La reforma fiscal propuesta por IU-ICV-ERC-BNG

El 12 de mayo de 2010, una serie de grupos de izquierda minoritarios en las Cortes presentaron una proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria. La proposición no se debatió y votó hasta el 20 de septiembre de 2011, más de un año después, y fue rechazada. De 340 votos emitidos, 9 fueron a favor y 325 en contra (de PSOE-PP-CIU). Hubo 6 abstenciones, del PNV. Los 9 votos a favor vienen de los proponentes (que suman siete) y alguno más del grupo mixto. Aunque es difícil saber de quién porque por el grupo mixto sólo intervino el debate un diputado del BNG, que por lo demás afirma expresamente que en el grupo mixto hay división sobre esta propuesta. Por cierto, las orientaciones generales de la iniciativa coinciden en gran medida con las propuestas que después ha lanzado DRY.

La idea básica que hay detrás de la reforma es que se pueden cuadrar las cuentas del Estado basándose fundamentalmente en el incremento de ingresos, y no en el recorte de gastos. Esta opción se refuerza apelando a los datos que muestran que tanto el gasto social como la presión fiscal en España son inferiores a la medida de la UE-15. A grandes rasgos, se propusieron las siguientes medidas:

    1. Incrementar los tipos de gravamen marginales en el IRPF: el tipo de gravamen de la renta general llegaría al 50% (era del 43% cuando se propuso la reforma, y del 45% en la actualidad) y en la renta del ahorro se introduciría un nuevo tramo del 24% sobre bases imponibles superiores a 12.000 euros (ahora mismo hay dos tipos, del 19 y 21%).
    2. Derogar por completo el régimen de impatriados (conocido como “Ley Beckham”) que desde 2010 no se aplica a rentas superiores a 600.000 euros (fruto de una enmienda en la Ley de Presupuestos introducida a instancias de los mismos partidos que presentaron esta proposición de Ley).
    3. Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento de 1.000.000 euros (recuperación que acaba de hacer el Gobierno, con un mínimo exento de, finalmente, 700.000 euros).
    4. Incrementar el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades hasta el 35% para las empresas cuya base imponible sea superior a 100 millones de euros (en la actualidad, el tipo aplicable a estas entidades es el 30%, el ordinario).
    5. Desactivar el uso fraudulento de las SICAV al no permitir que un inversor tenga más del 5% del capital. Actualmente, estas sociedades son una forma de poner el dinero a buen recaudo por parte de una única persona, que posee el 99% del capital, y al que se suman 99 testaferros cuya única razón de ser es cumplir el mínimo de 100 inversores que la Ley exige.
    6. Tres medidas contra la especulación: a) las ganancias y pérdidas patrimoniales (la ganancia o pérdida de valor de un bien o derecho cuando se vende, en comparación con cuando se compra) sólo tributarán como renta del ahorro cuando hayan pasado al menos dos años entre la compra y la posterior venta. Cuando hayan pasado menos de dos años, se tratarán como renta general. Esta era la regla vigente antes de 2006, pero entonces se eliminó el requisito de los dos años, que por cierto es relativamente común en la normativa tributaria de la UE. b) Prohibición de las ventas en corto al descubierto, como hicieron algunos Estados en verano con carácter transitorio. c) Creación de un tributo sobre los beneficios obtenidos en las operaciones bursátiles cuando la compra y venta del activos se realice en el mismo día.
    7. Reforzar la lucha contra el fraude. Para ello, la proposición de Ley dirigía una serie de mandatos a diferentes instituciones del Estado u otros organismos. Preveía, por ejemplo, realizar a través del Instituto de Estudios Fiscales un estudio bienal sobre la economía sumergida, mejorar la coordinación entre las administraciones tributarias autonómicas y la del Estado central o actuar contra el uso de paraísos fiscales.

Dice Buenaventura Puig – de ERC – en su intervención que “los grupos mayoritarios de la Cámara habitualmente rehúyen por sistema el debate fiscal”. Ahora que parece que este debate está empezando a salir a la calle, vamos a intentar poner un granito de arena. A medida que se vayan conociendo los programas electorales de los partidos políticos para el 20-N, iremos analizando sus propuestas. Como dicen los diputados que intervienen en el debate, lo que pretendía ser una propuesta para revisar la orientación del sistema tributario español se ha convertido (por la tardanza en tramitarlo) en una reforma que, en cualquier caso, no daría tiempo a tramitar. Se ha insertado de lleno, por el contrario, en el debate sobre la fiscalidad que está surgiendo en esta precampaña. Es un tema fundamental, porque cuadrar las cuentas del Estado podrá ser matemáticas, pero elegir por dónde hacerlo sí es lucha de clases.


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