Progresividad en el IRPF: teoría y práctica

“Teoría y práctica” es un poema de Mario Benedetti. Son también dos aspectos de la realidad muchas veces divorciados. Precisamente hoy querría hablar de un principio tributario presente en la Constitución (hablo de la constitución española, pero casi todos lo tienen) pero no tanto en la práctica (hablo de la práctica española… pero casi nadie lo tiene). Teoría y práctica. O, por enlazar con otro poeta, La realidad y el deseo.

progresividad

Como dijo Valle-Inclán, “las imágenes más bellas, en un espejo cóncavo, son absurdas” (la autoría de la imagen es de Alpsdake, que la ha cedido al dominio público).

La progresividad es un principio tributario que quiere decir que quien tiene más (capacidad económica, que se expresa a través de la obtención de renta, la capacidad de consumo, la tenencia de patrimonio…) debe pagar un porcentaje mayor de su riqueza para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

La puesta en práctica de este principio se basa en la configuración del tipo de gravamen, que es el porcentaje de la base liquidable que debe pagarse (y esta base es, a su vez, la expresión numérica de la riqueza que se quiere gravar).

Por ejemplo, el IVA es un impuesto que grava el consumo, cuya base imponible es el valor de los bienes que se transmiten o los servicios que se prestan. El tipo de gravamen es la parte del precio que el empresario va a ingresar en Hacienda, y que nos cobra a nosotros al incluirlo en el precio final. Pues bien, el IVA es un impuesto proporcional. Quien más consume paga más, pero no un porcentaje mayor. Simplemente, paga más porque gasta más, y lo que paga es un porcentaje (fijo) de lo que gasta. Es decir, si yo gasto 1.000 euros, pago 180 en concepto de IVA. Si gasto 10.000 euros, pago 1.800 euros (suponiendo que apliquemos el tipo ordinario, del 18%).

En cambio, en los impuestos progresivos, lo que se aplica no es un tipo fijo, sino una tarifa o escala. La base se divide en tramos, que son como peldaños de una escalera: a cada tramo se aplica un tipo mayor que al tramo anterior. La última modificación de la escala vigente se hizo en la Ley de Presupuestos para 2011. Lo que allí se recoge es el llamado “tramo estatal”: los ingresos del IRPF se reparten por mitad entre el Estado central y la Comunidad Autónoma donde resida el contribuyente, por lo que la carga fiscal definitiva depende de la escala que apruebe, para la otra mitad de las rentas, cada legislador autonómico. Suponiendo que el tramo autonómico sea equivalente al estatal, el resultado sería el que sigue:

Base liquidable

Hasta euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20

0
2.124,86
4.266,86
8.040,86
22.358,36
34.733,36

17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
En adelante

24
28
37
43
45
47

Es decir: los primeros 17.707,20 euros de renta de un sujeto pagan el 24% de impuesto; los 15.300 siguientes, el 28%; los 20.400 siguientes, al 37% … y así sucesivamente. Por ejemplo, si tengo un sueldo de 20.000 euros anuales, los 17.707,20 euros iniciales tributan al 24%, y los 2.292,80 restantes, al 28%.

Obviamente, todo esto es más complejo, porque hay una serie de ingresos que no tributan, porque existan exenciones o porque se aplique el mínimo personal y familiar, que es un mecanismo para evitar gravar la renta mínima que toda persona necesita para su subsistencia y la de su familia. Pero quedémonos con el funcionamiento básico.

El principio de progresividad se pone en práctica a través, fundamentalmente, del IRPF. El Tribunal Constitucional ha afirmado que este impuesto “constituye uno de los pilares estructurales de nuestro sistema Tributario” y donde los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad “encuentran su más adecuada proyección”. Y añade: “Es por ello que este impuesto es el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad que la Constitución propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho, dada su generalidad”.

Bien, hasta aquí la teoría. Veamos la práctica.

Desde 1996/1998, en España existe un impuesto dual sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que la base imponible se divide en dos: la base imponible general y la base imponible del ahorro. A grandes rasgos, la renta general son los rendimientos del trabajo (salarios, pensiones…), los rendimientos de actividades económicas (es decir, las rentas obtenidas por empresarios o profesionales que actúen como personas físicas, no a través de empresas), las rentas derivadas del alquiler de bienes, de la explotación de derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen, etcétera.

Por su parte, las rentas del ahorro son, fundamentalmente, las derivadas de actividades financieras (beneficios por la participación en los fondos de una entidad, como los dividendos entregados a los accionistas; los intereses de los préstamos, etcétera) así como las plusvalías generadas a lo largo del tiempo. El concepto de “renta del ahorro”, como explica el documento de DRY sobre el Pacto del Euro (págs. 25 y 26), es engañoso: sería más adecuado denominarlas “rentas de beneficio” o “rentas de plusvalía”. O en algunos casos, como decía un profesor de mi Departamento, “rentas especulativas”.

Hecha esta diferenciación, ahora viene lo gordo: la escala se aplica sólo a la renta general. A las rentas del beneficio/plusvalía/”ahorro” se aplica una escala mucho más liviana: los primeros 6.000 euros tributan al 19% y a partir de esa cantidad, al 21%.

Por su propia naturaleza, las personas con rentas más elevadas reciben una mayor proporción de renta bajo la forma de beneficios o plusvalías. El gráfico de abajo lo muestra con claridad: ha sido realizado por DRY sobre datos de la Agencia Tributaria (datos que se pueden encontrar en la página 111 de la Memoria de la Agencia de 2008, la última publicada). La memoria de la AEAT clasifica las rentas según su naturaleza, DRY lo hace según pertenezcan a la renta general o la del “ahorro”/beneficio:

Reparto de la renta entre general y del beneficio atendiendo a la riqueza
Como vemos, las personas con rentas más elevadas tienen un porcentaje mucho mayor de rentas del beneficio, que supera la mitad para aquellas personas que superan los 600.000 euros. Como la renta general tributa a tipos mucho más elevados, y como los más ricos tienen un porcentaje mayor de rentas del beneficio… sucede que, en el IRPF, no paga más quien más tiene. Llega un momento en que a medida que aumenta la riqueza del contribuyente, paga un porcentaje menor de su renta.

Este gráfico, realizado por la propia Agencia Tributaria, lo pone de manifiesto:

Tipos medio y efectivo (referencia: base liquidable)
Estos datos son de cuando la renta general tributaba entre el 24% y el 43% y la del beneficio al tipo fijo del 18%. Como ya advertí, los tipos vigentes son de entre el 24% y el 47% (aproximadamente) para la renta general y entre el 19 y el 21% para la del beneficio. En cualquier caso, los resultados no serían muy diferentes en la actualidad.

Puede verse que el tipo medio más elevado se alcanza para las rentas de 144.000 a 192.000 euros anuales, y que comienza a descender a partir de ese momento. Y que a partir de cierto momento cae en picado, de forma que una persona que ingrese 60.000 euros anuales y una persona que ingrese diez veces más, 600.000 euros, pagan un porcentaje casi equivalente de su renta (para el tramo de 60.000 a 66.600 euros, el tipo efectivo es el 25,3%; y para 600.000 euros, es del 25,2%, incluso un poco menos).

Un último dato: no sólo los diferentes tipos de gravamen, al aplicarse sobre distintas composiciones de la renta, dan un resultado regresivo. También es el caso de determinados beneficios fiscales. Por ejemplo, existen reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

Me explico. Una reducción permite restar ciertas cantidades, gastadas para un fin determinado, a la renta obtenida y antes de aplicar la tarifa. Hablamos de “base imponible” antes de aplicar las reducciones y de “base liquidable” una vez aplicadas (y es a la base liquidable a la que ya se aplica la tarifa o escala). La reducción a que hago referencia es la principal entre las que contiene la Ley del IRPF, y permite restar una serie de aportaciones a planes de pensiones e instrumentos similares. Como dice la Memoria de la AEAT de 2008, si tomamos como referencia la base imponible y no la liquidable (en la gráfica anterior partimos de esta segunda), “se obtienen indicadores que incluyen los efectos de los incentivos fiscales que actúan precisamente sobre la base imponible” (el principal, esta reducción sobre aportaciones a sistemas de previsión social). Pues miren:


Esto significa no sólo que la regresividad del sistema se mantiene lo miremos por donde la miremos (los que ingresan más de 600.000 euros pagan el mismo porcentaje de su renta, un 25% efectivo, que los que ingresan entre 66.000 y 72.000 euros), sino que estamos gastando dinero público en fomentar los planes privados de pensiones (al tiempo que nos dicen que las pensiones públicas no son sostenibles, pese a que la Seguridad Social tenga superávit). Pero, centrándonos estrictamente en el principio de progresividad, la conclusión es que… ¡el tributo que tendría que garantizar la progresividad del sistema fiscal entendido como un todo es regresivo!

En suma, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El sistema tributario español es regresivo. Las personas más ricas no están obligadas a contribuir al sostenimiento de los gastos comunes en consonancia con su riqueza. Y el artículo 31 de la Constitución es, simple y llanamente, papel mojado. ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo?


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