La Ley de indulto es inconstitucional

En este mundo de hoy donde los partidos políticos tienden a convertirse en chiringitos, el indulto se ha convertido en un instrumento para evitar que la justicia caiga sobre policías condenados por tortura, banqueros que acusaron falsamente a la competencia para hundirla, empresarios que defraudaron a Hacienda o políticos corruptos.

El indulto está “regulado” en la Constitución, que simplemente lo enumera entre las competencias del Monarca [artículo 62.i)]. El Rey se limita a poner la firma: es el Ministro de Justicia quien propone los indultos y el Consejo de Ministros quien debe aprobarlos. La Ley reguladora es nada menos que de 18 de junio de 1870, aunque fue reformada en 1988. De entre los escasos requisitos que se exigen para el indulto, ahora destaco uno: para el indulto total (cuando se elimina por completo la pena) es necesario un informe favorable del tribunal que haya condenado al sujeto. Si no existe ese informe, el indulto como mucho puede ser parcial (la pena no se elimina, sólo se reduce). Lo que el Gobierno suele hacer cuando el tribunal no está a favor del indulto es reducir la pena a dos años de cárcel ya que en este caso, si el condenado no tiene antecedentes, el Código Penal dispone que no llegue a ingresar en prisión.

Dicho esto, yo creo que la Ley de indulto es inconstitucional. El indulto se prevé en la Constitución, de acuerdo: pero eso no es una carta en blanco. La ley tiene que regularlo de acuerdo con el resto de principios constitucionales.

En primer lugar, es un ataque a la división de poderes. Tened en cuenta que la ley de indulto se dicta bajo la Constitución de 1869, donde dicha división estaba, digamos, moderada: el Rey podía nombrar hasta la cuarta parte de Magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo, con el único requisito de oír al Consejo de Estado. Ahora mismo, donde la división de poderes debería ser real, no debería permitirse que el ejecutivo pueda indultar contra el criterio de los tribunales, sino que debería exigirse que el informe judicial fuera siempre favorable. Podría así servir como una vía para que el propio tribunal pida que se suavice una condena cuando la considere excesiva a la luz de los elementos del caso.

En segundo lugar, existe riesgo de arbitrariedad porque no se motiva el indulto. El artículo 9.3 de la Constitución prohíbe que los poderes públicos actúen arbitrariamente. Cuando estamos ante potestades discrecionales (con un amplio margen de apreciación por parte de la persona u órgano de que se trate), una de las formas de evitar esta arbitrariedad es exigir que se expliciten los motivos de la decisión: es una idea básica vinculada al principio de transparencia. Pero los indultos no se motivan y el Gobierno se niega a explicar sus motivos en sede parlamentaria. La importancia de la motivación es tal que, en el ámbito administrativo, los actos discrecionales no motivados son directamente nulos.

Aceptemos que es necesario que exista una ley de indulto porque la Constitución menciona esta figura. Pues bien, una ley de indulto en un Estado de Derecho debería reducir al máximo la intervención del ejecutivo. Podría convertirse en un trámite meramente formal o sujetarla al informe favorable del tribunal condenador. Y, tome quien tome la decisión última, deberá motivarla en todo caso.

Y acabamos en la pregunta de siempre: ¿cómo se cambia todo esto? ¿Sabíais que la ley de indulto está fuera del alcance de la iniciativa legislativa popular? Supongo que alguien podría interponer recurso contencioso-administrativo contra una resolución de indulto ante el Tribunal Supremo, como se ha hecho en el caso de Alfredo Saenz, y en el marco de este proceso solicitar que se eleve una cuestión de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y luego, cruzar los dedos y esperar varios años.


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