¿Deben votar los extranjeros en España?

No es lo mismo un hombre que un ciudadano.Ya en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se declaró que son los ciudadanos los que tienen derecho a participar en la formación de la Ley, sea directamente o a través de sus representantes. Es decir, el derecho el derecho a sufragio activo (votar) y pasivo (presentarse como candidato y ser votado) sólo correspondía a estos ciudadanos. La teoría más extendida de los derechos humanos afirma que todas las personas, en tanto que poseedoras de una dignidad, tienen una serie de prerrogativas. Otros derechos, sin embargo, se limitan a una serie de colectivos. ¿Cuáles? Depende de las luchas sociales y la correlación de fuerzas entre clases. El derecho al voto, desde el sufragio censitario del siglo XVIII, ha incluido a no propietarios, a personas de cualquier raza, a analfabetos, a mujeres. En la actualidad, tal vez sea la extensión de este derecho a los extranjeros residentes la cuestión más candente.

Afirmábamos la diferecia entre persona y ciudadano; añadimos que aún se mantiene esta diferenciación. La Constitución Española diferencia entre aquellos derechos que tienen todas las personas y aquellos que sólo corresponden a los españoles. Por ejemplo, sólo a los españoles se reconoce, con carácter general, el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, y a entrar y salir libremente de España (artículo 19). Los extranjeros sólo tendrán este derecho “en los términos que establezcan los Tratados y la Ley” (artículo 13).

Lo mismo sucede con el derecho a sufragio activo y pasivo en el artículo 23. Este derecho se reconoce a “los ciudadanos”, lo que recuerda a la Declaración francesa. ¿Quiénes son “ciudadanos”? La respuesta está en el apartado segundo del artículo 13 de la Constitución, que es el único de todo el texto que ha sido objeto de alguna modificación en sus más de 30 años de vigencia. Afirma este artículo que

“Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

La reforma constitucional se produjo el 27 de agosto de 1992 para permitir que los ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea pudieran votar en las elecciones municipales, tal y como preveía el Tratado de Maastricht. Muchísimo más tarde, en febrero de 2006, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley de Izquierda Unida para promover el derecho al voto de los inmigrantes. En 2009, el Gobierno firmó 15 acuerdos en este sentido, con Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, República de Corea, Islandia y Nueva Zelanda.

El derecho de sufragio que se reconoce a los extranjeros está limitado. En primer lugar, se sujeta a un principio de reciprocidad, de ahí la necesidad de firmar convenios como los referidos. En muchos de ellos, por cierto, sólo se reconoce el derecho al sufragio activo, pero no la posibilidad de que un inmigrante se presente como candidato a concejal. Esa posibilidad no existe en los acuerdos recientemente publicados en el BOE, con Ecuador y Nueva Zelanda. En segundo lugar, este sufragio activo se limita a las elecciones locales. ¿Cuál es el motivo? Normalmente se considera que la mayor cercanía del gobierno local con los ciudadanos hace que la participación en estas elecciones favorezca más la integración de los inmigrantes, que es uno de los objetivos que se busca con este reconocimiento. También está relacionado con la diferenciación entre derechos humanos y derechos ciudadanos. Como afirma Ramiro Avilés (en “El derecho al sufragio activo y pasivo de los inmigrantes, una utopía para el siglo XXI”),

“Es cierto que la nómina de los derechos de los hombres ha ido aumentando progresivamente y que la de los derechos asociados a la ciudadanía ha ido adelgazando pero mantiene un núcleo duro, resistente […]. Ese núcleo duro lo constituye el criterio de la nacionalidad”.

Criterio que se refuerza cuando se habla de elecciones generales, las destinadas a determinar el rumbo de un Estado. Aún pesa mucho la idea de Estado-nación… pero no debe obviarse que los procesos de globalización están erosionando y cuestionando cada vez más esta idea. Si España fuera un barco, podríamos decir que los inmigrantes son trabajadores que contribuyen a poner en marcha y mantener sus motores; pero a los que no se les permite acceder a la cabina de mando, tomar parte para decidir su rumbo. Se trata, simple y llanamente, de un caso contemporáneo de taxation without representation. En las últimas elecciones municipales, de mayo de 2007, 1.958.091 personas, con papeles, empadronadas y que contribuyen a los gastos del Estado quedaron excluidas de participar porque no eran “ciudadanos”.

¿Existen motivos reales para negar a los extranjeros que residan establemente en España (pongamos, como consta en el acuerdo con Ecuador, personas con residencia permanente, permiso que normalmente se consigue tras residir regularmente durante cinco años) el derecho de sufragio en toda su extensión? Es decir, activo y pasivo, en elecciones locales, autonómicas y generales, sin condición de reciprocidad. ¿Hasta dónde debemos llegar?

¿Es posible extender totalmente el derecho de sufragio? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? Un editorial de La Vanguardia de 2006 jugaba a la catástrofe al afirmar que “jugamos con fuego si entre los nativos se extiende la sensación de que pierden el control de sus propias ciudades”. El artículo Uno. 1 del Acuerdo firmado con Nueva Zelanda, de hecho, reconoce “a los nacionales del Reino de España el ejercicio del derecho de voto en las elecciones generales y locales en Nueva Zelanda”. ¿Qué debería hacerse? ¿Están demasiado enraizados los conceptos de “ciudadano” y de “extranjero” como para acometer una reforma de tal calibre sin crear recelos y conflictos? ¿Será, por el contrario, la exclusión de los inmigrantes del derecho de sufragio -y por tanto la negación de la posibilidad de integrarse plenamente- lo que acabe por crear la temida conflictividad social?


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