien opte por la tributación conjunta (como vemos, sólo conviene a las familias que sigan este “modelo tradicional”) podrá aplicar una reducción de 3.400 euros en el IRPF. En 2010, nos gastamos la friolera de 13.833 millones de euros por este concepto. Y lo peor es que estamos actuando como esquizofrénicos, porque la propia ley del IRPF también reconoce beneficios a las mujeres trabajadoras (como los 1.200 euros para toda mujer que trabaje y tenga un hijo menor de 3 años) y muchas Comunidades Autónomas, que también tienen potestad normativa en el IRPF, han introducido medidas similares. Gastarse dinero en una cosa y en la contraria al mismo tiempo es tela de eficiente. Y para colmo, como explican también Medialdea y Pazos Morán, este beneficio fiscal (como los otros dos que hemos señalado) también es regresivo, también beneficia más al que más tiene.

Resumen gráfico

En pocas palabras, hemos gastado más de 25.000 millones de euros en tres beneficios fiscales que son, todos ellos, regresivos -injustos- y poco o nada eficaces. Para contextualizar, os dejo un gráfico que compara las cantidades gastadas en cada uno de los tres conceptos con algunas de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año, 2010.


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