El impuesto Tobin ya no es cosa de los “antisistema”

La “tasa Tobin” es un instrumento tributario propuesto por primera vez en 1972 por el economista keynesiano James Tobin (Premio Nobel en 1981), con el que se pretendía evitar los efectos de la liberalización de la convertibilidad de las monedas, tras abandonar Estados Unidos el sistema acordado en Bretton Woods de tipos de cambio fijos en relación a un patrón oro. En palabras de James Tobin, cuando Estados Unidos se despidió de dicho sistema y, al mismo tiempo, las primeras transacciones electrónicas de dinero por ordenador prometían un gigantesco aumento del número de transacciones, buscó la forma de aminorar la velocidad de este proceso para que se especulara menos y para que los tipos de cambio no fluctuaran tanto (entrevista en Der Spiegel, 31/2001, traducción al castellano aquí).

Con el tiempo, la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras se convirtió en un caballo de batalla del movimiento alterglobalizacación y encontró la oposicíón frontal del Fondo Monetario Internacional y, en general, del pensamiento neoliberal. En Bruselas, el establecimiento de un impuesto de este tipo era “tabú” en 2008. Y sin embargo, el pasado 11 de diciembre de 2009, los jefes de Estado y Gobierno europeos firmaron una declaración que “anima al FMI a considerar […] una tasa mundial sobre transacciones financieras”. ¿Qué ha cambiado? El desastre de la crisis financiera, el coste del rescate de las instituciones bancarias y lo escandaloso de -pese a todo- las retribuciones de los altos empresarios, muestran la necesidad de “renovar el contrato económico y social entre las entidades financieras y la sociedad a la que sirven”. Es decir, reformar -¿o maquillar?- el sistema.

La idea inicial de Tobin era muy sencilla en su planteamiento: aplicar un pequeño impuesto (y no una tasa: se habla de tasa por traducción errónea del inglés “tax”, pero por sus características se trata de un impuesto) sobre cada cambio de una moneda a otra. De esta manera se disuadiría a los especuladores, que invierten dinero en divisas a muy corto plazo con el único objetivo de obtener un beneficio de las fluctuaciones en su precio. Corrientes especulativas han sido el origen de muchas de las crisis económicas desde la década de los noventa. Por ejemplo, fueron una de las principales causas de la crisis financiera de 1997 en el sudeste asiático, por la creación de burbujas financieras que terminaron por estallar.

La expansión del impuesto Tobin procede en gran medida de un editorial de Ignacio Ramonet, “Desarmar a los mercados financieros”, donde el director de Le Monde Diplomatique (precisamente reflexionando sobre la crisis asiática) proponía tres medidas para mermar el poder de los agentes financieros: suprimir los refugios fiscales (“paraíso fiscal” es, como “tasa Tobin”, otra traducción errónea del ingles tax haven), aumentar la fiscalidad en las rentas de capital y aplicar algún tributo sobre las transacciones financieras. El propio artículo proponía la creación, para promover este último objetivo, de una organización no gubernamental Acción por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), fundada en 1998 (y que, aunque mantiene las siglas, se denomina actualmente -en castellano- Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras especulativas y la Acción Ciudadana). James Tobin, por cierto, siempre ha renegado de la vinculación de su nombre con los movimientos alterglobalización (con frases como “El movimiento antiglobalización abusa de mi nombre” o “No tengo ni lo más mínimo en común con estos revoltosos”). Aunque es cierto que es este movimiento el principal que ha mantenido viva la idea, el apoyo recibido ha ido siempre más allá. Diversos Parlamentos estatales se han pronunciado a favor de un impuesto de este tipo: Canadá o Finlandia son dos ejemplos. En Francia, la Ley de finanzas de 2002 introdujo un impuesto sobre las transacciones financieras, que entrará en vigor cuando exista un tributo similar en el resto de países de la Unión Europea. Lo mismo hizo Bélgica en 2004 (y, en relación con dicho país, es de destacar la figura de Paul Bernd Spahn y los estudios que ha realizado sobre un impuesto de este tipo).

Desde la propuesta inicial de Tobin, su idea ha ido evolucionando. En su concepción original, el hecho imponible del impuesto (aquellas operaciones que grava) hubieran sido, exclusivamente, los cambios de moneda. En las propuestas más recientes (incluida la del Consejo Europeo) se hace referencia a las “transacciones financieras” en general, por lo que se abarca una gama más amplia de productos financieros, de acuerdo con los cambios que han experimentado los mercados de capitales. El tipo de gravamen que se contempla oscila normalmente entre el 0’1 y el 1 por 100. Es tan bajo porque el objetivo es que sólo afecte de manera perceptible a los operaciones mertamente especulativas, que se caracterizan por realizarse en poco espacio de tiempo. El único margen de beneficio sería la variación del valor del objeto adquirido (por ejemplo, la moneda) durante ese tiempo, beneficio que el impuesto intenta neutralizar.

Podemos tomar como ejemplo el artículo 986 del Code Général des Impôts de Francia, introducido por el artículo 53 bis de la Ley de Finanzas para 2002. Si analizamos sus elementos configuradores, encontramos que:

  • El hecho imponible serán las operaciones sobre divisas, sea al contado o a término. Para terminar de configurarlo, atendiendo al objetivo que tiene el impuesto -que no es otro que desincentivar la especulación- se establecen una serie de exenciones (supuestos donde, aunque se realiza el hecho imponible, no se exige el impuesto) y que son: las adquisiciones y entregas intracomunitarias, las exportaciones o importaciones efectivas de bienes y servicios, las inversiones directas y las operaciones de cambio realizadas por parte de personas físicas con un importe inferior a 75.000 euros. Junto a estas exenciones objetivas -en función de la operación- existen otras subjetivas: ni el Banco de Francia ni el Tesoro público deberán pagar el impuesto.
  • Los sujetos pasivos del impuesto (los obligados a su pago) serán, entre otros, los establecimientos de crédito, las empresas de inversión y las personas que se dediquen con carácter habitual al cambio de moneda.
  • El tipo impositivo se fijará por decreto en el Consejo de Estado, con el límite máximo del 0’1 por 100 del monto de las transacciones gravadas.

Hemos dicho que el 11 de diciembre de 2009 el Consejo Europeo declaró su apoyo a la creación de un impuesto sobre las transacciones de este tipo. La primera vez que en la Unión Europea se planteó el debate fue casi una década antes: cuando, en enero de 2000, el Parlamento Europeo rechazó por un estrecho margen solicitar a la Comisión la elaboración de un informe sobre la viabilidad del impuesto. Poco después, el Ecofin mostró también su interés en este asunto. En 2002, la valoración de la Comisión se hizo pública en su Comunicación “Respuestas a los desafíos de la mundialización: Estudio sobre el sistema financiero y monetario internacional y la financiación del desarrollo”.

Las causas por las cuales las instituciones comunitarias venían rechazando la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras eran dos. La primera, que el sistema funcionaba (afirmó el Ecofin que “comparte el punto de vista expresado por la Comisión en el informe de que, en general, el sistema financiero internacional ha funcionado bien estos cincuenta últimos años y que recientemente se ha demostrado su capacidad de recuperación”). La segunda, que un mecanismo de este tipo no sería eficaz. Según la Comisión,

aunque como fuente de ingresos adicionales podría parecer atrayente un impuesto sobre las transacciones cambiarias, su viabilidad no se ha demostrado. Se han presentado varias propuestas, pero incluso si se aplican en el marco del sistema de pagos, habrán de resolverse cuestiones tales como la aplicación del impuesto y el mantenimiento de la base del impuesto. Para poder ser sostenible, dicho impuesto requeriría muy probablemente un enfoque multilateral, y sería necesaria su aplicación en los grandes centros financieros internacionales.

En 2005, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el Comisario de Comerio, Peter Maldenson, afirmaba que “la Comisión no está estudiando alternativas, como por ejemplo la consabida tasa Tobin, que es una propuesta muy controvertida a la que muchos se oponen”.

El debate se ha reabierto en agosto de 2009. Adair Turner, máximo regulador financiero británico, propuso un impuesto sobre las transacciones financieras para disuadir aquellas actividades que calificó de “socialmente inútiles”; la idea fue bien acogida por el Primer Ministro, Gordon Brown, que la llevó a la reunión del G-20 de Pittsburgh. Ha recibido otros apoyos en Europa (de los Presidentes de Francia y Alemania, por ejemplo) pero Estados Unidos se está oponiendo a la medida. Esto se se muestra como un grave obstáculo para el éxito del impuesto, porque se afirma -lo hacía, como hemos visto, la Comisión Europea- que debería al menos afectar a los principales centros financieros. En 1998, la mitad del mercado se repartía entre Londres, con un 32%, y Nueva York, con un 18% (ese año, ocho plazas reunieron el 82% de las operaciones mundiales: Londres, Nueva York, Tokyo, Singapur, Francfort, País, Hong-Kong y Zurich). Intuitivamente, la implementación unilateral no me parece tan terrible, si el tipo de gravamen no afecta perceptiblemente a la rentabilidad de las operaciones reales y sólo se ahuyentan operaciones especulativas. Pero soy lego en economía.

Sí puedo decir que ningún país de la Unión Europea podría implantarlo unilateralmente, pero en este caso por una razón jurídica. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe “todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concibe los tributos como restricciones a la libertad de circulación de capitales (y demás libertades fundamentales económicas), dado que hacen menos atractivo su ejercicio, al aumentar los costes que deberán afrontarse. De acuerdo con ello, el artículo aplicable sería el 64.3 del Tratado: “sólo el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá establecer medidas que supongan un retroceso en el Derecho de la Unión respecto de la liberalización de los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos”. La unanimidad (que no se exigiría si la medida supusiera una mayor liberalización) es especialmente problemática, dado que los Estados han sido siempre muy reticentes a armonizar sus sistemas tributarios; aunque cierto es que se trataría, esta vez, de crear un tributo desde cero.

Si este impuesto se llegara a implantar en el futuro, ahora sólo se estarían dando los primerísimos pasos para ello. Según el Comisario de Fiscalidad, László Kovács, la Comisión está dedicándose a valorar la posibilidad de su aplicación, a instancias del Consejo Europeo; que, como decimos, ha propuesto recientemente su estudio al FMI. Tanto análisis de la viabilidad de la medida hace desconfiar, al recordar a la famosa frase de Napoleón: si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité. Será necesario estar atentos al curso de los trabajos en la Unión Europea -la Comisión, además, siempre se ha mostrado reacia a que se adopte una medida de este tipo, y ostenta el monopolio de la iniciativa legislativa en la Unión-, así como a las próximas reacciones en Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional. En todo caso, el hecho de que el impuesto Tobin -esa idea que por un tiempo sólo enarboló el movimiento alterglobalización- se debata al más alto nivel político hace pensar en cuántas más cosas tendría(mos) razón los críticos de esta globalización asimétrica. Y en cuál será el próximo gran descubrimiento de los gobernantes europeos, después de revelarnos los sorprendentes efectos negativos sobre las economías nacionales de la especulación masiva y desregulada.

Actualización: la Comisión Europea presentó un proyecto de Directiva para un impuesto sobre las transacciones financieras el 28 de septiembre de 2011. Más información aquí.


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4 pensamientos en “El impuesto Tobin ya no es cosa de los “antisistema”

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